Más de dos mil colombianos habían sido asesinados en falsos positivos, según informe de la Fiscalía

Más de dos mil colombianos habían sido asesinados en falsos positivos, según informe de la Fiscalía

De acuerdo con el documento, 59 de ellos serian menores de edad y 122, mujeres.

17 de octubre 2009 , 12:00 a.m.

En el caso de soacha, 48 militares estan a punto de ser llamados a juicio.

A condenas de hasta 60 años se exponen los 48 militares involucrados en el escándalo de los jóvenes desaparecidos de Soacha y reportados muertos en combate en los santanderes, que estalló hace ya un año.

Hasta un soldado profesional que estaba de licencia y que apareció reportado como una baja en combate con tropas del Batallón Santander, en la zona de Ocaña, figura en la lista de víctimas de 'falsos positivos' de esa unidad militar, la más cuestionada por el caso de los muchachos que desaparecieron en Soacha y que luego fueron asesinados.

El expediente de la Procuraduría sobre el caso de Soacha dice que los muertos por este caso serían más de 30 y no 16, como se creía hasta ahora.

La Fiscalía, entre tanto, está lista para acusar a dos coroneles, un mayor y otros 43 uniformados por 13 de esas muertes. Los tres fiscales que llevan las investigaciones consideran que deben ir a juicio por delitos que les darían hasta 60 años de cárcel. Y esos delitos son: homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada y falsedad.

Estos militares formaban parte de cuatro unidades de Norte de Santander y Santander y, según la Fiscalía, participaron en una tenebrosa empresa criminal cuyo descubrimiento llevó, en noviembre pasado, a la más grande purga militar en la historia reciente del país: 27 militares destituidos, y entre ellos, cuatro generales.

Un año después, los correctivos tomados por el Ministerio de Defensa y los Comandos del Ejército y las Fuerzas Militares para 'parar en seco' los casos de 'falsos positivos' parecen haber funcionado.

Un informe del Cinep revelado el viernes señala que mientras en el primer semestre del año pasado se denunciaron 106 casos de 'falsos positivos', en el primer semestre de este año hubo dos denuncias.

El Ministerio de Defensa dice que después de la purga solo hay una denuncia concreta: Arnobis Negrete desapareció el 24 de diciembre en Montería y a los dos días fue presentado como baja del Batallón Rifles.

No obstante, tanto Fiscalía como Procuraduría siguen encontrando indicios de irregularidades en operaciones de años anteriores. De hecho, la planta de investigadores de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía tendrá que ser ampliada de manera urgente para evitar que colapse por cuenta de los 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones.

Más de 2.000

De sus cien fiscales, 62 han tenido que ser asignados a estos procesos, que por ahora dejan un saldo de 2.077 colombianos asesinados: 59 de ellos eran menores de edad y 122, mujeres. Entre estos últimos casos está el de una muchacha de Ocaña que tenía una vestimenta que la Fiscalía considera "demasiado urbana" como para haber buscado un combate: llevaba short y sandalias.

Por esos casos, hay 137 condenas contra militares y 396 tienen órdenes de captura.

Las investigaciones de la Procuraduría están concentradas en tres divisiones del Ejército: La Séptima, la Segunda y la Quinta, con jurisdicción en 16 departamentos de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y en el centro. Sin embargo, los casos están regados por todo el país.

Durante los últimos siete años, el Ministerio Público ha abierto 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Los militares investigados hacen parte de 35 brigadas (diez de ellas móviles); 481 son oficiales, entre ellos 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458, soldados.

Además, miembros de otras instituciones empiezan a aparecer en los expedientes.

En octubre del 2005, Gabriel Valencia Ocampo, un campesino de Argelia (Antioquia), buscó protección en la estación de Policía, pero de allí se lo llevaron militares del Batallón Juan del Corral que dijeron que era un desertor. Al día siguiente apareció como muerto en combate. Por encubrir ese crimen, el capitán de la Policía Alexander Amézquita acaba de ser detenido. Por ese caso, un teniente del Ejército y tres soldados fueron condenados a 33 años.

600 kilómetros hacia la muerte

El caso Soacha es tal vez el más emblemático de los 'falsos positivos'. ¿Qué es lo que ha determinado la justicia? Los investigadores reconstruyeron una mortal ruta de 600 kilómetros que se inició al sur de Bogotá y que terminó, para algunas de las víctimas, en la frontera con Venezuela.

Una familia que llegó del norte del país hace varios años y que montó en el barrio San Nicolás de Soacha una tienda, 'Los Costeños', es clave en el caso.

Edith Palomino, la dueña y quien es la esposa de Alexander Carretero Díaz, que reclutó con falsas ofertas de trabajo, algunas ilegales, a varios de los jóvenes asesinados. Su hermano es Dairo Palomino, militar de inteligencia del Batallón Santander y que hoy está preso por esas muertes. Ender Obeso Ocampo ('Pique'), y Uriel Ballesteros Obeso, ('Pocho'), son primos de la mujer. Ellos también reclutaron.

Lo que dicen Fiscalía y Procuraduría es que en los informes sobre las operaciones hay tantas inconsistencias que es casi imposible que los mandos de esas unidades no hubieran notado que algo olía mal. "Allá se violaron todos los mínimos de la doctrina militar", reconoce el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo.

