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Editorial / Un caso de éxito

Estímulo del Gobierno a compra de vivienda nueva de hasta $167 millones, por medio de un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios, ha sido clave para la recuperación del sector.

Redacción El Tiempo
A pocos días de terminar el 2009 y ante las cifras que sugieren que el crecimiento debería ser el menor de la década, diferentes analistas han comenzado a evaluar el desempeño de la política anticíclica.
Como se recordará, ésta fue anunciada con bombos y platillos por el Gobierno, cuando el huracán de la crisis internacional empezó a soplar con fuerza.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otras latitudes, el esfuerzo se concentró en acelerar el ritmo del gasto público, pues la estrechez fiscal del Estado colombiano no permitía, en general, la adopción de nuevos planes y programas.
Debido a esa situación, el balance del paquete de medidas ha sido variado. En algunos casos, como el mismo Ejecutivo lo ha admitido, la ejecución de iniciativas no ha marchado con la celeridad requerida.
En uno en particular, en cambio, el éxito ha sido rotundo. Tal es el caso de la decisión instituida en abril pasado, consistente en dar un estímulo a la compra de vivienda nueva de hasta 167 millones de pesos, por medio de un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios.
Dicha política puso freno a la vertiginosa caída en las ventas, la construcción y la financiación de casas y apartamentos que afectaba al sector a comienzos de año. Hasta el momento, diariamente se han beneficiado 120 familias, para un acumulado de 30.000 que ya han adquirido unidades por un valor total de dos billones de pesos.
Además, hay aprobados 38.000 créditos adicionales con ese beneficio con lo cual se estima que cuando se terminen los recursos asignados al programa, por un monto global de medio billón de pesos, se podrán favorecer 90 mil familias.
Por cuenta de la medida descrita, las ventas de vivienda crecieron 14 por ciento en los primeros 11 meses del año, cuando en el mismo período del 2008 anterior estaban cayendo al 17 por ciento.
Por su parte, con los desembolsos de los bancos ha ocurrido algo similar en el segmento hipotecario. La recuperación ha sido evidente, a pesar de que los efectos de la medida todavía no se han manifestado a plenitud sobre los indicadores de licencias y construcción, debido al rezago, de aproximadamente nueve meses, entre las ventas, la aprobación de los permisos y el inicio de las obras.
Ante lo ocurrido, han aparecido voces críticas. Así, hay quienes señalan que las ventas se han concentrado en los inventarios que había cuando entró en vigencia la decisión.
En respuesta, los defensores del esquema dicen que es enteramente natural que una reactivación comience por una reducción de las unidades acumuladas. Es justamente esa dinámica la que, a la larga, terminará incentivando el desarrollo de nuevos proyectos.
En países donde se tomaron medidas similares, pero se excluyeron las viviendas que no habían sido compradas, como ocurrió en Chile, se produjo una parálisis importante y una elevación de los costos.
Por otra parte, las matemáticas demuestran que quienes han sido cobijados por esta política han salido ganando. Para citar un caso hipotético, si en enero pasado una familia hubiera tomado un crédito por 30 millones de pesos, su cuota mensual habría sido 460.000 pesos.
Hoy, por el efecto combinado de la medida y la reducción de la inflación, el pago sería de 290.000 pesos, que equivale a una reducción del 37 por ciento.
Con esas cuentas como marco, hay que decir que lo hecho, por sí solo, no puede definir el rumbo del sector de la construcción, y mucho menos evitar la desaceleración económica.
Pero el programa ha sido un paliativo importante y relativamente barato, gracias al poder de apalancamiento obtenido. Ante los resultados, hay quienes proponen asignarle más recursos, a pesar de las dificultades fiscales, mientras se logra recuperar el crecimiento.
Además es necesario trabajar en superar una restricción que afecta los potenciales compradores de vivienda y particularmente a las familias de menores ingresos, como es la disponibilidad de suelo urbanizable en los principales municipios del país.
Casos críticos como el de Bogotá demuestran que no es suficiente con tener elementos favorables en marcha para reactivar la construcción de casas si, en términos prácticos, encontrar el espacio en donde edificarlas a precios razonables, resulta casi imposible.
Redacción El Tiempo
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