4 billones pierde el país cada año por la corrupción

4 billones pierde el país cada año por la corrupción

CAMBIO presenta un panorama de la expansión de un fenómeno que afecta a los 32 departamentos del país.

30 de septiembre 2009 , 12:00 a.m.

Una buena tajada de los 174.000 millones de pesos que desde 2007 ha entregado el Gobierno mediante el programa Agro Ingreso Seguro, ha ido a parar a los bolsillos de miembros de las castas políticas del litoral Caribe y hasta de reinas de belleza. La Contraloría, rezagada en la misión de recuperar más de 1,5 billones de pesos del erario que se han embolsillado funcionarios venales, destina parte importante de su presupuesto para alimentar una nómina paralela que, en promedio, cuesta 12.000 millones de pesos el semestre. En el Inco, hace solo unos días, rodaron las cabezas del director y tres funcionarios por cuenta de una grabación revelada por la Casa de Nariño en la cual había evidencia de negociaciones de coimas en el proceso de adjudicación de la línea férrea del Centro, un negocio que terminará costando 1,3 billones de pesos. Las continuas denuncias de corrupción, que cada año le significan al Estado más de cuatro billones de pesos, llevaron al procurador Alejandro Ordóñez a diseñar una estrategia que ha llamado "de choque", para revivir grandes casos de corrupción que duermen desde hace años en los anaqueles del Ministerio Público. Se trata de asaltos al erario por no menos de 11,5 billones, el 95 por ciento de los cuales afecta a municipios y departamentos.

En 750 entidades regionales y municipales, funcionarios corruptos han saqueado cuatro billones por concepto de regalías (Cesar se destaca por el mal uso de las regalías del carbón). Los procesos comprometen a 48.000 funcionarios, entre ellos 800 alcaldes y 30 gobernadores y, según la Procuraduría, esta es solo la punta del iceberg de la corrupción.

Una encuesta que la Universidad Externado de Colombia adelantó entre un grupo representativo de empresarios sobre cuál es el monto de las comisiones que tienen que pagar para hacerse a un contrato o ganarse una licitación, indica que es del 13 por ciento en promedio. Basados en esta cifra, el zar anticorrupción Óscar Ortiz y un equipo de colaboradores calcularon que si el presupuesto general de la Nación es de 30 billones de pesos -presupuesto de este año-,  por el solo concepto de coimas el Estado perdería 3,9 billones de pesos, cifra similar a la calculada por la Procuraduría.

Según esto, la corrupción en materia de contratación pública duplicaría el costo anual de seguridad democrática -dos billones de pesos, en promedio, según el PNUD-, y superaría en 700.000 millones de pesos las reservas por 3,2 billones de pesos para contingencias: reparación a víctimas de la violencia, reliquidación de pensiones, pago de deudas por bonos pensionales y pago de sentencias judiciales. Con la misma suma podrían darse 152.113 subsidios de vivienda para personas marginadas, a razón de un poco más de 11,5 millones de pesos cada uno.

Transparencia Internacional Colombia, que aún no tiene una medición general confiable del fenómeno porque sus múltiples expresiones impiden establecer indicadores claros, considera, sin embargo, que los cálculos hechos por el Zar anticorrupción son relevantes.

CAMBIO investigó sobre lo que ocurre en el país en materia de corrupción e hizo un muestreo que ilustra la magnitud del fenómeno. Nunca los inspectores de Policía que atienden en el sector comprendido entre las avenidas Circunvalar y La Cordialidad, en Barranquilla, habían trabajado en forma tan febril. A sus despachos todos los días llegan personas que dicen ser dueñas de los predios aledaños al Metroparque donde será construida una nueva zona franca y quienes, escrituras en mano, alegan que sus propiedades están ocupadas en forma ilegal. Los funcionarios inician querellas por "perturbación a la posesión", que son resueltas con inusitada rapidez a favor de los reclamantes, quienes curiosamente son en su mayoría parientes o amigos de funcionarios de la administración distrital que saben cuánto se han valorizado los terrenos.

