Concejal de Génova (Quindío), condenado por porte de estupefacientes, sigue ejerciendo

Concejal de Génova (Quindío), condenado por porte de estupefacientes, sigue ejerciendo

Arnobio Ramírez fue capturado en dos ocasiones con marihuana en su poder y condenado a dos años y ocho meses de cárcel.

19 de abril 2010 , 12:00 a.m.

Por estos hechos, ocurridos ambos el año pasado, Ramírez pasó de ser uno de los aliados del alcalde John Didier Grisales a un personaje incómodo en la Administración Municipal y la causa de un enfrentamiento entre el mandatario local y el presidente del cabildo municipal, Lisímaco Salcedo Marín.

El 7 de octubre del 2009, casi cuatro meses después de que lo encontraron en Caicedonia (Valle) con una libra de marihuana en su poder, Ramírez fue condenado a 32 meses de prisión por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, por el delito de porte de estupefacientes.

Y el 17 de julio del mismo año, un mes después de su captura en Caicedonia, la Fiscalía lo recapturó y le abrió un nuevo proceso por el mismo delito. La Sijín halló marihuana en su casa, durante un allanamiento. Por este hecho, Ramírez estuvo en la cárcel dos meses, pero su caso precluyó, porque un menor de edad, que habita en la casa del edil, se inculpó, al aceptar que la marihuana era suya.

El Juzgado informò que, de acuerdo con la ley, por ser la pena menor a 36 meses, el funcionario se acogió al beneficio de libertad condicional y pagó la suma de 660.877 pesos, equivalentes a una multa. "El señor Ramírez fue condenado por un juzgado de Calarcá y como pena accesoria le dieron la interdicción de funciones públicas, por lo tanto no podía ejercer su cargo y mucho menos devengar honorarios del Estado, como lo ha hecho", afirmó el alcalde Grisales, quien considera esa situación como un hecho "penoso" y "lamentable".

Grisales responsabiliza a la presidencia del Concejo de que Ramírez siga asistiendo al recinto del Concejo y recibiendo honorarios por sus funciones. "La Fiscalía hizo las notificaciones al Concejo y al Ministerio Público, pero, desafortunadamente, uno encuentra allí como una protección de orden político, con el propósito de tenerlo más tiempo en el Concejo. Si un juez ordena la desvinculación, el Presidente del Concejo debió desvincularlo de inmediato, cosa que no sucedió", aseguró Grisales.

Pero Salcedo, quien dijo que el caso del concejal Ramírez "vergonzoso", aseguró que es la Procuraduría Provincial de Armenia la que se ha demorado en resolver esa situación.
"No es competencia de la Presidencia del Concejo sancionar o destituir a los concejales. Eso le corresponde a la Procuraduría Provincial, a la cual mandamos un oficio el 19 de octubre del 2009, 12 días después de conocer la condena, en donde exigíamos la investigación y la sanción correspondiente, pero hasta ahora no han emitido un fallo", aseguró Salcedo.

Salcedo aclaró que mientras Ramírez estuvo en prisión, el Concejo no le pagó honorarios. Lo reemplezó Víctor Manuel Rodríguez, el tercer renglón en la lista, y que la labor Ramírez ha estado dentro del marco de la participación y el control político en el municipio, "aunque no ha radicado proyectos de iniciativa propia".

EL TIEMPO trató de hablar con la Procuraduría Provincial de Armenia, pero sus funcionaros manifestaron que no podían referirse al tema, hasta que concluyan las investigaciones.
Ramírez confirmó que fue condenado por porte de estupefacientes y explicó que lo "cogieron en junio del año pasado en Caicedonia (Valle) con una libra de marihuana, pero me dieron la libertad condicional".

"Yo no vendó ni consumo drogas. La primera vez que me cogieron con la libra de marihuana no era para venderla, era para regalársela al joven que vive conmigo. Y la segunda vez... pues en eso nada tengo que ver", manifestó.

Aceptó que en una segunda ocasión estuvo dos meses en la cárcel de San Bernardo de Armenia, pero que ese proceso precluyó porque el joven que vive en su casa aceptó su responsabilidad. "A mediados de septiembre, volví a sesionar, me pagaron los honorarios de noviembre y aun nos deben los de febrero", insistió Ramírez.

Lo cierto es que hoy el concejal Arnobio Ramírez sigue con una curul en el cabildo municipal y ejerciendo como tal, pese a que el régimen de inhabilidades (artículo 43 de la LEY 617 DE 2000) establece que quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad no puede ejercer funciones públicas.

 ARMENIA

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