En octubre vence mandato de oficina de Alto Comisionado para D.D.H.H.

En octubre vence mandato de oficina de Alto Comisionado para D.D.H.H.

En pocos más de seis meses vence el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que durante 14 años ha estado vigente.

12 de abril 2010 , 12:00 a.m.

Así lo confirmó en Cali el representante en Colombia de este organismo, Christian Salazar Volkmann, durante la presentación del informe anual.

"El mandato de nuestra oficina para observar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia vencerá el 30 de octubre de este año. Como director de esta oficina quiero agradecer la estrecha colaboración que recibimos de parte de de todas las instituciones estatales, organizaciones civiles, así como de la comunidad internacional para cumplir con nuestro mandato", dijo Salazar Volkmann.

El acuerdo fue suscrito el 29 de noviembre de 1996 y posteriormente fue extendido, sin modificaciones, hasta este año.

Precisó que "nosotros sí queremos continuar con nuestro trabajo de protección y promoción de los derechos humanos en Colombia y tenemos la convicción del que el mandato del Alto comisionado de las Naciones Unidas será renovado en su integridad por el próximo gobierno".

No obstante, manifestó su preocupación porque aunque el mandato vence en octubre, la renovación del acuerdo de permanencia de la Oficina en Colombia debe darse al 30 de agosto y el gobierno actual ha dicho que lo dejará al nuevo Jefe de Estado.

"Hay poco tiempo para negociar por eso nosotros aprovecharemos para discutir un poco más con la sociedad civil, conocer sus posiciones, si piensa que es necesaria la presencia de nosotros. Estas discusiones hay que darlas ahora", dijo Salazar Volkmann.

En la capital vallecaucana el representante de la ONU insistió aunque de manera positiva se registró una drástica reducción de ejecuciones extrajudiciales, hay mucha preocupación por el transcurso de los juicios que se realizan en su mayoría contra miembros de la Fuerza Pública, pues hay presión, amenazas, intentos de asesinato y de obstrucción de la justicia.

No ocultó su preocupación por la alta amenaza contra líderes sociales, indígenas y afro descendientes; la violencia sexual, cuyas cifras pasaron de 12.732 en el 2000 a 21.202 en el 2008, y el incremento de la violencia contra la población civil durante el año pasado por parte de los grupos que surgieron de la desmovilizaciones del paramilitarismo.

Indicó además que continúa la preocupación porque los grupos guerrilleros siguen rechazando las normas mínimas de los derechos humanos y el DIH. En el 2009 se registraron unas 27 masacres, ataques indiscriminados a la población y a la misión médica, desplazamientos y reclutamiento de menores, entre otros.

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