Los que han denunciado las anomalías aran en el desierto. Nadie se da por enterado de que la mayoría de las escrituras presentadas son falsas. Tampoco surten efecto las denuncias contra el jefe de la Oficina de Inspecciones y Comisarías por el traslado al sector de funcionarios que saben que los predios avaluados en 400 millones de pesos el año pasado, hoy pueden costar 1.500 millones. Facilitar esos negocios podría significarles jugosas comisiones a inspectores venales.

La corrupción se extiende como mancha de aceite a lo largo y ancho del país. De muy poco o nada han servido las campañas educativas y de actualización de los procesos de contratación pública promovidas por los órganos de control en un documento llamado a propósito "Manual de la Tramparencia" para la prevención de 40 modalidades de fraude preparado por la oficina del Zar anticorrupción.

Por ejemplo, en Catangallo, un municipio del sur de Bolívar de 9.500 habitantes, el Alcalde adjudica contratos a dedo pese a que la cuantía de algunos de ellos obliga a hacerlo mediante licitación, como lo establece la Ley 80 de contratación. Pero con el argumento de "urgencia manifiesta", el Alcalde contrata en forma directa, sin motivación específica y sin autorización previa. "Aquí estamos viviendo como animales -dice una de las consideraciones de un decreto para la contratación directa de unas obras públicas-. El innegable estado constitucional de las cosas es un hecho supernotorio". 

Contrario a la creencia generalizada, la corrupción no está más extendida en las costas que en el resto de las regiones. En el Eje Cafetero proliferan denuncias sobre tráfico de subsidios del programa presidencial Familias en Acción, que incluso se ha prestado para la suplantación de beneficiarios. Por ejemplo, en Salamina, Caldas, la Oficina de Desarrollo Comunitario ha certificado pagos mensuales a familias que aún no han recibido un peso, y entidades bancarias tienen registradas las operaciones de pago.

También ha hecho carrera la idea de que la corrupción está más extendida entre funcionarios del Ejecutivo y de que en esa rama del poder se presentan los casos más graves. No es cierto. Los jueces no escapan al fenómeno. Por ejemplo, 11 de los 32 alcaldes del Chocó se han quejado ante el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia porque por cuenta de embargos decretados por jueces que reconocieron obligaciones inexistentes de sus municipios con particulares, carecen de recursos de inversión.

Tampoco la corrupción es mayor en municipios alejados de los grandes centros urbanos o de regiones apartadas. En Bogotá, por ejemplo, cursan medio centenar de investigaciones penales y disciplinarias contra el llamado "cartel de los embargos", una red de la que hacen parte jueces, abogados litigantes y particulares para apoderarse de cuantiosos recursos públicos. Y en Santa Marta, la juez segunda Civil Magaly Esther Suárez Ariza, destituida a comienzos de septiembre por el Consejo Seccional de la Judicatura, figura en la lista de 10 funcionarios judiciales involucrados en un fraude por 20.000 millones de pesos al ISS. El saqueo se produjo mediante el cobro de deudas y títulos inexistentes. Además de jueces, en el fraude intervinieron directivos del Instituto, y la Fiscalía indaga si los hilos de la trama fraudulenta eran movidos desde la cárcel por el ex congresista Miguel Pinedo Vidal, recientemente puesto en libertad dentro del proceso de la 'parapolítica'.

Alto riesgo

Una de las más recientes mediciones de Transparencia Internacional (2006), indica que 16 de los 32 departamentos presentan riesgos de corrupción entre 'medios' y 'muy altos' en el manejo de los asuntos públicos. El promedio de riesgo en los gobiernos departamentales pasó de 50,47 a 59,64 por ciento entre 2003 y 2006 (ver mapa).

