Nueve empresas palmicultoras habrían servido para beneficiar a paramilitares en el Urabá chocoano

Nueve empresas palmicultoras habrían servido para beneficiar a paramilitares en el Urabá chocoano

Las tierras de 5.000 negros y campesinos terminaron en un megaproyecto de Vicente Castaño.

22 de mayo 2010 , 12:00 a.m.

Trece años después de que una operación conjunta entre militares y autodefensas provocó uno de los éxodos campesinos más grandes en la historia del país, la Fiscalía confirma lo que decían las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Urabá chocoano: que detrás del desplazamiento estaba un gran proyecto de siembra intensiva de palma africana.

Esta semana, la Justicia ordenó la captura de 22 hacendados, empresarios y empleados de 9 firmas palmicultoras, bajo cargos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de importancia ecológica.

Así se cierra uno de los últimos capítulos de una historia que arrancó en marzo de 1997, cuando cerca de 5.000 negros y 'chilapos' (mestizos) atravesaron la selva hasta el Urabá antioqueño durante un mes, para huir de la incursión de los 'paras' de Carlos y Vicente Castaño, máximos jefes de las autodefensas.

En las tierras que ellos dejaron abandonadas floreció un megaproyecto agroindustrial que, incluso, tuvo apoyo de entidades del Estado. Lo que comprobó la Fiscalía fue que el cerebro tras ese negocio era Vicente, el mayor de la llamada Casa Castaño.

Él mismo, por los días del desplazamiento, llegó a la zona con Sor Teresa Gómez -prófuga y acusada del asesinato de la líder de víctimas Yolanda Izquierdo- "y parceló las tierras", según la investigación.

Los acompañaban 80 'paras' armados, que notificaron a los pocos campesinos que habían quedado de que tenían que vender. Allá fue donde los 'paras' acuñaron la frase: "Si no vende usted, vende su viuda". Uno de los desplazados aseguró a la Fiscalía que le ofrecieron 40 millones de pesos, y después no le pagaron.

Tulas con dinero y amenazas

La historia recopilada por la Fiscalía da cuenta de que Vicente cargaba tulas con plata para 'pisar' los negocios forzados. El extraditado jefe paramilitar 'HH', Éver Veloza, dijo en Justicia y Paz que "Castaño canalizó un río entre Bajirá (Antioquia) y Chocó y volvió esa tierra apta para cultivar palma". En cuatro días se hizo dueño de mil hectáreas. "Si Vicente Castaño compró las tierras, era para su proyecto, para su empresa, Urapalma", dice el expediente.

En el 2000, esa palmicultora fue pionera en Urabá y llegó a tener cerca de 3.000 hectáreas de tierras que no podían negociarse porque eran propiedad colectiva de las negritudes.

Detrás de Urapalma llegó otra decena de empresas que calcaron su método: "Presiones para adquirir tierras a costos ínfimos aprovechando la situación deprimente de la comunidad, o por el miedo a los actores armados, que obligaban las ventas. Después, el incremento de tierras apelando a falsedades en la confección de compraventas con documentación espuria".

Y remataban, según la Fiscalía, "con la inscripción de esos registros contrariando elementales normas notariales" y aprovechando "asociaciones ficticias para acceder a ingentes créditos e incentivos bancarios". Por estos hechos serán investigados varios notarios de Urabá y Córdoba, que se prestaron para darle apariencia legal al despojo.

Entre el 2001 y el 2005 hubo "15 desplazamientos, 13 originados por las Auc y el Ejército, 1 por la guerrilla y otro debido al enfrentamiento de estos grupos", dice la Fiscalía.

La zona fue escenario del asesinato de campesinos y la quema de los caseríos Nueva Esperanza, Bella Flor Remacho y Santa Fe de Curima, en el 2001, y las de Pueblo Nuevo y Puerto Lleras, en el 2003.

Intervención internacional

Estos hechos precipitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en reiteradas oportunidades ha pedido que el Estado brinde seguridad a los campesinos.

Uno de los desplazados, José del Carmen Villalba, le dijo a la justicia que cuando regresó, en el 2000, se encontró que sus tierras estaban cultivadas con palma. Es la misma historia de cientos de familias.

