El más duro cuestionamiento realizado por la justicia colombiana contra el proyecto palmicultor en Urabá se produjo ayer, por cuenta de los desplazamientos forzados por los paramilitares entre Antioquia y Chocó hace 13 años.
Ayer, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la captura de 22 directivos, dueños y empleados de nueve empresas palmicultoras que, según el expediente, fueron fachada de los planes ilegales de Vicente y Carlos Castaño, máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Las firmas Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma están en el centro de una investigación por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica que podrían representarles penas de más de 20 años de cárcel a varios de sus ejecutivos.
Ellos, según la justicia, se prestaron para darle apariencia legal a un macroproyecto económico que se gestó con el desplazamiento de miles de familias negras de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó. Ese desplazamiento le ha costado a Colombia duros reproches de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la decisión, conocida por EL TIEMPO, la Fiscalía asegura que "en su afán de explotar económicamente los terrenos de propiedad colectiva (...) las empresas fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delinquir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano".
Según el documento, esas firmas "trazaron múltiples estrategias jurídicas para 'legalizar' la adquisición y posesión de tierras, a lo cual combinaron una febril ofensiva paramilitar que resultó muy útil a la hora de contrarrestar la reticencia de los vendedores, así como la enjundia de los opositores a la expansión de los cultivos de palma".
El CTI buscaba anoche a Gabriel Jaime Sierra Moreno, representante de Palmas de Curvaradó; Raúl Alberto Penagos González y José Miguel Ruiz Cossio, socios de Selva Húmeda; Antonio Nel Zúñiga Caballero, ejecutivo de Palmura; Javier José Daza Pretel y Katia Patricia Sánchez, de Urapalma; Claudio Adolfo Fregney Ochoa y Guillermo Ochoa Pino, de Inversiones Fregny Ochoa y Palmas de Bajirá; Héctor Duque Echeverry, de Palmadó; Iván Patiño Patiño, de Palmas S.A.
La misma medida cobija a Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis Santo Ortega, Danilo José Pacheco de la Hoz, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, Remberto Manuel Álvarez Vertel, Mario Alberto Vélez Giraldo, Jiuvanni Suescún López, Luis Alberto Flórez Pérez, José Miguel Ruiz Cossio, Manuel Gregorio Denis Blandón y Sor Enid Ospina Rendón.
Los 'paras' Jesús Ignacio Roldán ('Monoleche') y Hermes José Muñoz también fueron asegurados por el caso.
'Monoleche' reconoció que en 1997 Vicente Castaño y 80 'paras' estuvieron mirando la zona y aseguró que supuestamente llegó a comprar tierras. También afirmó que el mayor de los Castaño, hoy desaparecido, fue el "fundador" de Urapalma.
Otro jefe 'para', el extraditado 'HH', afirmó que "todo el mundo en Urabá sabía que la palma era un proyecto de las autodefensas y de Vicente Castaño".
La Fiscalía también cuestiona cómo los palmeros accedieron a los créditos y a los permisos para desarrollar su actividad en una zona protegida: "Contra todo pronóstico, el proverbial rigor bancario que un estudio de crédito le implica a cualquier empresa o ciudadano desprevenido, tuvo una insólita e insospechada excepción en el caso de los empresarios de la palma".
Por eso a investiga a los funcionarios del Banco Agrario que les dieron vía libre a esos proyectos, a los notarios que legalizaron las ventas ficticias de tierras y a representantes de Incoder, Finagro y las corporaciones regionales que dieron permisos.
Desde 2007 se ordenó desalojo
Una decisión del Tribunal Superior de Chocó ordenó el 9 de diciembre pasado la restitución inmediata de las más de 100 mil hectáreas que conforman los territorios colecti- vos de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó.
Tras reiteradas denuncias, el Incoder verificó desde el 2007 los títulos y decidió que buena parte de estas tierras terminaron en manos de empresas y particulares a través de ventas y contratos de arrendamientos irregulares.
Varias de estas empresas eran investigadas desde entonces por nexos con el bloque Élmer Cárdenas.
Después del fallo, que también ordenaba el desalojo inmediato de las empresas ocupantes, fueron asesinados tres líderes representantes de las comunida- des en la zona. Según Fedepalma, que reúne a gran parte de los pal- micultores de la región, actual- mente quedan mil hectáreas cul- tivadas, de 5 mil que llegó a tener la zona.
REDACCIÓN JUSTICIA