Por otra parte, un estudio sobre las sanciones disciplinarias por corrupción entre 2004 y 2008 y su impacto regional, hecho por el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales Carlos Augusto Mesa, y el gerente de Información Misional de la Procuraduría Gabriel Jaime Dávila, revela que el campeonato se lo llevan la Orinoquia y la Amazonia, las mismas regiones que, según Transparencia, presentan los índices de riesgo más altos, junto con el Magdalena. Cundinamarca y Bogotá, en cambio, registran el menor número de sancionados, aunque proporcionalmente el volumen de quejas es superior.

La Procuraduría contrastó su información con la de la Fiscalía y encontró proporciones similares en el número de procesos penales activos. En Guanía, 79; en Arauca, 23, y solo 12 en Bogotá (ver gráficos). Sin embargo, un investigador de la Procuraduría advierte que "la medición revela también un hecho sobre el cual no hemos llamado suficientemente la atención, y es que los órganos de control y de administración de Justicia han mirado más hacia la periferia que hacia el centro". En otras palabras, que Procuraduría, Fiscalía y Contraloría deberían concentrar más esfuerzos en los centros de decisión, que es donde estaría más enquistada la corrupción.

Basado en la información obtenida de fuentes oficiales y de reportes de corresponsales, CAMBIO trazó un mapa de la corrupción y pudo establecer que las regalías siguen siendo el principal botín de los corruptos, pese a medidas como su congelamiento y el control sobre la transferencia de recursos. Y confirmó que las normas sobre contratación pública se han convertido en rey de burlas y que, mediante esguinces a la ley, los corruptos hacen su agosto.

Orinoquia

Los réditos de la explotación de los 30 pozos petroleros del piedemonte llanero de los últimos 10 años, habrían alcanzado para resolver los problemas sociales que agobian a Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Diecisiete obras públicas, cuyos costos oscilan entre 2.000 y 10.000 millones de pesos, están abandonadas. 

Pero no solo eso. Parte sustancial de las regalías son manejadas mediante intermediarios del mercado bursátil y terminan embolatadas o se evaporan. La Fiscalía investiga la forma como el alcalde de Arauca, William Alfonso Cadena, negoció cerca de 16.000 millones de pesos con Probolsa que, al parecer, le ofrecía excelentes rendimientos y una comisión personal. Presionado por los órganos de control, el municipio inició acciones para recuperar el dinero pero recibió 2.000 millones de pesos menos de lo que había entregado. ¿Y el resto del dinero? ¿Y los intereses? Los investigadores analizan versiones que van desde peculado masivo hasta presiones del Eln para hacer la operación.

Según seguimientos hechos por la oficina del zar anticorrupción Óscar Ortiz, las auditorías especiales a la Gobernación de Casanare y a la Alcaldía de Yopal sobre la destinación de las regalías, permitieron establecer que casi todas las obras públicas financiadas con esos recursos están abandonadas. Por ejemplo, el Museo del Hombre, un típico hato llanero con siete edificaciones que representarían los departamentos llaneros, proyectado como importante centro cultural, solo tuvo dos torres de las cuales una se desplomó y la otra amenaza ruina.

A la lista de 'elefantes blancos' se suman el parque recreativo y la planta de sacrificio de pollos de Yopal, y una vía que no lleva a parte alguna. Por estos hechos hay siete investigaciones por enriquecimiento ilícito aún no falladas, y solo hay dos detenidos de rango medio.

Amazonia

El 9 de julio, la Procuraduría ordenó suspender por tres meses al gobernador de Putumayo, Felipe Guzmán Mendoza, quien tiene el dudoso mérito de haber desarrollado por lo menos 19 formas de eludir la Ley 80 de contratación, como fraccionamientos, sobreprecios, desvío de recursos y favoritismos, entre otros. Una de las múltiples irregularidades tiene que ver con un contrato para la compra de juguetes de Navidad que nunca llegaron a los niños del departamento.

