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Acción Social dice que respeta y acata las decisiones judiciales, pero que no comparte argumentos

Acción Social dice que respeta y acata las decisiones judiciales, pero que no comparte argumentos

Según la entidad el fallo del juzgado 32 será impugnado con fundamento en lo siguiente:

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
02 de junio 2010 , 12:00 a. m.

"Desconoce los precedentes de la Corte Constitucional, que eran de obligatoria observancia para el despacho de conocimiento, en los cuales la Corte ha sido enfática y clara en señalar que la Tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar la entrega retroactiva de la ayuda humanitaria de emergencia, pretensión que en criterio de esta honorable corporación no es procedente por la naturaleza jurídica que tiene dicho beneficio, pues, el mismo no obedece a una obligación dineraria o a un crédito a favor de la población desplazada, ciertamente, se trata de una ayuda de socorro que se entrega en desarrollo de los principios constitucionales de solidaridad y proporcionalidad conforme a la situación actual de cada hogar solicitante.
 

Sobre la no procedencia de las solicitudes de entrega retroactiva de la ayuda humanitaria, la H. Corte Constitucional ha reiterado esta tesis en las siguientes Sentencias: T-600 de 28 de agosto de 2009, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez; T-620 de septiembre 4 de 2009, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia T-690a de 1 de octubre de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Lo cual evidencia que exista una posición pacifica y unificada sobre la materia. Cabe destacar que el desconocimiento de un precedente constitucional constituye una flagrante vía de hecho, y puede configurar la comisión del delito de prevaricato.
 

De concederse el beneficio concedido por la Juez Treinta y Dos Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, se vulneraría el derecho de igualdad de las demás personas en situación de desplazamiento, y tal como lo ha señalado la H Corte, pues, se generarían efectos adversos como (i) ruptura del equilibrio fiscal, (ii) Desbordamiento de la capacidad del erario público, y especialmente (iii) se desnaturalizaría la función de la ayuda humanitaria de emergencia, limitando la posibilidad de entrega de este beneficio a otras familias que lo requieran con urgencia.
 

Se desconoció la presunción de buena fe en las actuaciones de las autoridades administrativas, pues no existe prueba en el expediente, respecto a las omisiones que le endilgan el despacho a la entidad, como el supuesto mal tratamiento dado a los accionante, ora la exigencia de la Tutela para su atención, ora la exigencia de requisitos extraoficiales, etc. La única carga exigida a la población, es mínima, se limita a la presentación de un derecho de petición, lo cual está acorde con la Ley y la Constitución. Esta mínima carga exigible ha sido aceptada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
 

El despacho de conocimiento desconoce que el alcance del fallo proferido para el asunto sub judice, solo puede producir efectos interpartes, e igualmente evidencia un desconocimiento de los efectos de la vigencia de un Estado de Cosas Inconstitucional respecto a la situación de población desplazada, y que de conformidad con la ley, la atención para la población desplazada es una responsabilidad conjunta de todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD) y no exclusivamente de ACCIÓN SOCIAL.
 

Finalmente es importarte señalar, que el despacho no valoró en debida forma, el hecho de que la totalidad de los accionantes antes de la presentación de la Tutela ya habían recibido ayuda humanitaria de emergencia".

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