Ante la Corte Federal de Washington, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, ha venido revelando cómo el narcotráfico blanquea sus capitales ilícitos a través de la venta de cientos de onzas de oro que pasan por el Banco de la República sin levantar sospecha.
Según explicó en varias audiencias -que se iniciaron en enero del 2009- el metal es comprado en Panamá y un grupo de lavadores de la mafia lo ingresa a Colombia para fundirlo y entregarlo -dosificado-, a un ejército de alcaldes.
Estos se encargan de llevarlo al Emisor, reportarlo como explotación local y cobrar millonarias regalías estatales.
Mancuso aseguró que algunos lavadores se quedan hasta con el 70 por ciento de las regalías que gira el Gobierno y el resto, se lo roban los alcaldes.
Y ya dio nombres de municipios que han estado involucrados en este negocio, en el que las Auc también obtuvieron una jugosa tajada: Ayapel, Buenavista, Montelíbano, Planeta Rica (Córdoba) y otros tantos, ubicados en el rico Bajo Cauca antioqueño.
Tan solo dos de estas poblaciones (Buenavista y Planeta Rica) recibieron más de 2.700 millones de pesos de regalías en la época en la que Mancuso admite haber intervenido en el negocio entre lavadores y alcaldes.
Esa técnica de blanqueo no estaba tan clara en el radar de EE. UU. Por eso, esta semana, ese Gobierno envió a Colombia al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Adam Szubin, para buscar mecanismos que permitan establecer -con autoridades locales-, qué porcentaje de los 1,57 millones de onzas que Colombia puede producir en un año, provienen de esa minería ficticia.
El narcomapa
También se pretende establecer cómo la extracción real de oro está siendo igualmente usada para el blanqueo y para el financiamiento de estructuras criminales y empresas mafiosas.
EL TIEMPO accedió a informes confidenciales de la Fiscalía y de la Policía en los que se asegura que gente del capo Daniel 'el Loco' Barrera tiene influencia en 13 municipios auríferos en donde explota el metal con más de 500 retroexcavadoras.
"'El Loco' trabaja en conjunto con alias 'el Gato', miembro de las Farc, organización que controla un sector de la minería artesanal en la zona aurífera de los municipios de Vetas y California (Santander), y en Zaragoza (Valle), a través del frente 30", dice uno de los documentos. Y también hay evidencia de que la banda criminal 'Águilas Negras', nutre sus finanzas con el oro que extrae en el sitio Alto del Buey, jurisdicción del parque Nacional Los Farallones.
Hay inspecciones oculares que prueban el ilícito y que han sido enviadas por el Ministerio Público a la Brigada 13, a Ingeominas y al alcalde de Cali, Iván Ospina, sin obtener aún respuesta.
Incluso, Jorge Enrique Carvajal Gaviria, contratista de Los Farallones, recibió amenazas de muerte tras alertar sobre lo que ocurre en ese parque.
Esa misma banda es la que operaba las 27 famosas dragas ilegales -tasadas en 10 mil millones de pesos- que la Fiscalía incautó hace un año en el río Atrato y que hoy se están pudriendo y hundiendo frente a la Gobernación del Chocó.
Sin embargo, el poder más grande sobre la minería legal e ilegal lo ejercen, en el sur de Bolívar, los 'herederos' de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco' y de Rodrigo Pérez Alzate, 'Julián Bolívar'.
Hay evidencia de que reactivaron su dominio en ese sector en donde ya habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos, al servicio de la empresa minera Grifos, de la que era socia la esposa de 'Macaco' (ver. 'El drama de Pueblito Mejía').
Algo similar pasa en las comunidades indígenas de Danta, Zamuro, Venado, Chorro Bocón y Zancudo (Guainía), en donde el DAS verifica si varias de las dragas que están explotando oro ilegalmente pertenecen a tres mandatarios locales.
Otra de las verificaciones, solicitada por EE.UU., es la de las cifras de producción y la legalidad de la sesión de los registros mineros que hizo Jairo Rendón Herrera -hermano de alias 'don Mario' y de 'el Alemán'- antes de someterse a la justicia de ese país. El resultado de la indagación será enviado a la jueza Loretta Preka, quien está pendiente de imponerle una condena.
Por ahora, lo que pretende el Departamento del Tesoro es que Colombia tome medidas ya para que esta modalidad de lavado no eche abajo el trabajo realizado en el control del blanqueo de activos.
En seis meses, habrá una nueva visita para evaluar resultados.
El drama de Pueblito Mejía
La estructura que montaron Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', y Rodrigo Pérez, 'Julián Bolívar', para apoderarse de la producción y comercialización de oro en el sur de Bolívar, resucitó en manos de un puñado de sus lugartenientes.
El epicentro es Pueblito Mejía, un corregimiento del municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar, donde parte de las prósperas minas de oro, explotadas artesanalmente por campesinos, están bajo su dominio.
Los 'paras' llegaron al lugar en 1998, a través del bloque Central Bolívar, y reclutaron a parte de sus 1.500 habitantes para que trabajaran en los socavones: "Niños y mujeres embarazadas fueron casi esclavizados para la explotación de oro. No podían salir del lugar por más de 24 horas y tenían que llevar una especie de salvoconducto", dicen testimonios que reposan en la Unidad de Justicia y Paz.
Los mismos testigos asegura que los hombres del Central Bolívar les ofrecieron inicialmente el 20 por ciento de todo el producido, pero luego los obligaron a trabajar hasta 12 horas sin parar.
"Por persona, sacábamos 24 millones de pesos en oro al mes, pero solo nos pagaban 600.000 pesos", dice uno de los habitantes de Pueblito Mejía.
Y varios aseguran que 'Macaco' obtenía hasta 600 libras de oro mensuales: "Era tanto, que a veces llegaban cinco helicópteros para llevarse la producción", cuenta uno de los testigos.
Según la Fiscalía, en esa época, como ahora, nadie denuncia por miedo y los nuevos grupos de autodefensa se están financiando con esa producción.
Algunos mineros dicen que los 'paras' les están cobrando 'vacunas', para asegurarse el control de la zona.
'Hay prácticas oscuras en minería': Procuraduría
¿En qué sitios hay grupos ilegales explotando oro?
Los hemos detectado en el nordeste y el Bajo Cauca antioqueños; en el Valle, en Zaragoza y en Los Farallones; en el sur de Bolívar, y en Santander. Otra vez se están amparando en prácticas violentas.
¿Qué medidas se están tomando para frenarlos?
Les reportamos a las autoridades y les pedimos presencia en esas zonas. Alertamos al Ejército, a la Policía y a la Fiscalía.
¿Hay respuesta? ¿Qué ha pasado con las alertas en el caso de los Farallones?
En febrero alertamos al alcalde de Cali, Iván Ospina. Pero, tras cinco meses, no ha respondido. Estamos ad portas de rendir un informe disciplinario en su contra.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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