El día en que Guzmán fue notificado de su suspensión, les dijo a sus amigos que si no salía 'indemne', volvería a hacer política con los ahorros hechos en todos sus años de trabajo. Les puso de ejemplo a su amigo Félix Acosta, gobernador de Amazonas, quien pese a que fue condenado por la Corte Suprema por fragmentación de contratos, sigue moviendo los hilos de la política regional desde su casa. Allí, gracias a un dudoso certificado médico por un problema de diabetes, sigue purgando su pena y atiende no menos de 30 audiencias diarias.

La Licorera de Caquetá, una de las pocas empresas públicas rescatables del departamento, le confió la producción de 480.000 unidades de aguardiente Extra a la cuestionada Industria Licorera de Caldas, y por cuenta de ello los intermediarios sacan tajada y las transferencias a salud y educación se han reducido en más del 30 por ciento.

Región andina

Un funcionario del Programa Anticorrupción de la Presidencia que evaluó el nivel de moralidad administrativa en Antioquia, apeló a una fórmula coloquial para presentar su informe y dijo que en ese departamento, que se ha caracterizado por la eficiencia de sus empresas públicas, está extendiéndose la modalidad del MTC que, en buen romance, quiere decir "Miguelito también come".

Los ejemplos que dio no se referían a megaproyectos como hidroeléctricas o grandes vías y autopistas, sino a "proyectos creativos" como la llamada Patrulla Inteligente que quiere crear la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para combatir el hampa en Sabaneta.

El funcionario reveló que un ingeniero que quería participar en el proyecto, presentó evidencia de que un suboficial, miembros del comité de evaluación del proyecto, le exigió un porcentaje del contrato a cambio de meterlo en el negocio. Cerca de 75 denuncias como esta, relacionadas con procesos de contratación, llegaron este año a las Procuradurías departamental y provincial, de las cuales 14 fueron trasladadas a Bogotá dada su gravedad.

La Alcaldía de Bogotá también ha sido cuestionada por manejos dudosos de multimillonarios contratos. Luis Bernardo Villegas, primer secretario de Movilidad de la administración de Samuel Moreno, y quien fue destituido, estuvo a punto de abrir una licitación por cerca de dos billones de pesos para dotar a la ciudad de detectores electrónicos de infractores de tránsito, pero la Contraloría Distrital la paró porque descubrió irregularidades y posible favorecimiento a dos consorcios, uno de los cuales estaba integrado por empresas de amigos suyos.

En Bogotá, el alcalde Moreno ha tenido que lidiar también con denuncias contra el ex secretario de Educación, Abel Rodríguez, por la compra de un lote por un valor siete veces superior al avalúo, caso que ya le costó una condena fiscal por 1.200 millones de pesos impuesta por la Contraloría Distrital.

Además, la Personería abrió investigación disciplinaria contra la secretaria de Gobierno Clara López, por denuncias sobre maniobras para favorecer las aspiraciones de su esposo, el ex concejal Carlos Romero, a una curul en el Senado.

Región Caribe

Riohacha está expuesta a los embates del mar en épocas de marea alta y por esa razón, en 2007, la administración de José Luis González Crespo destinó 22.500 millones para la construcción de 12 espolones para contener las aguas.

Sin embargo, solo hay seis construidos, no todos en las zonas demarcadas en el proyecto, que se han convertido en focos de contaminación. Finalizar el proyecto cuesta 16.000 millones, algo así como el 20 por ciento de lo que valdría llevar agua potable a regiones que carecen del servicio.

En Magdalena, uno de los departamentos con los índices más altos de corrupción, según Transparencia, funcionarios judiciales y abogados han convertido los embargos a los recursos del Sistema General de Participaciones en fuente de enriquecimiento. El sistema recibe del Estado recursos para educación y salud, y pese a que no pueden ser objeto de medidas judiciales, son usados para respaldar deudas laborales reales y ficticias. Mientras tanto, profesores que trabajan sin contratos pero a quienes el Gobernador prometió incorporar a un régimen que les garantizaba estabilidad, llevan seis meses sin recibir un solo peso.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.