Defensa y seguridad en las fronteras

Defensa y seguridad en las fronteras

25 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

El 14 de diciembre, los alcaldes de 24 municipios fronterizos con Venezuela se movilizaron a Bogotá y pidieron alguna forma de atención: realización de un consejo de ministros, creación de un ministerio, presencia de la ONU. Solo obtuvieron la promesa de una reunión con el Presidente. De forma paralela, ante las amenazas de Chávez, el Ministro de Defensa informó que con el nuevo impuesto al patrimonio se aumenta el presupuesto militar para las fronteras y se crea el Centro Conjunto Integral en la Guajira como un punto estratégico para la defensa y "la atención social" (?!), y llamó a prepararse para enfrentar el riesgo de una agresión externa. Al día siguiente, el comandante del Ejército inauguró batallones de aviación para la Guajira y Arauca. Pero problemas y amenazas en las fronteras requieren con urgencia mucho más que una acción meramente militar.

Datos y visitas a la frontera permiten ver cómo la seguridad democrática ha logrado ampliar la presencia de la fuerza pública, debilitar a guerrillas y paramilitares y bajar importantes indicadores del conflicto. Sin embargo, en unos ámbitos han resurgido bandas paramilitares y en otros las guerrillas muestran capacidad para reclutar jóvenes por coacción o falta de oportunidades, refugiarse al otro lado del límite y aprovechar las tensiones con Venezuela. La presión ejercida sobre los militares por mostrar resultados los induce a cometer graves abusos. La precariedad de la administración de justicia mantiene la impunidad. Los subsidios y la naciente agroindustria no alivian la carencia de infraestructura, de motores de empleo y desarrollo sostenible, o de instrumentos que permitan proteger las reservas naturales y los territorios de comunidades indígenas, que se sienten criminalizadas por el Estado y presionadas por los irregulares. El problema de la tenencia de la tierra y de los desplazados sigue intacto. No se ve un fortalecimiento de la institucionalidad local que transforme regalías y transferencias en agua potable, saneamiento básico, salud, educación. La feria de contratos mantiene la corrupción.

Los actores fronterizos no son convocados a pensar la región ni ayudados a superar la informalidad y ampliar la institucionalización, que es vista a nivel local sólo como traba al aprovechamiento de alternativas que el Estado no les ofrece. En las crisis sólo recurren al bloqueo de un puente o a pedir subsidios y exenciones. Y, en condiciones normales, apenas aprovechan el diferencial cambiario o la disparidad de legislaciones. La débil organización local impide que se generen iniciativas como las que en los años 80, desde Cúcuta y San Cristóbal, transformaron lazos transfronterizos espontáneos en propuestas que resistieron el episodio de la corbeta 'Caldas'.

Las tensiones binacionales agravan las precarias condiciones de vida de comunidades pobres que viven a ambos lados de 'la raya', muchas con doble nacionalidad. La gente se ve obligada a cruzarla por caminos informales o puentes artesanales porque en los 2.219 kilómetros limítrofes con Venezuela sólo hay cuatro pasos formales. Los colombianos dependen de las vías, el combustible y los subsidios del país vecino. Los venezolanos dependen del comercio de bienes y servicios colombianos. Esas realidades no son tomadas en cuenta por Caracas y Bogotá, que más que verificar lo que pasa exacerban la sospecha mutua.

Colombia tiene que resolver grandes vulnerabilidades fronterizas derivadas de la confrontación armada, la precariedad civil del Estado, la falta de desarrollo. Una respuesta a los alcaldes requiere un esfuerzo integral, como integral debe ser el esfuerzo para evitar una guerra, distensionar y reconstruir la relación. Un curioso tipo de diplomacia está siendo asumido por el Mindefensa, mientras la Cancillería se limita a denuncias internacionales. Pero la defensa y la seguridad en las fronteras no son sólo asunto militar: demandan una consistente política interna y exterior que no se ve.

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