El referendo, un nuevo 'dilema' para la economía; expectativa por la vigencia de la Ley de Garantías

El referendo, un nuevo 'dilema' para la economía; expectativa por la vigencia de la Ley de Garantías

Aunque algunos señalan que al finalizar el año las contrataciones quedarán frenadas por cuenta de la Ley de Garantías, ahora también hay debate sobre si ésta sigue vigente o no.

02 de septiembre 2009 , 12:00 a.m.

¿La Corte avalará el referendo? ¿El presidente Uribe será candidato? ¿El referendo pasará el examen ante el pueblo? ¿La actual Ley de Garantías es aplicable a este nuevo hecho jurídico? Aunque la Cámara de Representantes ya le dio su 'bendición' al referendo reeleccionista, el camino no está despejado y le faltarían aún varios escaños para que se defina si Sí, o si No.

Este panorama incierto les da pie no solo a analistas locales, sino también ya hace un mes a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para advertir que la economía colombiana tendrá unos 6 ó 7 meses más de incertidumbre, que generarán efectos negativos sobre la economía, pero que no se pueden cuantificar.

Del otro lado están los operadores del mercado, que a diario perciben la reacción inmediata de diferentes actores ante los hechos que ocurren en el país y para quienes definitivamente no pasará nada, porque ya se da por descontado que las políticas uribistas tendrán continuidad.

La razón: según las encuestas, si no es Uribe será uno de sus 'pupilos' los que continuarán llevando las riendas del país, lo que implica continuidad en las políticas de confianza inversionista, seguridad democrática y cohesión social.

En el primer grupo están, entre otros, el ex ministro Juan Camilo Restrepo y el consultor Mauricio Cabrera, quienes creen que la incertidumbre que se ha vivido por varios meses, no sólo por la crisis mundial, sino por una posible reelección, se extenderá porque el Gobierno y el mismo Legislativo, seguirán distraídos en el mismo tema, mientras prácticamente ignoran asuntos tan graves como el desempleo y la pobreza.

Restrepo agrega otro ingrediente: la famosa Ley de Garantías que entraría a operar al terminar este año (sobre lo que no hay claridad todavía, porque algunos dicen que esa norma operó para 2006 pero hoy existen nuevas circunstancias jurídicas que no permitirían su aplicación) y que frenaría todas las contrataciones, lo que sería un palo en la rueda para que el Gobierno pueda seguir con su programa anticíclico.

Para Cabrera, además de la incertidumbre, hay un aspecto que califica de positivo: la decisión adoptada por la Cámara de Representantes el martes por la noche significará un efecto dinamizador para la economía. "Se aumentará el gasto público porque tendrán que pagar votos, hacer más inversión en las regiones donde los congresistas tienen que poner la cara y seguramente inyectarán también Familias en Acción", dijo.

La otra orilla

En el otro 'bando' están los operadores. Se encuentra por ejemplo el director de Investigaciones Económicas de Correval, Germán Verdugo, quien está seguro de que no habrá efecto alguno sobre la economía porque ese asunto no afecta la decisión de consumo e inversión, por lo menos hasta que no haya una noticia que diga que el presidente Uribe no será candidato.

"Aún en el evento de que el Presidente no se lanzará, los candidatos que hay punteando las encuestas son de la misma línea y eso es lo que determina la confianza inversionista", explicó. Igual piensan en Estudios Económicos del Bbva, en donde consideran que el escenario sería diferente si otros candidatos, totalmente contrarios a las políticas de Uribe, puntearan las encuestas.

Entre las dos orillas está el investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina quien pone sobre la mesa dos circunstancias opuestas. La primera, que es indiscutible que las políticas del Presidente han generado confianza entre empresarios y economistas, y eso significa que la posibilidad de que Uribe se presente a las elecciones lo único que genera es estabilidad y confianza hacia el futuro.

La segunda circunstancia para Reina es la incertidumbre, porque los meses que se tarde la Corte Constitucional en pronunciarse, luego en llevar esto a las urnas y conocer la respuesta de los colombianos, producirá cinco o seis meses de inestabilidad. "Esto va enmarcado en polarizaciones en torno al tema y un aumento del debate, creando incertidumbre, en un momento de la economía en que se necesita estabilidad y confianza para lograr la recuperación que se necesita" consideró el investigador.

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