Temen posible desborde de tutelas interpuestas por víctimas del conflicto tras fallos de Corte

Temen posible desborde de tutelas interpuestas por víctimas del conflicto tras fallos de Corte

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno reparar por vía administrativa a dos víctimas cuyas solicitudes de compensación habían sido negadas.

03 de octubre 2008 , 12:00 a.m.

En la primera sentencia (T-444), el tribunal constitucional tumbó las normas que le permitían a Acción Social de la Presidencia rechazar solicitudes de reparación cuando no se establecía si los daños estaban relacionados con móviles ideológicos y políticos.

"Cuando una persona solicita ayuda humanitaria (...), la exigencia de una certificación de autoridad competente sobre su ocurrencia por motivos ideológicos y políticos es violatoria de los derechos de las víctimas", señala la sentencia, cuya ponencia es del magistrado Mauricio González.

Esta decisión se tomó por el caso de Yuri Loaiza, cuyo compañero fue asesinado por la guerrilla en medio de un desplazamiento masivo, en septiembre del 2005, en el norte del Valle.

Ella reclamó 40 salarios mínimos como indemnización, pero Acción Social se la negó. Ahora la Corte ordena al Gobierno que la indemnice.

No importa si el hecho es viejo

La otra sentencia amparó a Leonor Quintero Solano, a quien las autodefensas, según las investigaciones, le descuartizaron un hijo en abril de 1999, en Majaual (Sucre). Su cuerpo estuvo por casi 10 años en una fosa. Según relata la víctima -que tuvo que irse a vivir a Bucaramanga-, no pudo denunciar el hecho por amenazas y solo el 7 de agosto del año pasado, cuando se desmovilizó el grupo paramilitar de la zona, pudo ir a la región para recoger el cuerpo y darle sepultura.

La Fiscalía inició investigación previa por ese hecho. Sin embargo, después la archivó.

En 1997, cuando la mujer pidió la reparación a Acción Social, se la negaron porque no estaba certificado que la muerte de su hijo se hubiera producido por razones políticas y porque ya había pasado mucho tiempo.

En el fallo de la Corte se amparó a Quintero y se ratificó, además, que no se puede obligar a las víctimas a certificar que los móviles son por motivos ideológicos y que en este tipo de casos no prescribe la indemnización.

"Está constitucionalmente fuera de lugar la exigencia de requisitos, como que el hecho se hubiere perpetrado por motivos políticos, cuando usualmente tales crímenes emanan del brutal abuso por parte de quienes poseen las armas e imponen, por ende, la ley del más fuerte", señaló el fallo (T-722, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla.

Por eso ordenó que Acción Social integre a la mujer al Programa de Reparación Individual por vía administrativa, creado con el Decreto 1290 de este año.

Con este decreto se pretende compensar a las víctimas sin que sea necesario esperar el final de largos procesos judiciales, que podrían durar hasta 13 años.

REDACCIÓN JUSTICIA

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