'Los Aniquiladores' del Calibío, un grupo de contraguerrilla, involucrados en una decena de casos

'Los Aniquiladores' del Calibío, un grupo de contraguerrilla, involucrados en una decena de casos

Mañana, la Fiscalía define la suerte de 17 de sus miembros. Todo apunta a que el batallón está implicado en ejecuciones extrajudiciales por las que pagó recompensas.

17 de octubre 2009 , 12:00 a.m.

La Laguna del Miedo. Ese es el nombre de una vereda ubicada en Yondó (Antioquia), en la que aparecieron, el 30 de enero del año pasado, los cuerpos de Róbinson Antonio Trujillo, de 26 años, y de su cuñado, Javier Leonardo Franco Carvajalino, dos jóvenes de Barrancabermeja (Santander) que, un día antes, habían anunciado que iban a hacer un trabajo a Puerto Berrío (Antioquia).

Oficialmente, ambos murieron en un enfrentamiento entre miembros de bandas emergentes y el grupo de contraguerrilla 'Los Aniquiladores', perteneciente al Batallón Calibío del Ejército, que está adscrito a la Brigada 14, con sede en Cimitarra, Santander.

Según el comunicado oficial, los muchachos llevaban armas cortas que dispararon contra los miembros de la tropa, cuando éstos desarrollaban una operación denominada 'Esturión'.

Pero testimonios y pruebas técnico-científicas le están dando la vuelta a la historia oficial. Las evidencias señalan que lo ocurrido ese día es un nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' y la primera pieza de al menos cinco episodios idénticos ejecutados por miembros del mismo batallón.

En este caso de 'Los Aniquiladores' también hay un reclutador, más de 17 uniformados implicados y una serie de aparentes enfrentamientos sucesivos, entre finales del 2007 y mediados del 2008, que dejó más de una decena de civiles muertos.

La primera alerta de que algo extraño pasaba la recibieron los investigadores seis días después del supuesto combate.

Familiares de las víctimas identificaron a dos reclutadores conocidos con los alias de 'el Mocho' y 'Bombillo', quienes se encargaban de ofrecerles trabajo a muchachos de Santander, cruzaban con ellos el río Magdalena y los dejaban en el área de acción del Batallón Calibío. Luego aparecían como bajas en combate.

"Mi hijo estaba en la casa cuando vino un señor que se conocía como 'el Mocho' (Blainer) y lo convidó a que lo acompañara a la Laguna del Miedo a hablar con unas personas -recuerda José Domingo Trujillo, padre de una de las víctimas-. Yo no me opuse porque conocíamos de vista, hacía un poco más de seis meses, a 'el Mocho', de quién sabíamos trabaja con el Ejército, al servicio del escuadrón de contraguerrilla denominado ''Los Aniquiladores'".

Muerte sistemática

Pero los reclutadores son solo la pieza más pequeña de la maquinaria de muerte que, según la evidencia, funcionaba en la zona. El engranaje principal, según las investigaciones, lo integraban militares de esa guarnición, cuya lista la encabezan el comandante de ese grupo, coronel Wilson Ramírez Cedeño; el oficial de operaciones Carlos Ávila; el capitán de Inteligencia, Javier Alarcón, y una lista de 14 uniformados más, entre los cuales hay mayores, sargentos y soldados.

La Fiscalía les definirá mañana su situación jurídica.

Pero las cosas se pueden complicar para varios miembros del Batallón Calibío. Además de estas dos muertes, los investigadores descubrieron que, en cinco despachos de la Unidad de Derechos Humanos, hay igual número de procesos en los que también se indagan ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' y en los que están implicados hombres de esa unidad, quienes replicaron un mismo patrón.

El siete de junio del año pasado hubo un enfrentamiento similar al de la Laguna del Miedo, en la vereda La Carlota; en enero de ese mismo año el supuesto combate se produjo en Pueblo Nuevo (Antioquia); el 21 de mayo, el choque armado ocurrió en una vereda de Puerto Berrío; y el 13 de marzo del 2007, en Yondó.

"Estamos haciendo un barrido en juzgados de Antioquia y Santander en donde sabemos que hay otros casos de homicidio contra miembros de este batallón, y en los que las víctimas eran civiles. La decisión es intercambiar información y testigos de todos los expedientes para descifrar el patrón que usaba", le dijo a EL TIEMPO uno de los miembros del grupo de trabajo que indaga el caso y en el que participa el Ministerio Público.

Asesinato, falsedad y peculado

Y a diferencia de otros expedientes de ejecuciones extrajudiciales, los investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía evalúan si, además de imputarles cargos por homicidio en persona protegida, piden que sean juzgados por fraude procesal, falsedad documental y peculado por apropiación.

Los cargos están relacionados con las maniobras que los militares habrían realizado para 'legalizar' las bajas en combate, presentar ante las autoridades falsos informantes y entregar millonarias recompensas. Según la investigación, el dinero de las recompensas se utilizaba para costear los desplazamientos de las víctimas hasta la zona de influencia del batallón y comprar armas en el mercado negro, que luego aparecían en la ropa de los muchachos.

David Ravelo, directivo de Credhos -ONG que trabaja por los Derechos Humanos-, dijo que el 8 de octubre representantes de la comunidad de Yondó y Barrancabermeja se reunieron con un coronel del Batallón Calibío, en la oficina de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Barranca. Ese día, el oficial les dijo que ya les habían abierto investigación a varios militares por las muertes de civiles presentados como bajas en combate y que el proceso estaba marchando.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co

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