En las versiones no cuadraba, por ejemplo, la munición reportada por los militares. A Julián Oviedo, de 19 años, se lo llevaron de Soacha el 2 de marzo del 2008. Fue la única baja de un supuesto combate ocurrido en Ocaña al día siguiente. Según los informes militares, era del Eln, tenía granadas en los bolsillos y falleció por seis balas de fusil. El reporte dice que los soldados dispararon 550 veces.

Un caso aberrante

El caso de Fair Leonardo Porras es quizás el más aberrante de todos. Este joven de 26 años, y que padecía problemas sicomotrices, recibió de Carretero le suma de 200 mil pesos y salió de Soacha el 8 de enero del año pasado.

Carretero se lo entregó a su cuñado, Dairo José Palomino y cuatro días después el joven fue reportado como única baja de la 'Operación Soberanía', contra las 'Águilas Negras'.

Lo que nadie pudo explicar es por qué Fair, además de sus impedimentos físicos que claramente lo inhabilitaban para la guerra, había disparado con la mano derecha, si era zurdo. "¿Cómo no decir que a esta persona se le puso en estado de indefensión, si en su simple naturaleza lo era?", cuestionó la Fiscalía.

¿Qué ganaban los militares implicados en estos horrores? Reconocimientos y permisos por cada muerto en combate. Todavía se investiga si se desvió plata de recompensas, pues un supuesto informante denunció que recibió 150 mil pesos por firmar un papel sobre una operación que, en registros oficiales, está consignada como un pago de 2,5 millones de pesos.

Dos Gaulas, en la mira de la Fiscalía

Aunque los investigadores han logrado establecer una especie de patrón en los diferentes casos en todo el país, solo se ha podido documentar un vínculo directo entre los 'positivos' irregulares de dos unidades militares: el Santander y la desaparecida Brigada Móvil 15, en el Catatumbo, donde suboficiales de inteligencia se pusieron de acuerdo para llevar a varios de los muchachos de Soacha.

Se investiga el recorrido de varios oficiales y suboficiales por unidades cuestionadas y, dicen los investigadores, está pendiente el capítulo del posible desvío de plata de gastos reservados como uno de los motores de esta práctica.

La Fiscalía encontró, por ejemplo, que en Córdoba y Sucre las víctimas eran jóvenes entre los 12 y los 25 años, en general reclutados en otras zonas y muchos de ellos desmovilizados. Varias de las víctimas eran indigentes traídos de Antioquia.

En Atlántico, la modalidad fue de "reclutamiento puro". De allá salieron al menos 40 muchachos, la mayoría de ellos antiguos combatientes del 'Bloque Catatumbo' de las Auc, rumbo a Córdoba, Cesar y Sucre. El reclutador era otro ex Auc.

Dos Gaulas están cuestionados: los de Córdoba y Casanare. En este último departamento, dice un informe oficial, "se ha constatado que las víctimas fueron sacadas bajo engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como bajas en acciones antisecuestro".

Condena para un reclutador

José Dionisio Ramos, alias 'Joselito Carnaval', es el primer reclutador de los falsos positivos condenado por la justicia. Está asociado a varios casos de Sucre que significaron sentencias de 17 y 20 años, entre estos el de los 11 jóvenes de Toluviejo (foto), reportados como bajas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.

En su último informe sobre el tema, el Centro de Investigación Popular, Cinep, reconoce una disminución sustancial de los casos por las medidas que adoptó el Ministerio de Defensa. En comparación con el primer semestre del 2008 se pasó de 106 casos a 2, y de 102 víctimas a 4.

El Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría destaca que denuncias de Afusode, que reúne a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provocaron amenazas y hostigamientos contra parientes de personas muertas en 'falsos positivos'. Les exigieron no continuar con testimonios ni averiguaciones.

El batallón La Popa de Valledupar es uno de los más cuestionados por Derechos Humanos. Once de sus militares, entre ellos diez oficiales, fueron retirados en enero. El más conocido: el coronel Hernán Mejía, investigado por el caso de 'las bajas' de 19 'guerrilleros', que aparentemente eran 'paras'.

20 militares del Gaula Casanare son investigados por al menos cuatro casos de aparentes muertes fuera de combate en el 2007. Uno de esos episodios es el de los hermanos Gustavo y Yefer Mora, el 30 de marzo, en Aguazul. Fueron sacados de una fonda y reportados como bajas del Eln.

Las víctimas del caso Soacha son Fair Porras, Steven Valencia, Victor Gómez, Jader Palacios Bustamante, Jonathan Soto, Julio César Mesa, Joaquin Castro, Daniel Martínez, Diego Marín, Julian Oviedo, Diego Tamayo, Elkin Verano, Jaime Castillo, Eduardo Garzón Páez, Daniel Pesca Olaya y Alexander Arenas.

El soldado Miguel Anaya no es el único militar víctima de falsos positivos. Néstor Esquivel, del batallón Rifles de Caucasia, salió de permiso a Montería por una enfermedad. Al regresar a Caucasia murió en un supuesto combate. Fue presentado como guerrillero el 24 de septiembre del 2007, muerto en La Guajira.

REDACCIÓN JUSTICIA Y UNIDAD INVESTIGATIVA

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