De tener una de las legislaciones más laxas del planeta en materia de control del cigarrillo, Colombia se convirtió, en dos años escasos, en una nación con una de las políticas más avanzadas en el tema. Hoy, la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados goza de amplia aceptación entre los ciudadanos e, incluso, entre los dueños de establecimientos comerciales, que se opusieron en un comienzo por temor a perder su clientela.
La norma es apenas un componente de la Ley 1335, de julio del 2009, más conocida como Ley Antitabaco. Su sanción final se produjo tras décadas de sucesivos hundimientos de proyectos similares, que buscaban imponer algún freno al expendio y consumo de cigarrillo en el país. Esta legislación es considerada por médicos, especialistas y salubristas como la medida de salud pública más eficaz adoptada hasta la fecha para el control de un factor de riesgo. De acuerdo con las estadísticas disponibles, el tabaquismo mataba en Colombia a por lo menos 20.000 ciudadanos cada año, y la atención de las complicaciones derivadas de este mal hábito le costaban al sistema de salud cerca de 2,2 billones de pesos anuales. Cifra que, vale decirlo, desborda de lejos lo que se recauda cada año por impuestos a este producto.
Aunque es necesario llevar a cabo estudios juiciosos que permitan cuantificar el impacto que la norma ha tenido en la salud y el bienestar de los colombianos, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax asegura que los beneficios ya empiezan a verse. La ley, hay que recalcar, está en pleno desarrollo, y algunos de sus puntos todavía no han empezado a aplicarse, debido a los plazos fijados por la misma. Entre ellos figura el de la prohibición total de la publicidad directa e indirecta de cigarrillos, a través de cualquier medio. Lo que incluye la financiación de espectáculos deportivos y culturales, algo que hasta hace un par de años parecía imposible. Se espera, además, que en julio las cajetillas incluyan pictogramas y mensajes explícitos sobre el daño que causa a la salud el tabaquismo, una disposición que logra disuadir a los consumidores.
Otro punto central tiene que ver con la protección de los menores de edad, para lo cual también se estableció la prohibición de la venta al menudeo. El control, para quienes todavía lo ponen en duda, sí da réditos en términos de salud pública. En un año escaso, y con legislaciones menos agresivas que la colombiana, México logró disminuir el 10 por ciento de los infartos entre sus ciudadanos. En algunos estados de Estados Unidos, en casi tres años, la tasa de hospitalizaciones por problemas coronarios descendió 41 por ciento. El impacto ha hecho que organizaciones civiles pidan que los espacios libres de humo se implanten en todo el territorio; estiman, de hecho, que esto le ahorraría al sistema de salud 92 millones de dólares anuales por la atención de males cardíacos, y al menos 18.000 hospitalizaciones.
No se puede, sin embargo, cantar victoria. Pese a que en la concreción de la Ley Antitabaco confluyeron los esfuerzos de muchos sectores, todavía hay interesados en torpedear su aplicación y ya se habla de estrategias dirigidas a buscarles esguinces a los duros controles impuestos. Las autoridades sanitarias deben estar atentas y salirles ya al paso.
Lo que debe reconocerse, por ahora, es que la próxima semana, durante la cual el mundo conmemorará el Día Mundial Antitabaco, Colombia tiene mucho para mostrar y enseñar: la legislación que pretende poner a salvo a los ciudadanos del cigarrillo es ya un referente en todo el planeta.
