Parte de la clase política de Sucre apoyó entrada de 'paras' con crímenes como el de Edualdo Díaz

Parte de la clase política de Sucre apoyó entrada de 'paras' con crímenes como el de Edualdo Díaz

Cómo lo hicieron, está reconstruido en condena de 40 años contra el ex gobernador Salvador Arana, que abre la posibilidad para que parapolíticos respondan por delitos de lesa humanidad de las Auc.

07 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

El alto tribunal tuvo en cuenta en el fallo declaraciones como la de Diógenes Meza Villacob, un mesero que antes de ser asesinado para callarlo reveló apartes de una conversación entre los sicarios que mataron al ex alcalde de El Roble.

Cinco atentados sufrió el testigo. En el último y antes de morir dijo a la Fiscalía que los criminales estuvieron en el restaurante donde trabajaba y "riéndose de todo lo que hacían a don 'Tito' (como le decían al Alcalde), en la finca de Said Isaac. Dijeron que fue Arana quien les dio la orden de matarlo porque había hablado mucho y que todo estaba pago".

Con Meza van 11 las personas, entre testigos y supuestos cómplices del crimen, asesinadas a lo largo de los seis años que ha durado ese proceso. Entre las muertes supuestamente relacionadas con el caso del Alcalde de El Roble está la de un hermano de Juan Pablo Villora, ex 'para' que declaró contra Arana. El mismo Villora fue víctima de un atentado en la cárcel.

Según señaló el testigo, Arana pagó 120 millones de pesos por la muerte de Díaz.

La Corte Suprema también llamó la atención sobre la posible participación de amistades de Díaz en el Crimen.

Al Alcalde, quien anunció su asesinato dos semanas antes en un consejo comunal con el presidente Álvaro Uribe, lo convencieron de asistir a una reunión con el jefe paramilitar alias 'Cadena' el día que fue asesinado, entre otros el asesinado Munir Cadavid.

La familia del alcalde, tras conocerse la condena de Arana, también pidió a las autoridades esclarecer la posible participación de Guillermo Merlano Martínez, procurador regional de Sucre, y de Jaime Gil Ortega, procurador provincial de Sincelejo, en el crimen.

REDACCIÓN JUSTICIA

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