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'Que en España haya justicia', reclama familiar de una de las víctimas del franquismo

Hay euforia en el rostro curtido de 91 años de Darío Rivas, quien busca reparación moral.

En su caso, reclama por su padre, fusilado en octubre de 1936 cuando era alcalde de Castro do Rei, en la provincia gallega de Lugo.
Con él llega el abogado Carlos Slepoy, un luchador incansable para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes en América del Sur ni en España. Los dos, junto a un equipo de abogados y de representantes de organismos de derechos humanos y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, acompañaron la denuncia por los delitos de lesa humanidad perpetrados entre 1936 y 1977.
"Queremos que el franquismo desaparezca de España de una vez por todas", dispara Rivas, horas después de presentar la demanda ante el Juzgado Federal argentino. Rivas recuperó los restos de su padre en el 2005 y a partir de ahí comenzó a luchar para que otros pudieran experimentar la reparación.
Para Slepoy, la causa "es una muestra más de los alcances de la Justicia Penal Internacional para este tipo de delitos aberrantes. Si en España pudimos juzgar los delitos de la dictadura argentina, las desapariciones, la tortura, las masacres, aquí también se pueden juzgar los cometidos en España y sobre los que nunca se hizo justicia, porque hay un manto de silencio y personajes del franquismo en lugares clave de poder".
Disparate
Explica: "La causa la había iniciado Baltasar Garzón en el 2008 y fíjese que por su actuación, terminan incriminándolo. Es un disparate que esos sectores hagan lo que están haciendo con Garzón".
Rivas llegó a Argentina a los 9 años. Nunca volvió a ver a su padre. Dice que no demandó antes porque sentía que ya había obtenido una "satisfacción" al haber hallado los restos. "Ahora, no sólo pido la reparación para mí, sino para todos los demás. Para que se abra el camino y mucha gente encuentre los restos de sus familiares, pueda llevarlos a sus cementerios, a sus aldeas y experimentar la sensación que yo tuve años atrás".
Ambos se esperanzan con que la cuestionada jueza argentina Romilda Servini de Cubría haga uso de las leyes y de  la jurisprudencia internacional y se marque el camino para que el Gobierno encuentre a las 50.000 personas que fueron asesinadas y que se encuentre a los 30.000 jóvenes desaparecidos que fueron asignados a nuevas familias.
Rivas agrega: "Quiero que se recupere la moral en España, que haya justicia, que se juzgue a los culpables y se recompense a las víctimas, que los familiares puedan tener lo que les corresponde, que empiece a verse a los muertos de la dictadura como héroes...". Slepoy asiente y apunta: "Buscamos reparación moral de las víctimas y sus familiares, pero sobre todo, buscamos justicia".
JOSÉ VALES
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
BUENOS AIRES
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