'Reparación de víctimas no debe superar los $ 20 millones': Eduardo Pizarro

'Reparación de víctimas no debe superar los $ 20 millones': Eduardo Pizarro

El presidente de la Comisión Nacional de Reparación asegura que el país tiene cerca de 3 millones de víctimas y que es necesario crear un modelo de reparación justo, digno y sostenible.

19 de julio 2010 , 12:00 a.m.

La polémica suscitada por la millonaria solicitud de Íngrid Betancourt prendió el debate sobre la capacidad del Estado de pagar indemnizaciones sin un 'dique de contención'. Gobierno propone unificar montos de reparación judicial con los administrativos.

Las millonarias demandas instauradas por ex secuestrados -que en sólo cuatro casos ocasionarían indemnizaciones superiores a los 21 mil millones de pesos- prendieron la alarma del Gobierno, que teme por el desbordamiento de la capacidad fiscal para cumplirles a las víctimas.

Además de la reparación judicial, EL TIEMPO estableció que varios ex secuestrados políticos aparecen entre las solicitudes de reparación administrativa en Acción Social: Íngrid Betancourt es la víctima 300.337 en lista de espera.

El presidente de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, asegura que el país tiene cerca de 3 millones de víctimas y que es necesario crear un modelo de reparación justo, digno y sostenible. Para ello, propone unificar los montos de reparación judicial a los que se entregan por vía administrativa, que en sus topes no superan los 20 millones de pesos.

¿La petición de Íngrid y de otros ex secuestrados, que también pidieron reparación, pone en riesgo al Estado?

La demanda no es contra el Estado, es contra los recursos de la Nación. El que paga es el patrimonio público, compuesto por los bienes de los ciudadanos. En un país donde hay tantas necesidades no se pueden destinar 15 mil millones a una familia.
Esos recursos pueden ser justamente utilizados en vías, educación y salud. Las víctimas tienen derecho a una reparación pero tiene que ser justa, viable y sostenible. Y no puede afectar la estabilidad del Estado.

¿Qué se puede hacer para cerrar ese boquete fiscal?


Estas demandas pueden tener un efecto perverso. Sólo las obtienen los que tienen la capacidad de pagar a buenos abogados y tramitar procesos penales. Las víctimas de clase media urbana van a obtener altos beneficios, mientras las víctimas más necesitadas, reparaciones modestas. La propuesta es que las víctimas puedan acceder a una de las dos reparaciones: la administrativa, cuyo máximo son los 40 salarios mínimos, o a la judicial. Pero que los topes sean iguales, para que podamos -a mediano plazo- lograr una indemnización y un reconocimiento económico a todas las víctimas.

¿Por qué sólo ahora se piensa en ajustar los montos?

La polémica por la petición de Íngrid Betancourt y de los otros secuestrados muestra los riesgos de la reparación por vía judicial sin diques de contención y creo que los colombianos, después de este campanazo, han recuperado una idea central: que las demandas no son contra el Estado sino contra el patrimonio público. Esa demanda puso en agenda pública el tema de la reparación como acto integral y no económico.

Parece que hubiera reparaciones de primera y de segunda...


El 90 por ciento de las víctimas son de estrato 1 ó 0, desplazadas de la violencia que viven en la miseria. Cuando hay un universo de más de 3 millones de víctimas (750 mil familias) y recursos escasos, se deben usar para producir un impacto colectivo en víctimas de crímenes atroces y de desplazamiento forzado. Pero si se usan esos recursos escasos para beneficiar a las personas que pueden acceder a la justicia, vamos a tener el 0,1 por ciento de las víctimas altamente beneficiadas y la mayoría sin que reciban recursos que puedan transformar su vida. El debate no es sólo en términos de la capacidad fiscal: también es de dignidad. La reparación no es un cheque sino un reconocimiento al daño y al dolor causados.

¿Qué pasa sino se ajustan?

Se piensa que los Estados no se quiebran y acaba de quebrar Grecia. Y Colombia tiene una muy débil defensa institucional. Como dijo el Contralor, hay demandas por varios billones de pesos. Es casi el presupuesto de un año de la República lo que está siendo objeto de demandas. Y el Estado pierde entre el 90 y 95 por ciento de los casos. Hay que ponerle límites a esa situación.
¿Es viable proponer topes?

Lo ideal sería que por consenso nacional, sobre lo que debe ser una política integral de reparación, se reúnan tres requisitos en la ley: que sea una reparación justa, es decir que sea un reconocimiento al daño causado; que sea viable, que haya capacidad institucional para implementarla, y sostenible. Son los tres requisitos que la ONU recomienda para los programas de reparación.

¿El tope son 20 millones?

El monto de reparación administrativa sería universal por cualquier vía. Pero por la justicia yo puedo obtener valores que no se obtienen por la administrativa que puede ser otro tipo de medidas.
Se prepara un documento Conpes -que debe ser aprobado por el próximo Gobierno, pero que ya fue aprobado en un pre Conpes- que contempla otras medidas distintas a la indemnización: de satisfacción, de memoria, de limpiar el nombre de quienes fueron asesinados acusados de ser terroristas, reconocimiento y dignificación, medidas de atención médica, sicosocial, restitución de bienes y garantías a la no repetición.

'Cortes internacionales respetan modelos de reparación'

¿Qué tan viable es ajustar los montos en instancias internacionales como la Corte Interamericana de DD. HH. que ha fallado demandas contra el Estado colombiano?

La Corte impone estas condenas como un mecanismo de presión para que los Estados diseñen proyectos de reparación vía administrativa. Países como Chile y Argentina cerraron la posibilidad de que los casos sean tramitados en Costa Rica. En Chile, tomaron la decisión de que no había un sólo peso y no hubo indemnización económica para nadie. Hubo, en cambio, otras medidas que le permitieron a las víctimas reconstruir sus proyectos de vida. Una víctima de estas fue a la CIDH y le respondieron: ese fue el modelo chileno lo respetamos. Una vez esté listo el modelo, la CIDH lo va a respetar pero necesitamos incorporar un plan de reparación para víctimas de agentes del Estado para poder culminar la universalidad.

Después de que el Gobierno se opuso a que las víctimas del Estado entraran en la reparación administrativa, ¿qué alternativa tendrían estas víctimas?

El tema es complejo porque en casos como Chile y Argentina, que eran dictaduras militares, todas las acciones del Estado eran ilegales, entonces no se requería una sentencia judicial para condenar a los responsables. En Colombia el problema es que no hay una dictadura militar y hay acciones del Estado ilegales como los 'falsos positivos' y hay legales como los combates contra la guerrilla o grupos criminales. Si yo declaro que una persona que fue objeto de acciones punitivas de la Fuerza Pública como víctima, estoy diciendo que fue un acto ilegal. Pero un guerrillero que muere en combate es un guerrillero que murió en un acto legitimo del Estado. Necesitamos encontrar una fórmula que permita reconocer a las víctimas de agentes del Estado pero que se garantice el debido proceso.

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