Gobernador de Caquetá murió a las 11 p.m. del lunes, señala el informe preliminar de Medicina Legal

Gobernador de Caquetá murió a las 11 p.m. del lunes, señala el informe preliminar de Medicina Legal

Su cuerpo no presentó señales de impactos propinados con arma de fuego, agrega.

23 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

Eso dice la necropsia, cuya esencia fue conocida por EL TIEMPO.

Los exámenes realizados por Medicina Legal señalan que cuando fue hallado el cuerpo, promediando la tarde de ayer, ya tenía síntomas de rigor cadavérico.

No tenía heridas de bala sino una lesión producida con arma cortopunzante en el cuello.

El asesinato ocurrió en el mismo sitio donde apareció el cadáver y allí, según las autoridades de Policía Judicial que realizaron el levantamiento, no había señales de combate.

Cuéllar fue secuestrado por un grupo de entre 8 y 10 hombres armados a las 10 p.m. del lunes 22, cuando dormía en su casa en Florencia.

Crimen será investigado como de lesa humanidad

El fiscal (e) Guillermo Mendoza calificó el crimen como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y un homicidio de persona protegida que podría llegar a la Corte Penal Internacional.
El fiscal anunció la creación de una comisión especial de fiscales para investigar el caso, atribuido por el Gobierno a las Farc.

"La comisión especial va a trabajar en forma coordinada con la Policía para recopilar pruebas", dijo el fiscal Mendoza Diago.

"No puedo hablar del esquema de vigilancia del gobernador. Sí me extraña que hubiera solo una persona vigilando su casa", dijo Mendoza al señalar que una persona de ese nivel de riesgo debería contar con un esquema de seguridad reforzado.

Mendoza también mencionó que el fallecido gobernador tenía tres investigaciones penales en curso por denuncias en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares y por concierto para delinquir agravado.

Procurador se suma al fiscal

Por su parte, el procurador General, Alejandro Ordóñez, señaló que el homicidio de gobernador Cuéllar es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

"Era una persona protegida por el DIH, respecto del cual era predicable el principio de inmunidad, relativo al deber de las partes en conflicto de salvaguardar su integridad y respetar sus derechos humanos", dijo.

Agregó que el Ministerio Público creó una comisión espacia de procuradores que hará seguimiento a la investigación, y que podrá intervenir en el procesos en el momento que se considere.

Según el Procurador, el asesinato debe investigarse como un crimen de guerra, según lo establece el código penal y que da una pena de 30 a 40 años de cárcel.

Además, se deben investigar los delitos de toma de rehenes e intento de homicidio por las graves lesiones ocasionadas a los uniformados que resultaron heridos en el rapto.

Ordóñez señaló también que La Corte Penal Internacional podría conocer estos hechos si el Estado colombiano se ve imposibilitado para investigarlo y condenarlo.

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