Las razones del paro judicial

Las razones del paro judicial

Los problemas de los empleados de la rama judicial son serios y el ánimo vindicatorio del Gobierno no ayuda a superar la crisis.

08 de octubre 2008 , 12:00 a.m.

Cuarenta y dos mil funcionarios judiciales en cese de actividades, 98.000 sentencias frenadas, 18.000 mil audiencias de control de garantías pendientes y, peor aún, miles de delincuentes que recobran su libertad. Son sólo algunas cifras que muestran la gravedad del problema. En medio de este desolador paisaje, resulta justo reconocer que las demandas de Asonal Judicial no son nuevas. Los reclamos sobre sus condiciones laborales no surgieron de la noche a la mañana, ni pueden calificarse como oportunistas o de coyuntura. Desde hace varios años y en todos los tonos posibles, Asonal planteó al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno, la urgente e imperiosa necesidad de hacer una nivelación salarial acorde con las necesidades del servicio, la formación profesional y las nuevas responsabilidades que las leyes les han asignado, en la mayoría de los casos sin tener en cuenta la ya casi insuperable congestión de los despachos judiciales.

Esas exigencias deambulan huérfanas entre las oficinas del Gobierno sin que nadie las tome  con la responsabilidad que requiere la dirección y gerencia de la Justicia. El protagonismo de la función jurisdiccional en los últimos 20 años, es algo que también ha ocurrido en muchos países, y refleja la necesidad que tiene la sociedad de encontrar en la Justicia la mejor forma de hacer realidad los derechos consagrados en la ley, así como la pronta y cumplida solución de los conflictos que se presentan en las relaciones interpersonales y del mercado.

La mal llamada 'tutelitis', las nuevas acciones de protección directa de los derechos -acciones de grupo, acciones populares y acción de cumplimiento-, la Ley de Justicia y Paz, y la criminalización de las relaciones sociales, son solo algunos ejemplos de cómo el Estado acude a la rama judicial en una especie de cláusula general de competencia que demanda más trabajo, más congestión y, por lo tanto, más gerencia y atención a los problemas administrativos, salariales y laborales de la rama.

Infortunadamente, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura solo se ocupan activamente de estos temas cuando los funcionarios se ven en la necesidad de exigir por las vías de hecho una solución integral, estable y perdurable para sus justos reclamos. En épocas de normalidad, son muy pocos los esfuerzos para hacer un diagnóstico serio sobre las necesidades de la Justicia.

La ausencia misma de estadísticas confiables y las diferencias metodológicas que existen, hacen  prácticamente imposible estructurar políticas públicas en este sector. Los centros académicos y de investigación están llenando este vacío, y en especial los trabajos que adelanta el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) que dirige el profesor Rodrigo Uprimny, entidad que para el efecto se ha convertido en el Ministerio de Justicia y del Derecho que tanta  falta le hace al país.

Problema de fondo

¿Cómo están hoy las cosas? El actual conflicto tiene su origen en la protesta de 2006, cuando se convino instalar una comisión interinstitucional conformada por Asonal, Gobierno y Consejo de la Judicatura, para que encontrara solución al problema de la nivelación salarial que ordenó la Ley 4ª de 1992, que permitió la nivelación para los magistrados de altas Cortes y Tribunales. Razones fiscales impidieron el ajuste para el resto de los funcionarios, que son la mayoría.

Desde entonces vienen los reclamos y la situación se ha vuelto más dramática. Que yo sepa, la comisión creada y pactada con los trabajadores no propuso ni arregló nada. No funcionó. Con el paso de los años, la brecha que se produjo con la nivelación solo para los magistrados, creó una situación de inequidad a todas luces inconveniente en el seno de la Justicia. Por eso siguen reclamando el cumplimiento de una ley de 1992.

¿Cómo es posible que hayan pasado más de 10 años desde la nivelación a los magistrados y no haya surgido solución diferente? Por ejemplo, una nivelación gradual, o una estrategia integral que solucione el problema de la congestión judicial.

Pero no, los conflictos se han solucionado con el expediente transitorio de las primas temporales y antitécnicas que calman los ánimos también en forma transitoria.

La situación actual, que se veía venir y estaba anunciada, explica además la aterradora cifra del 70 por ciento de aumento para los empleados y del 25 por ciento para jueces y fiscales de circuito y municipales propuesta por la Asociación de Trabajadores Judiciales en su pliego de peticiones.

Desde un comienzo, abogados, jueces y empleados sabíamos que esa cifra era imposible de cumplir, así correspondiera a estos 16 años en que la nivelación no se llevó a cabo. Luego de casi 40 días de parálisis, el Gobierno decretó un alza de 130.000 millones de pesos, equivalente a un aumento del 2 y el 4 por ciento durante 2009 y 2010. Por su parte, Asonal rechazó no la propuesta sino la decisión tomada por decreto, que más que aplacar los ánimos los ha exacerbado, pues prácticamente acabó con la negociación. Los empleados judiciales dicen que con 300.000 millones la situación podría normalizarse. En otras palabras, ya no hablan de 70 por ciento sino de 8 por ciento. El faltante sería de algo así como 170.000 millones mal contados. 

Pero la expedición del decreto trae un problema adicional. Como es resultado de una orden y no de un acuerdo, los días que han dejado de trabajar se descontarán y punto. Pero eso que parecería lógico, no lo es tanto a la hora de una negociación. Reconocer esos días no resulta exótico sino incluso saludable para la paz laboral.

Hay que pensar, por ejemplo, en un auxiliar que participó en el paro para exigir mejores condiciones laborales y que ahora le dicen que perdió un mes de salario, e incluso que pueden adelantársele acciones disciplinarias. No puede surgir un ánimo vindicatorio contra la protesta social que es connatural en cualquier democracia.

Con la aprobación que el Congreso acaba de hacer  del proyecto que permite la reelección presidencial para 2014 nos estaríamos ahorrando 130.000 millones que cuesta el referendo de la reelección y que podrían utilizarse para la solución del conflicto.

La política de seguridad democrática que el país apoya y defiende, requiere una Justicia fortalecida para que el proceso de recuperación del Estado pueda consolidarse con las sentencias judiciales respectivas. De lo contrario, nada habremos conseguido si  los delincuentes recuperan la libertad por un paro que habría podido evitarse si se hubieran tomado las decisiones correctas hace por lo menos 10 años. Y sería aun peor que por el temor a las represalias y con el decreto ya expedido, termine el paro o, mejor dicho, se aplace un cese de actividades que tarde o temprano tendremos que volver a padecer. Es tratar con aspirina una enfermedad que requiere cirugía de urgencia. 

Por Carlos Medellín, ex ministro de Justicia

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