Nación ganó la mayor demanda en su contra; una familia buscaba cobrarle 593 billones de pesos

Nación ganó la mayor demanda en su contra; una familia buscaba cobrarle 593 billones de pesos

La cifra, cuatro veces el presupuesto nacional anual, era lo que reclamaban los herederos de Mirócletes Duarango Ruiz, un hombre que en los treinta era uno de los mayores terratenientes de Antioquia.

29 de mayo 2009 , 12:00 a.m.

Los Duarango decían que Mirócletes era el propietario de un terreno de 1.926 kilómetros cuadrados conocido como 'Tierras del Oriente Antioqueño' y enclavado en jurisdicción de once municipios paisas. (Cocorná, Sonsón, San Carlos, Granada, San Francisco, El Carmen de Viboral, Guatapé, El Peñol, San Rafael, Puerto Nare y Puerto Berrío).

La demanda contra el antiguo Incora (hoy Incoder) fue radicada por los hermanos Enrique, Luz Elena y Gloria Durango, quienes dijeron que las tierras las heredaron en 1932 pero que nunca legalizaron la sucesión. Pedían reparación porque supuestamente el Estado dispuso de esos predios y allí aparecieron luego importantes yacimientos carboníferos que han dejado millonarias regalías al país. Pero, más importante aún, en la zona crecieron municipios en los que habitan hoy al menos 55 mil personas.

El Tribunal Administrativo de Antioquia -que revisó archivos históricos y registros de propiedad de la época, así como los testimonios de viejos habitantes del oriente antioqueño- determinó que no hay pruebas contundentes de que Mirócletes Durango fuera en realidad el dueño de esa tierra y tampoco encontró fallas en la manera como el Incora tomó posesión de esas tierras, a mediados de los 60.

Aunque la familia alega que en 1962 declaró ante el Incora la propiedad, el desaparecido instituto encontró tres años después que los terrenos no estaban siendo explotados y procedió a extinguir su dominio para reforma agraria.

La familia dice que el proceso de extinción de dominio, que terminó en el 2001, "impidió terminar la sucesión, acreditar la calidad de propietarios y, por ende, entrar a disfrutar legítimos derechos sobre el subsuelo".

Sobre este argumento, que según los demandantes les daba derecho a una reparación de 2,5 billones de pesos, el Tribunal asegura la pretensión sobre la mina no tenía fundamento. Por todo esto condenó a la familia a pagar lo que le ha costado a la justicia colombiana este proceso.

Según los magistrados, no existen "fundamentos razonables" para la demanda y, por el contrario, la misma refleja "ausencia de lealtad con la administración de justicia".

REDACCIÓN JUSTICIA

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