¿Reformar la justicia?

¿Reformar la justicia?

El Gobierno propone revivir el Ministerio de Justicia. Si bien la iniciativa es bienvenida, quedan dudas sobre la idea de colgarle otras reformas y más en esta coyuntura.

12 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

Con el anuncio del ministro Valencia Cossio sobre la posibilidad de volver a crear el Ministerio de Justicia, se volvió a prender el debate sobre la reforma de la justicia. Se trata de una de esas reformas que aparecen periódicamente en la agenda pública, pero que -como la reforma agraria o la modernización de las carreteras- parece que nunca despega. Como en el cuento del pastorcito mentiroso, cada nuevo anuncio de que "ahora sí" se va a hacer la reforma, se encuentra con la respuesta incrédula de la ciudadanía.

Lo mismo puede pasar con la propuesta de Valencia de incluir la resurrección del Ministerio de Justicia en un debate amplio sobre una "reforma estructural de la Rama Judicial". En esos términos tan generales, todo el mundo estaría de acuerdo con ella: en efecto, hay que reformar la justicia. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Y cuándo? Esas son las preguntas difíciles, sobre las que el anuncio del Gobierno genera más preocupaciones que avances.

Vamos por partes. ¿Cómo reformar la justicia? Ciertamente, un buen comienzo es restablecer un ministerio específico encargado del tema y de la interlocución con las cortes. Se trata de corregir un grave error cometido por el Gobierno en el 2002, cuando fusionó el ministerio de la política (el del Interior) con el de la justicia. El resultado está a la vista: el desencuentro entre el Ejecutivo y el poder judicial (en especial la Corte Suprema) se debe, en parte, al corto circuito generado por esa decisión, que politizó la aproximación del Gobierno a la justicia. Así que, aunque tardía, la enmienda es bienvenida.

Pero, una vez creado el Ministerio de la Justicia, la pregunta es la misma: ¿cómo hacer la reforma judicial? Hay que comenzar por ver lo que no hay que cambiar. Porque una de las razones por las que las promesas de "reforma estructural" han fracasado es que confunden -unas veces sin querer, otras queriendo- lo que hay que reformar y lo que hay que preservar.

Lo primero que hay que dejar quieto es la independencia judicial. Colombia tiene un sistema judicial que, aunque no es perfecto, está relativamente bien en términos de su independencia frente al Ejecutivo -gracias, en parte, al sistema de nombramiento de jueces y magistrados-. Este ha sido un pilar institucional que ha sostenido la democracia en medio de las crisis y ha distinguido a Colombia de su vecindario. De ahí que, por ejemplo, aquí la Corte Suprema no ha podido ser cooptada por los gobiernos, como sucedió en la Argentina de Menem o la Venezuela de Chávez.

Tampoco hay que hacer una "reforma estructural" de la tutela, que sigue siendo el recurso judicial más eficaz y accesible. Así lo mostró el fracaso de los varios intentos del ex ministro Londoño Hoyos por hacerle una cirugía profunda a la Corte Constitucional y a la tutela, en lugar de hacer ajustes puntuales para evitar abusos.

Esto no significa que la reforma judicial sea innecesaria. Subsisten serios problemas de impunidad. Son indispensables medidas que hagan más accesible y equitativa la justicia, para que proteja con la misma eficiencia y vigor a los sectores marginados. Todo esto exige una discusión técnica juiciosa y un debate público amplio.

Lo que lleva a la segunda pregunta: ¿cuándo dar esta discusión? Aquí es donde la propuesta del Ministro suscita preocupación. En época electoral y en medio de un enfrentamiento sin precedentes entre el Gobierno y la Corte Suprema, una propuesta de profundas reformas genera dudas sobre si, en realidad, se trata de un intento de quitarle poderes a la Corte Suprema y disminuir la independencia judicial. O de levantar una columna de humo ante la visita de la relatora de la ONU sobre el tema, para desviar la atención de las acusaciones infundadas del Gobierno contra los jueces, o del escándalo de las "chuzadas" a algunos de ellos.

Por eso, lo mejor es aplazar el debate de fondo hasta después de las elecciones. Entre tanto, si el Gobierno genuinamente quiere dar un paso en esa dirección, puede impulsar la resurrección del Ministerio de Justicia sin atarla a ningún cambio adicional, de la misma forma como lo eliminó hace siete años sin colgarle otras reformas.

CÉSAR RODRÍGUEZ GARAVITO* Y RODRIGO UPRIMNY YEPES**
Para EL TIEMPO
*Miembro fundador de Dejusticia
**Director de Dejusticia

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