El 18 y 19 de agosto se realizará un evento de arbitraje internacional en Bogotá, promovido por la Embajada de Estados Unidos en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá y otras agremiaciones. Allí participarán las altas cortes, la Procuraduría General de la Nación, algunos funcionarios del Gobierno de EE. UU., un juez de dicho país y un grupo de expertos nacionales y latinoamericanos.
Para abordar esta iniciativa, se estructuró una agenda que identificará algunas de las áreas más controvertidas o neurálgicas del arbitraje en Colombia. Estas, en general, reflejan el estado actual de mediación frente a las controversias entre los inversionistas y las entidades públicas. De este modo, se crearon espacios de discusión sobre la impugnación de laudos arbitrales mediante acciones de tutela, alcances del arbitraje en los acuerdos de estabilidad jurídica, la defensa del patrimonio público en los procesos arbitrales, y la incorporación de realidades y tendencias del arbitraje provenientes de varios países de la región, entre otros.
En la comunidad empresarial, son relativamente conocidas las críticas y discusiones referentes a la situación del arbitraje en Colombia entre inversionistas y entidades públicas. Sin embargo, involucrar a los principales actores de la discusión, en un escenario de debate público y abierto, no había sido del todo posible.
Entretanto, el Gobierno Nacional ha venido adelantando una política estatal de negociación de tratados bilaterales y multilaterales de promoción a las inversiones. Estos tratados, como es bien sabido, contienen capítulos de protección a las inversiones y disposiciones que les permiten a los inversionistas extranjeros acudir directamente a tribunales de arbitramento internacional, para resolver allí las diferencias que surjan con el Estado colombiano respecto de las inversiones protegidas por tratados vigentes.
Dicha 'internacionalización' de los conflictos es uno de los efectos importantes de estos acuerdos. Colombia aún no ha experimentado esta situación. Sin embargo, otros países de la región, como Argentina, Bolivia y Ecuador se han visto expuestos a este tipo de reclamaciones debido a actos estatales que, a juicio de los inversionistas, han violado los compromisos previstos en los tratados suscritos.
Estos casos reflejan distintas tensiones. Una de ellas, quizás la más importante, plantea alcanzar un sano equilibrio entre el deber de los Estados de proteger los intereses públicos y el derecho de los inversionistas a elevar reclamaciones cuando las medidas estatales afectan las bases o expectativas de sus inversiones protegidas. El arbitraje internacional ha estado en el eje de esta delicada discusión, pues los tribunales arbitrales extranjeros, a la larga, terminan revisando el cumplimiento de los tratados a la luz de las medidas de política pública adoptadas por los Estados.
El nuevo escenario de 'internacionalización' de controversias exige que todos los sectores involucrados conozcan algunos riesgos, oportunidades y cambios inevitables que los tratados de inversión generarán en el país. Es factible que las líneas conceptuales, trazadas por las altas cortes colombianas frente al arbitraje local, pierdan cierta eficacia ante la 'internacionalización' de las controversias con los inversionistas extranjeros. Esto a su vez, denota la necesidad de un diálogo abierto entre el Gobierno, la rama judicial, los entes de control y el público en general, acerca de los alcances de la nueva realidad que se avecina y la manera de afrontarla.
Quizás el evento programado para los próximos días contribuya a contrastar nuestra realidad institucional con los retos planteados por una nueva política estatal de protección a las inversiones. Este ejercicio, unido al conocimiento de las experiencias regionales en materia de solución de controversias inversionista-Estado, nos dará la oportunidad de enriquecer el conocimiento de estos tratados, para así alcanzar conclusiones fructíferas y duraderas.
