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Bogotá merece el mismo trato que Medellín

Jaime Castro
Las finanzas públicas de las entidades territoriales, particularmente las de las ciudades y departamentos, no pueden depender únicamente de lo que recauden por concepto de impuestos y reciban a título de participación en los ingresos corrientes de la Nación. Necesitan otros ingresos. Entre ellos, los que producen las empresas de servicios públicos domiciliarios y que hoy, en una bien alta proporción, percibe el sector privado, con la única excepción de las ciudades que no entraron en la alocada e improvisada carrera privatizadora de los últimos años. Lo anterior explica por qué las utilidades y excedentes financieros que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) aportan al presupuesto de la ciudad valen 450.000 millones de pesos en el 2008, más del 50 por ciento de lo que a ese mismo presupuesto ingresa por concepto de impuestos (820.000 millones). Explica también por qué el Departamento de Antioquia y su capital se hicieron socios mayoritarios del proyecto hidroeléctrico Pescadero- Ituango, y el Huila espera ser accionista de El Quimbo.
La situación anotada para Medellín mejoró con la venta que el Gobierno hizo a EPM de las acciones que la Nación tenía en la Empresa Antioqueña de Energía (Eade). Así ocurrió porque, cuando aquel decidió vender dichas acciones, también resolvió que el nuevo propietario de esos derechos sociales fuera una entidad regional del sector público. Por eso, sin licitación, mediante negociación directa, el 24 de julio del 2006, el Ministerio de Hacienda vendió a EPM la participación que tenía en Eade. Un año más tarde, o sea en el segundo semestre del 2007, el Gobierno decidió vender las acciones que la Nación posee en las empresas de energía de Boyacá, Santander, Meta, Norte de Santander y Cundinamarca, pero no ofreció a esos departamentos, ni a sus ciudades y municipios, las posibilidades que brindó en el caso antes resumido. Lo que hizo fue convocar licitaciones públicas que, si no hubiesen fracasado por las acciones populares que contra ellas se entablaron, habrían concluido con la venta de esas electrificadoras a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Después de corregir los errores cometidos, el Gobierno ha dicho que este año o a comienzos del entrante a más de las cinco empresas citadas venderá las de Huila, Caquetá y Nariño. Ha hecho saber, igualmente, aunque todavía no es anuncio oficial, que un porcentaje de las acciones será ofrecido, en primer lugar, a los departamentos sede de las empresas citadas, y el porcentaje restante al particular que acredite capacidad para manejar la nueva compañía. La limitación y condición anotadas -apenas un porcentaje accionario y tener socio estratégico- no se exigieron cuando se vendió Eade a EPM, operación en la que quien compró no fue un departamento sino una entidad descentralizada municipal, razón por la que la oferta de ahora al sector público debe hacerse, sin restricción porcentual alguna, a favor de departamentos, distritos, municipios y sus organismos descentralizados.
Bogotá directamente, como Distrito o por conducto de empresas en las que tiene apreciable participación social (EEB, Emgesa y Codensa), puede y debe adquirir algunas de las electrificadoras que el Gobierno vende. Tiene capacidad técnica, experiencia y músculo financiero, que garantizan eficiente prestación de los servicios que asuma. Además, tiene derecho a que le den el mismo trato que recibió Medellín. Le pedí al alcalde Samuel Moreno que reclamara para la ciudad ese derecho. Que no haya respondido mi solicitud no quiere decir que no esté adelantando las gestiones que creo debe adelantar con dicho propósito.
jcastro@cable.net.co
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