De salarios y trabajo

De salarios y trabajo

05 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

En los próximos días, y tal como es tradición en esta época navideña, comenzará a subir de tono el debate en torno al salario mínimo legal (SML) que regirá a partir del primero de enero del 2010 y que hoy se encuentra en 496.900 pesos. La razón no es otra que la reunión programada de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por la Constitución de 1991 y en la cual participan miembros del Gobierno, así como representantes de los trabajadores y el sector privado. Dicho ente tiene la obligación de buscar un consenso entre las partes, pero la ley prevé que cuando este no se logre antes del 30 de diciembre el Ejecutivo expedirá un decreto para fijar el SML.

Con pocas excepciones en los últimos años, esa ha sido la constante en Colombia y nada indica que en esta ocasión vaya a suceder algo diferente. El motivo es que las centrales obreras han destapado sus cartas, en las cuales hay una petición de incremento del 8 por ciento. Por su parte, los empresarios han dicho que el reajuste debe considerar tanto la inflación como el aumento de la productividad. Si se tiene en cuenta que la primera debería ser inferior al 3 por ciento en el 2009 y mantenerse en ese nivel en el futuro, y que la segunda tuvo una caída del 3,5 por ciento, según lo certificó el lunes pasado Planeación Nacional, es claro que hay quienes piensan que el mínimo debería seguir constante.

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Sin embargo, algo de ese tenor no solo sería un imposible político, sino que chocaría con varias sentencias de la Corte Constitucional. Es por ello por lo que la mayoría de los observadores le apuesta a una elevación del 3 por ciento, que llevaría el SML a cercanías de los 512.000 pesos mensuales. Tal incremento serviría para ponerles un ancla a las expectativas de aumento de precios y condicionaría otro tipo de alzas, pues diferentes servicios o multas en el país se tasan con respecto al mínimo. En respuesta, no faltarán los lamentos de quienes consideran que esa cifra es insuficiente, complementados con los especiales periodísticos que demuestran que dicho nivel de ingresos no le alcanza a una persona para vivir dignamente, sobre todo en las grandes capitales.

Y aunque esa discusión es válida, también es necesario darla con un lente más amplio, más aún si se tiene en cuenta que el principal drama que enfrentan los colombianos es el del creciente desempleo. Así lo dejó en evidencia el Dane, cuando reveló que en octubre la tasa de desocupación nacional llegó al 11,5 por ciento, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del 2008. En cifras brutas, 2,5 millones de personas no tienen trabajo y las expectativas de que esa cifra disminuya no son las mejores, ante la debilidad manifiesta de sectores como la industria y el comercio. Por otra parte, el subempleo, que afecta a unos 9,5 millones de ciudadanos, que constituyen la mitad de la población ocupada, ha venido creciendo a tasas superiores al 30 por ciento anual, algo preocupante para un país que ha intentado, sin éxito, romper las cadenas de la informalidad.

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De manera que un análisis simplista llevaría a la conclusión de que un aumento desproporcionado del salario mínimo podría generar una mayor tasa de desempleo, tal como ocurrió a finales de la década pasada. Pero, a pesar de que el SML de Colombia ha crecido 11,5 por ciento en términos reales desde el 2002, según cálculos de Anif, y que es uno de los más elevados de América Latina, ese no es el principal problema. Diversos estudios académicos sugieren que a lo largo de los últimos tiempos se ha acentuado en el país un sesgo en contra de la generación de nuevos puestos de trabajo, mientras que las reformas han beneficiado al capital. Dicho de otra forma, al sector privado le resulta más atractivo invertir en máquinas que en ampliar la planta de personal.

La razón fundamental son los llamados impuestos a la nómina, los cuales se llevan 58 por ciento de lo que cuesta contratar a alguien de manera formal. Una parte la pagan las personas, como contribución a la seguridad social en salud y pensiones. Pero la mayoría les corresponde a las empresas, que, además, tienen que hacerles aportes al Bienestar Familiar o al Sena, entre otros. Dicha circunstancia explicaría por qué la tasa de desempleo colombiana es la más alta del continente entre las economías relevantes, así como la gran informalidad, pues tan solo 27 por ciento de los trabajadores tienen un empleo con todas las de la ley. Esa situación también actúa como un lastre que impide que el país crezca más rápido, lo que perpetúa la elevada pobreza y la desigualdad y sirve como caldo de cultivo a la ilegalidad y la violencia.

Por lo tanto, y más allá de definir el nuevo nivel del salario mínimo con un decreto, no estaría de más que los dirigentes colombianos volvieran a pensar en el empleo. Ese ejercicio, sin embargo, no debería llevar a promesas vacías, tan típicas de épocas electorales, como la que apenas comienza. En cambio, los estudios ya hechos por diferentes entidades deberían servir de insumo para reformas profundas concentradas en un solo objetivo, sin desconocer los altibajos propios del ciclo económico: que baje la desocupación y que se aproveche el potencial de un pueblo que es y quiere ser trabajador.

editorial@eltiempo.com.co

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