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'Agarrón' entre concesionarios y Secretaría de Tránsito de Villavicencio por chatarrización de taxis

'Agarrón' entre concesionarios y Secretaría de Tránsito de Villavicencio por chatarrización de taxis

El problema se originó por la autorización exclusiva que dio la dependencia a una empresa local para desintegrar físicamente los vehículos. Concesionarios dicen que es ilegal y que están afectados.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
02 de junio 2010 , 12:00 a. m.

El problema se originó por la autorización que le dio esta dependencia hace menos de dos meses al establecimiento denominado Mundo Metales Mincho, dedicado entre otras actividades a la chatarrización de vehículos, para que realice la tarea de desintegración física total de los taxis que van saliendo de circulación, con el fin de hacer la reposición y seguir aprovechando el llamado cupo para la prestación del servicio de transporte público en la ciudad.

Esta tarea venía siendo efectuada en las mal llamadas 'chatarrizadoras' de Bogotá o Manizales, que están registradas o inscritas ante el Ministerio de Transporte y cuyas certificaciones eran aceptadas por la Secretaría de Tránsito de Villavicencio para hacer la renovación de equipo.

Sin embargo, hace menos de dos meses las suspendió y decidió solo aceptar las que expida Mundo Metales Mincho, que es duramente cuestionada por los concesionarios.

Según éstos, el lío les ha generado perjuicios por más de 1.000 millones de pesos, pues la Secretaría de Tránsito municipal les tiene represados los trámites.

Tanto Wilson González, gerente comercial de Auto Unión; como Marcela Téllez, gerente de Celutaxi; coincidieron en afirmar que Mundo Metales Mincho no está registrada ante el Mintransporte, no cumple con los requisitos exigidos legalmente para ser una entidad desintegradota, ni tiene la infraestructura ni los equipos para efectuar la destrucción total de los vehículos; es decir, que está operando ilegalmente con el consentimiento de la Secretaría local.

Para ambos, aparte del perjuicio que les está causando la actuación de la Secretaría de Tránsito al no resolver la situación de 16 taxis (cuyo valor con cupos suma $860 millones) que fueron 'chatarrizados' en Bogotá y que están a la espera de la resolución y entrega de la nueva tarjeta de propiedad y operación, hay igual número de familias perjudicadas pagando créditos bancarios desde hace tres o cuatro meses y con los vehículos guardados y sin producir.

Otra fuente que pidió la reserva de su nombre le dijo a Llano 7 días que aquí han primado los intereses económicos, porque había un acuerdo verbal entre la Secretaría de Tránsito y un particular que tenía el monopolio, en el cual éste le cobraba a los concesionarios o terceros por llevar y chatarrizar el vehículo en Bogotá, pero que de un momento a otro se cambió y se autorizó a la 'cahatarrizadora' de Villavicencio.

La misma fuente agregó que el 'chatarrizador' de Bogotá expedía certificaciones sin que los carros llegaran a ser desintegrados.
El propio Alcalde de Villavicencio, Raúl Franco Roa, le confirmó a Llano 7 días que se tomaron medidas por las irregularidades que se venían presentando en esta actividad, como el hecho que en almacenes de autopartes de la ciudad se hallaron piezas de los taxis supuestamente 'chatarrizados'.

'Se les dañó el negocio', dice representante de chatarrizadora

Wilson Leonardo Torres, vocero de Mundo Metálicas Mincho, le dijo a Llano 7 días que la Secretaría de Tránsito es quien autorizó a la empresa para 'chatarrizar' y que todo está al día en esa dependencia, incluyendo su inscripción en el RUNT.

"Si no estuviéramos inscritos no tendrían valor nuestras certificaciones y no se podría hacer trámites en la Secretaría", dijo.

Sobre los requisitos que le son cuestionados sostuvo que "por lo que pelean de la compactadora y las 30.000 toneladas eso es para la chatarrización de busetas y no de taxis. Por eso nuestra propuesta a la Secretaría fue una desintegración física manual para generar empleo y en la que todas las partes se vuelven chatarra, para lo cual enviamos a fundir a la Siderúrgica Diaco, en Boyacá. Lo que pasa es que nos azotan porque como era el negocio a ellos"

Lo que dice la norma

Efraín Mojica, secretario de Tránsito municipal, le dijo a Llano 7 días que la desintegración de taxis es facultad de los municipios y que no existe reglamentación específica.

Lo que sí existe, dijo Andrés León, director Territorial del Mintransporte, es la resolución 2680 del 2007 que reglamentó la desintegración o destrucción física total de los vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros del radio municipal.

La misma establece que las entidades desintegradoras deben certificar una actividad de fundición superior a 30.000 toneladas de hierro o acero durante el año anterior a la solicitud de su registro como tal y, además, determina que la entidad desintegradota deberá mantener la información actualizada y relacionada con el proceso de desintegración física total de los vehículos y remitirla vía electrónica a la autoridad de tránsito correspondiente, y al registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Según los representantes de Auto Unión y Celutaxi, estos aspectos no los cumple Mundo Metales Mincho, entidad que fue matriculada en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 16 de febrero del 2010 y que no le da la experiencia para hacer esa labor.

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