En Cundinamarca y Caquetá dos predios extinguidos a 'narcos' presentan irregularidades en su manejo

En Cundinamarca y Caquetá dos predios extinguidos a 'narcos' presentan irregularidades en su manejo

La DNE está a la espera de que se levante el paro judicial para impulsar varios recursos que le permitan recuperar para el Estado una casa de17 mil mt2, ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca).

04 de octubre 2008 , 12:00 a.m.

El alboroto que se armó el pasado seis de septiembre en la exclusiva urbanización Vuelta del Río, donde está ubicada la propiedad, tenía aterrados a sus propietarios entre los que se cuentan varios extranjeros y empresarios del más alto nivel.

En compañía de un piquete de policías, el ex ministro y ex procurador Orlando Vásquez Velásquez llegó a recuperar la tenencia de la casa, que corresponde al número 32. Es una espléndida granja, con capilla y caballerizas incorporadas, avaluada en algo más de 3 mil millones de pesos, que venía siendo ocupada por el neurocirujano Tito Perilla Cepeda.

En pleno operativo se hicieron presentes funcionarios de la Dirección Nacional  de Estupefacientes (DNE), quienes alegaron que el magnífico predio es del Estado y se opusieron a la ruidosa -y dicen- ilegal diligencia.

El episodio alcanzó tal temperatura que uno de los funcionarios de la DNE reconoce que le dijo a Vásquez Velásquez que no olvidara que se trataba de un predio extinguido legalmente al narcotraficante Guillermo Ortiz Gaitán: "Y usted sí que sabe de narcotráfico doctor, porque estuvo preso por ese tema".

El célebre ex procurador -condenado por enriquecimiento ilícito, fraude procesal, soborno, peculado y abuso de función pública- subió a su Mercedes azul y se fue con el round jurídico a su favor.

Cadena de arrendatarios

Vásquez Velásquez actuaba en representación de su yerno Andrés Córdoba Hernández quien hace un año tomó en arriendo la casa 32.

En ese momento, el predio estaba en poder de Rafael Garzón Ballesteros quien dice haber firmado un contrato de arrendamiento (con derecho a subarrendar) con María Elsa Ortiz, hermana del señalado capo Guillermo Ortiz Gaitán fallecido hace algunos meses en E.U. con quien negoció su entrega en los 90 tras el escándalo del Proceso 8.000.

Y es aquí donde empiezan los enredos de la casa 32.

La DNE asegura que el contrato de arrendamiento entre la señora Ortiz y Rafael Garzón data del 12 de marzo del 2004 cuando ya existía un fallo en firme de la justicia que decretaba la extinción de ese bien en favor del Estado.

Además, que el Inspector de Policía de Cota -Wilmar Solarte Calderón- que en un principio negó las pretensiones del ex procurador sobre el extenso predio, reversó su propio fallo violando derechos de la DNE, en especial el del debido proceso.

Pero Vásquez Velásquez, que desde hace cinco meses también se convirtió en defensor de la señora Ortiz, asegura que dos fallos de tutela -que la DNE ni siquiera se ha preocupado por apelar- respaldan la transparencia del inspector Solarte y que, además, su clienta nunca fue notificada del proceso ni de la sentencia de extinción y, por ende, el contrato de arrendamiento del predio es legal.

"No estamos discutiendo la propiedad, eso está en otros estrados. Estamos definiendo su tenencia", dice Vásquez.

¿A espaldas de Ortiz Gaitán?

Lo que resulta por lo menos curioso es que, en su momento, un abogado interpuso un par de recursos en defensa de la señora Ortiz y en contra de la sentencia de extinción, lo que desbarata la versión de que la hermana del señalado capo no se enteró del proceso de extinción en su contra.

Pero, según Vásquez Velásquez, ese abogado era un suplente de otro que había nombrado el esposo de la señora Ortiz y que -dice- salieron a defenderla sin que ella se enterara o autorizara.

Lo concreto es que hoy hay un pleito en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que la defensa de la señora Ortiz pide que le restablezcan sus derechos y la indemnicen. Y hay otro más, en un juzgado civil del circuito, en el que Vásquez Velásquez pretende demostrar que su clienta tiene derechos de pertenencia sobre el bien pues ha permanecido en él de manera pacífica los últimos años.

Vásquez Velásquez, por su parte, les pidió al ministro Fabio Valencia Cossio y a la Contraloría General que investiguen cómo es que la DNE arrendó la lujosa granja y otra idéntica (34 mil mts2.) en un millón cien mil pesos.

El predio fue arrendado al médico Perilla Cepeda por la Inmobiliaria Gavel Ltda.

Segundo caso; otra vez Incoder

Pero este no es el único caso en el que queda en evidencia un juego oscuro con propiedades del Estado.

EL TIEMPO halló otro caso en el que el propio Incoder, seccional Caquetá, terminó adjudicando ilegalmente tierra que también es de la DNE; extinguidas al narco Leonidas Vargas y apetecidas por su cercanía a Florencia y a una prometedora arenera que muchos rondan.

Esta vez el denunciante es Gilberto Serpa Mendoza a quien la actual administración de Estupefacientes le entregó al menos cinco predios (casi 900 hectáreas) en Caquetá, departamento del que fue gobernador en los años 80.

Desde hace nueve meses, Serpa le está reclamando al Incoder unas 250 hectáreas que inexplicablemente el coordinador regional, Virgilio Leiva, adjudicó ilegalmente.

El gerente del instituto, Rodolfo Campo, le ordenó desde mayo a Leiva regresar las tierras, pero hoy siguen siendo usufructuadas por terceros.

Voceros del Incoder dijeron que se trató de un error provocado por la propia DNE que solo entregó en papeles -nunca materialmente- el predio conocido como El Puerto.

Y añadieron que en la resolución de entrega (la 007 de marzo del 2006) se habla de 1.072 hectáreas; que un topógrafo pagado por el instituto halló 1.216; y que eliminando las adjudicadas por equivocación, dejan solo 924 hectáreas.

También afirmaron que si bien el Incoder tiene el propósito de arreglar el error, el tema se ha dificultado porque Serpa -que acredita su parentesco con el ex ministro Horacio Serpa- ha sido muy rudo a la hora de reclamar.

No obstante, admitieron que se halló mérito para investigar disciplinariamente al coordinador del Incoder en Caquetá; para verificar si a las personas a quienes les entregó esos y otros predios cumplen los requisitos de ley; y para confirmar o descartar si los adjudicatarios tienen nexos con Manuel Bermeo, anterior administrador de las tierras, como lo indican algunas denuncias.

En una confusa conversación telefónica con EL TIEMPO -escuchada por funcionarios del Incoder- quedó en evidencia que Leiva está entregando datos contradictorios sobre este tema que implicará la reubicación de familias.

Las deudas del doctor Serpa

Y aunque Serpa, el depositario de dichos bienes tiene razón en sus reclamos, también tuvo que salir a explicarle a EL TIEMPO por qué Estupefacientes -que le confió el manejo de predios- está iniciando acciones en su contra.

Documentos indican que Serpa viene usufructuando desde hace cerca de 10 meses dos apartamentos (en los que vive su familia) y una oficina del Estado, sin pagar nada.

"Hace días radiqué una propuesta de arreglo -explicó-. El problema es que me están cobrando mucho arriendo comparado con lo que pagan mis vecinos. No tienen en cuenta que estoy arriesgando mi vida por la DNE".

Y añadió que si no aprueban el arreglo, desocupa de inmediato para que la DNE defina el destino de esos y de los demás predios que el Incoder aún no ha reintegrado.

¿Quiénes son los responsables de estos manejos?

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co

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