Ecuatorianos decidirán este domingo si quieren o no la nueva Constitución

Ecuatorianos decidirán este domingo si quieren o no la nueva Constitución

La oposición la ve como un instrumento para fortalecer el poder ejecutivo: las apuestas están 50 por ciento por el 'Si' y 36 por ciento por el 'No'.

24 de septiembre 2008 , 12:00 a. m.

Ha llegado la hora cero para los ecuatorianos. Este domingo deberán decidir en las urnas si quieren o no una nueva Constitución, que ha sido calificada por su mentor, el actual presidente Rafael Correa, como "revolucionaria y moderna", pero que ha recibido numerosas críticas de la oposición que la ve como un instrumento para fortalecer el poder ejecutivo, que le está cerrando las puertas a la inversión extranjera y que quiere imponer a la fuerza el llamado  'Socialismo del siglo XXI'.

El texto, que será sometido a referendo popular, fue aprobado el 25 de julio gracias a la amplia mayoría que el oficialismo tenía en la Asamblea Constituyente. Pero como en el caso de Bolivia y Venezuela, que también aprobaron reformas constitucionales en años recientes -La Paz está por ratificarla-, sus detractores alegan que la voz de la oposición no fue tenida en cuenta y que por lo tanto no representa a todos los sectores del país.

La mayoría de los analistas han expresado su preocupación en el sentido de que los ecuatorianos saldrán a votar el domingo sin saber a ciencia cierta cuál es el verdadero alcance de la Constitución de 444 artículos. Según una encuesta de la empresa Nexus, solo el 25 por ciento de los encuestados dice entender qué está en juego. "El resultado del referendo, más que el voto por un proyecto de Constitución, es un plebiscito sobre Rafael Correa y lo que él representa -sostiene el respetado analista y columnista ecuatoriano Jorge Ortiz-. Correa se ha encargado de vender la idea de que votar 'No' es votar en contra de su persona".

Por su parte, la asambleísta Annabella Azin, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, le dijo a CAMBIO: "El objetivo de esta Constitución es perennizar en el poder al Presidente para que pueda controlar todos los actos de nuestra vida y por eso si queremos salvar el país, votar 'No' se convierte en una obligación cívica".

Aunque Correa, que llegó a la Presidencia a finales de 2006, no cuenta ya con los amplios índices de popularidad iniciales que llegaron hasta el 80 por ciento, se mantiene firme en las encuestas con cifras que alcanzan el 60 por ciento. Y su discurso sobre acabar con la "partidocracia" y redistribuir los ingresos en ese empobrecido país de 16 millones de habitantes,  sigue calando mucho entre la población.

Sin embargo, el resultado de la consulta es aún incierto. Según los últimos sondeos, el 'Sí' ganaría con 50 por ciento, frente al 36 del 'No', pero hace tres meses la cifra era opuesta. En buena parte todo depende del voto que pueda arrastrar el derechista Jaime Nobot, actual alcalde de Guayaquil.

También reelección

La reforma incluye cambios de marcado acento nacionalista, como volver oficiales, además del español, los idiomas indígenas quechua y shuar, y prohibir  el establecimiento de bases militares extranjeras -el contrato de la base antinarcóticos de Estados Unidos en Manta expira en 2009. Otros temas de contenido liberal, como el derecho al aborto y a las uniones de homosexuales, han generado un profundo rechazo de la Iglesia católica.

Sin embargo, los puntos más polémicos tienen que ver con el poder presidencial. La nueva Constitución incluye la figura de la reelección. Como habría borrón y cuenta nueva, el actual período de Correa no cuenta y por eso  podría presentarse dos veces más a las elecciones presidenciales. Esto quiere decir que, por lo menos en teoría, podría gobernar hasta el 2017 si, como se espera, el año entrante son convocadas nuevas elecciones.

Correa tendría, además, facultades para disolver el Congreso si, a juicio suyo, se desvía de su mandato original, y además podría intervenir en la política monetaria, función que hoy es exclusiva del Banco Central. Sobre la pérdida de independencia del Banco Central, opositores consideran que se trata de una movida peligrosa que podría derivar en la politización del organismo encargado de velar por la estabilidad económica del país.

Aún así, algunos constitucionalistas creen que la nueva Carta puesta a consideración del pueblo es mucho menos ambiciosa que la que impulsó Hugo Chávez en Venezuela o la que quiere Evo Morales para Bolivia. Según Alana Tummino, de American Society, los verdaderos cambios en Venezuela no han emanado de la Constitución, sino de los amplios poderes que esta confirió al Presidente y es posible que lo mismo pase en Ecuador. 

De hecho, el mandatario ecuatoriano ha venido tomando una serie de decisiones que de alguna forma anticipan lo que puede pasar si la Constitución es aprobada. Gracias a que el Congreso fue disuelto y reemplazado por la Asamblea, Correa decidió este año aumentar los controles del Gobierno sobre las rentas petroleras de 50 a 99 por ciento; en julio ordenó la expropiación de 195 empresas del Grupo Isaías que, entre otras, incluían a tres de las cadenas de televisión más populares, críticas de su gobierno. También suspendió las nuevas concesiones en minería, lo que dejó al naciente sector de la economía ecuatoriana virtualmente paralizado. Según el Banco Central, la inversión extranjera cayó 34 por ciento el año pasado y este año va por el mismo camino.  

El conjunto de medidas parecer haber desacelerado el crecimiento económico, que estuvo por debajo del 3 por ciento el año pasado, pero Correa justifica sus decisiones como necesarias para cerrar la brecha de desigualdad. A diferencia de Chávez, que nada en un mar de petróleo y se puede dar el lujo de espantar la inversión externa, Ecuador carece de semejantes recursos y eso podría frenar la ambiciosa agenda presidencial.

Por otra parte, el mandatario tiene serias peleas casadas con sectores muy importantes: los 'cacaos', la Iglesia, los estudiantes y algunas regiones que recibían regalías de la explotación de crudo o que tenían el ojo puesto en la minería como alternativa de desarrollo.

El país que gobierna Correa, no hay que olvidarlo, tiene una larga historia de inestabilidad política. En los últimos 15 años ha tenido ocho presidentes o presidente interinos, y entre 1996 y 2006 ninguno de los jefes de Estado ha logrado terminar mandato pese a que la Constitución de 1998 intentó devolverle gobernabilidad al país. Si Correa piensa que la nueva Constitución será la panacea, puede sufrir una gran frustración.

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