Alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, seguirá en su cargo

Alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, seguirá en su cargo

Después de varios meses de expectativa, Consejo de Estado dejó a salvo elección de 'Mariamulata'.

07 de febrero 2009 , 12:00 a.m.

La Sección Quinta del Consejo revocó el viernes la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que hace ocho meses anuló su elección con el argumento de que estaba inhabilitada porque su esposo había sido Defensor Regional del Pueblo cuando ella lanzó su candidatura.

Los cuatro magistrados que estudiaron el caso determinaron por unanimidad que "(...) al Defensor Regional no le corresponde dirigir las políticas de la entidad ni controlar los programas y planes de la institución sino cumplir los señalados por el Defensor del Pueblo, el Secretario General y los Directores Nacionales".

En ese orden de ideas, señalaron, no pudo haber favorecido a su esposa en las elecciones regionales del 2007.

Pinedo fue demandada por su contrincante en las elecciones, Juan Carlos Gossaín, quien aseguraba que había violado el régimen de inhabilidades.

El caso fue estudiado inicialmente por el Tribunal administrativo de Bolívar, que aceptó los alegatos del demandante y declaró la nulidad de la elección.

"La Sección Quinta estudió todos los argumentos del fallo del tribunal y los propuestos en segunda instancia por el apelante y las partes, y de conformidad con las pruebas aportadas concluyó que en este caso no se evidenciaron los elementos que demuestran el ejercicio de autoridad según los requisitos previstos en la ley y la jurisprudencia", dijo el presidente del Consejo de Estado, magistrado Enrique Gil Botero.

El caso de la alcaldesa Pinedo comenzó a ser discutido por la Sección Quinta en octubre pasado. Mes y medio después decidieron hacer un receso en los debates y finalmente los retomaron hace dos semanas.

En un momento las posturas en torno al caso estuvieron parejas y se alcanzó a discutir la posibilidad de nombrar un conjuez, pero finalmente se llegó a un consenso.

Los magistrados del Consejo de Estado señalaron que los defensores regionales no tienen autorización para ordenar gastos, celebrar contratos o imponer sanciones disciplinarias, entre otras funciones que supuestamente podrían ser usadas para favorecer a alguien en una elección.

Su concepto fue diametralmente opuesto a los del Tribunal Administrativo de Bolívar, que incluso aseguraron que el Defensor Regional del Pueblo "ha desplegado actividades que influyen de manera directa en la sociedad, en la comunidad desplazada, en los contratistas e incluso en entidades privadas y publicas".

La Procuraduría también había pedido que Pinedo, conocida como 'Mariamulata' en la ciudad y quien logró imponerse a la clase política tradicional de la capital de Bolívar, siguiera en el cargo.

Según el Ministerio Público, el fallo del Tribunal se fundamentó en "un error" y reiteró que "(...) los Defensores no nombran, contratan ni disciplinan y por ello no ejercen autoridad".

Al final, para el Consejo de Estado quedó claro que en el caso del Defensor Regional de Bolívar "no se probó que ejerció autoridad civil ni administrativa dentro del periodo inhabilitante".

El caso de Serpa

El Consejo de Estado tendrá que resolver en las próximas semanas un caso casi copiado: el del gobernador de Santander, Horacio Serpa, cuya elección fue demandada porque su hermano Carlos Arturo era procurador agrario en ese departamento.

La decisión corre por cuenta, también, de la Sección Quinta. El caso fue inicialmente estudiado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente le entregó su credencial de Gobernador. Y en julio, el Tribunal Administrativo de Santander negó una demanda que los opositores de Serpa habían instaurado para tumbar su elección.

La demanda llegó al Consejo de Estado y señala que Carlos Arturo Serpa no renunció antes del 28 de octubre del 2006 a su cargo, lo que supuestamente inhabilitaría a su hermano.

En la decisión del Tribunal de Santander, los magitrados determinaron que no aplicaba la inhabilidad porque el procurador agrario "no tuvo ningún poder decisorio para alterar el equilibrio electoral".

REDACCIÓN JUSTICIA

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