Opinión / La carrera / Wilson Leal Echeverry

Opinión / La carrera / Wilson Leal Echeverry

03 de septiembre 2009 , 12:00 a. m.

La reciente declaración de inexequibilidad del acto legislativo que determinaba la inscripción en el escalafón de carrera de los funcionarios que ocuparon en condición de provisionalidad cargos en el servicio público, constituye una más de las distintas situaciones de incertidumbre que el régimen de los servidores públicos ha tenido en el país en las dos últimas décadas. El denominador común del régimen de la función pública ha sido la inseguridad.

La Corte Constitucional anteriormente había cercenado la estabilidad jurídica a distintas decisiones que referían al régimen de carrera administrativa y en especial las concernientes a la comisión nacional del servicio civil.

Las verdaderas novedades en el pronunciamiento de la Corte se refieren a los efectos retroactivos de su decisión (con lo que corta de tajo la invocación de derechos adquiridos por parte de los servidores que potencialmente iban a ser beneficiados) y en la invocación de razones de fondo en el análisis del acto legislativo, en el entendimiento que el constituyente derivado no puede afectar el Estado de Derecho al reformar la Constitución.

Las enseñanzas del pronunciamiento jurisprudencial son variadas y muy importantes de cara a los retos que se avizoran en la función de la revisión constitucional de la Corte en el referendo reeleccionista; escenario en el cual el simple argumento del deseo de las mayorías de reformar la constitución puede ser insuficiente a la hora de examinar la coherencia de la segunda reelección en el marco de los principios democráticos del Estado de Derecho.

De otro lado, la decisión de la Corte significa un mensaje adecuado a los jóvenes que se preparan para acceder al servicio público y que veían cerradas las puertas del empleo estatal por la vía de la inscripción extraordinaria.

El mensaje es claro y contundente: la puerta de entrada al servicio público es el mérito establecido en procedimientos en los que se compite en franca lid, lo contrario no es democrático ni justo.
No se pierda de vista que la inscripción extraordinaria en el régimen de carrera administrativa privilegiaba como factor de ingreso el amiguismo, la recomendación política, el estatuo quo y no el mérito y el esfuerzo como factor de superación.

Si bien la decisión de la Corte seguramente no será bien recibida en el escenario burocrático de las administraciones, constituye un brillo lejano de esperanza de independencia judicial y una apuesta por el Estado de Derecho.

* Abogado

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