Urapalma, tras los cuestionamientos, cerró en el 2006 con créditos pendientes con el Banco Agrario por más de 9.000 millones de pesos.

Durante estos 13 años, la lucha por la devolución de las tierras se ha dado a través de la justicias nacional e internacional. Tras fallos que probaron el despojo, hace tres años el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias anunció que los palmicultores estaban obligados a devolver las hectáreas.

Pero las tempestades sembradas por los 'paras' no han terminado. Esta semana, la Corte Constitucional frenó en seco la devolución de 29.000 hectáreas, que había sido programada por el Ministerio del Interior.

La suspensión busca impedir nuevas violencias en esa golpeada zona de Curvaradó y Jiguamiandó, pues las comunidades que habían sido desplazadas desde 1997, y que han regresado poco a poco, terminaron divididas. Entre los que creían que había en la palma una opción de trabajo y los que denunciaban la alianza palmicultores-'paras'.

En medio de ese río revuelto pescaron tanto las Auc como las Farc, que incluso hoy siguen intentando usar a las comunidades para sus intereses. El hecho es que casi tres lustros después se confirma, como confesó 'HH', que en Urabá la palma "se sembró con sangre".

Razones para congelar devolución

El martes, un día antes de que el ministro Fabio Valencia viajara para la devolución de 29.000 hectáreas a las comunidades de Curvaradó, la Corte Constitucional ordenó congelar esa entrega argumentando que sería motivo de violencia. Quien debía recibirlas, según denuncias, estaba bajo la influencia de los palmicultores. Esto dijo la Corte:

1- Que el Gobierno no ha cumplido con un auto del 2009 tras el cual debía hacer un censo para determinar con certeza quiénes tienen derecho a la restitución de los territorios colectivos. Le dio plazo hasta julio de este año para hacer el censo.

2- Que ha tenido noticia de amenazas contra la vida de líderes de la comunidad de Curvaradó y de miembros de organizaciones que acompañan la restitución.

3- Que mientras esta incertidumbre en seguridad persista y la persona que reciba las hectáreas no represente plenamente a las comunidades, cualquier intervención de las autoridades puede aumentar el riesgo para la vida en Curvaradó y Jiguamiandó.

'Paras le sacaron jugo al Estado'

De la mano del proyecto palmicultor, Vicente Castaño tenía como objetivo "sacarle el jugo al Estado", según la Fiscalía. El plan del jefe paramilitar se cumplió al pie de la letra, y para sembrar palma obtuvieron más de 20.000 millones de pesos de entidades oficiales.

La Fiscalía dice que "los palmicultores acudieron a maniobras simuladas y engañosas para hacerse a los créditos de financiamiento, y por el mismo sendero se apropiaron de los recursos para incentivos en la línea de crédito agrario". Tres de las nueve empresas de fachada de los 'paras' obtuvieron del Estado más de 13 mil millones de pesos.

La clave para que los palmicultores de Urabá obtuvieran millonarios préstamos del Estado fue la oficina del Banco Agrario sucursal Apartadó (Antioquia). Saltándose los procedimientos normales, esa sucursal entregó créditos, con el aval de Finagro, banco de 'segundo piso' que respalda proyectos productivos.

También burlaron los mecanismos de control para obtener recursos. "El Banco Agrario efectúo los respectivos giros con garantías precarias e ilegales como la titulación e hipoteca de territorios colectivos -tierras que legalmente pertenecen a las comunidades negras, que son inembargables", indica la medida de aseguramiento.

Entre el 2003 y el 2004, por ejemplo, Urapalma obtuvo préstamos estatales por más de 5.400 millones de pesos.

Una investigación de la Contraloría había advertido que a través de esos créditos, tres de las empresas investigadas obtuvieron del Estado más de 13 mil millones de pesos e incentivos por otros 2.900 millones.

Uno de los directivos de Urapalma con orden de captura, Antonio Nel Zúñiga Caballero. Él es el padre de María Fernanda Zúñiga Cháux, que en septiembre del 2008 renunció a la presidencia de la estatal Fiduagraria, luego de que EL TIEMPO reveló que hacía parte de la junta directiva de una de las empresas investigadas por nexos con 'paras'.

Con el dinero de los colombianos, nueve empresas sembraron 5.000 hectáreas en el Chocó.

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