Guillotina en la Fiscalía de Medellín tras ser declarado insubsistente Guillermo Valencia

Guillotina en la Fiscalía de Medellín tras ser declarado insubsistente Guillermo Valencia

Hay historias 'non sanctas' detrás de las cabezas que rodaron allí.

17 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

"Estoy dolido e indignado, y vengo dispuesto a cortar de tajo la raíz de esta vergüenza", advirtió el fiscal general Mario Iguarán ante un grupo de fiscales de Medellín, convocados de urgencia a una reunión en el aula múltiple del piso 8o. del edificio Mónaco, que una vez perteneció a Pablo Escobar. Fue el miércoles 3 de septiembre, cuando los medios solo hablaban de las grabaciones que dejaban al desnudo los nexos entre el entonces director de Fiscalías de la ciudad, Guillermo Valencia Cossio, y la organización criminal de 'Don Mario'.

Al terminar su intervención, Iguarán les dio la palabra: "Ahora quiero oírlos a ustedes". Luis Enrique Monsalve Mejía, fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, levantó la mano: "Estoy en una situación muy incómoda -dijo-. Me asesinaron a dos testigos de uno de mis procesos y fue filtrada a la prensa una comunicación en la que yo le pedía al doctor Valencia Cossio que enviara a Bogotá algunos expedientes delicados para ponerlos a salvo". Y agregó que no solo temía por su vida, sino que le preocupaba que el manto de dudas que había arrojado el escándalo pudiera cubrirlo a él y a otros funcionarios que trabajaron en el Urabá, principal centro de operaciones de la banda de 'Don Mario'.

"¿Usted se sintió presionado por Guillermo Valencia? ¿Ha atado cabos sobre sus acciones?", le preguntó el Fiscal General. "Si el doctor Valencia estaba delinquiendo, lo estafó moralmente a usted y nos engañó a todos los que ahora somos sus víctimas", respondió Monsalve, y minutos antes de que terminara la reunión se dirigió a donde estaba Sandra Castro, jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, y le dijo que como la situación podía empañar la imagen de un equipo que representaba "el rostro internacional" de la Fiscalía, ponía a su consideración la posibilidad de ser trasladado.

Al día siguiente, cuando Iguarán estaba de regreso en Bogotá, la fiscal Castro citó a una nueva reunión a los nueve fiscales de su unidad y les anunció que Monsalve sería trasladado y que habría otras medidas correctivas y preventivas. Entonces, el coordinador regional de Derechos Humanos, Santiago Arteaga, lanzó un ataque sorpresivo contra Monsalve: "Sobre su conducta hay muchos chismes y versiones -afirmó-. Una de ellas es que fue enviado a Urabá a 'tapar las cagadas' de Liceth Álvarez".

Ruedan cabezas

Álvarez trabajó en la Fiscalía de Medellín de la que se retiró en febrero de 2008 rodeada de mala reputación. Estuvo casada con un oficial del Ejército que resultó comprometido con las Auc y, según aseguran algunos de sus ex compañeros de trabajo, no solo impidió la apertura de varios procesos contra paramilitares, respaldada por Valencia Cossio, sino que mientras trabajó en Urabá vivió en una casa del jefe paramilitar Fredy Rendón, 'el Alemán'. La ex Fiscal es la misma que en mayo pasado se convirtió en abogada defensora de personas investigadas dentro del proceso por la financiación de las bananeras a la organización de Carlos Castaño y la misma que, mediante recursos de hábeas corpus, intentó convertirse en parte de un proceso que había conocido en su condición de fiscal.

El 5 de septiembre, el Fiscal General incluyó el nombre de Monsalve -que ese día adelantaba una diligencia judicial en La Picota de Bogotá- en la lista de funcionarios removidos o trasladados como consecuencia del escándalo que enlodaba a la seccional de Medellín. Conocida la decisión, Monsalve encabezó la protesta de los fiscales afectados por las medidas. Acudió a los medios de comunicación para exigir al fiscal Iguarán que explicara las razones de sus decisiones y advirtió que agotaría todos los recursos para salvaguardar su buen nombre. "Después de 16 años de servicio a la Fiscalía, no me voy a ir como un criminal", dijo.

En ese momento Monsalve ignoraba que las dudas que existían en torno a su nombre en altos círculos de la Fiscalía se basaban en una serie de grabaciones de llamadas telefónicas en las que él habla con un hombre que resultó aliado de la organización de 'Don Mario': un militar del B-2 (Servicio de Inteligencia) de la Brigada XVII del Ejército en Apartadó, vinculado hoy a un proceso penal por sus relaciones con la red de 'Don Mario'.

Cuando CAMBIO lo interrogó al respecto, el recién removido Fiscal aceptó que las conversaciones eran ciertas, y contó que el 23 de abril investigadores de la Fiscalía le dejaron leer las transcripciones y le pidieron ayuda para identificar a su interlocutor. "Yo mismo les precisé que era un agente del B-2 porque ellos no habían logrado relacionarlo con el Ejército", aseguró Monsalve y agregó que de las conversaciones, que calificó de "insustanciales", no era posible deducir hechos criminales.

"Grabaciones como esa debe haber 700", dijo el ex Fiscal, y admitió que entre sus interlocutores frecuentes estaba también el capitán Duván Mauricio Hernández, jefe de Inteligencia del Batallón Voltígeros, detenido por sus vínculos con paramilitares. "Este capitán usaba la 'chapa' o código de Maicol y con él y con el agente del B-2 otros oficiales nos reuníamos ocasionalmente a tomar un refresco o nos encontrábamos en el supermercado -contó-. Eso no tiene nada de particular porque ellos hacían parte de mi entorno de trabajo en Urabá".

Otro que cayó en la poda fue Jorge Cañedo de la Hoz, fiscal 16 de la Unidad de Justicia y Paz. A pesar de que tiene una condena por prevaricato, la cúpula de la Fiscalía solo puso los ojos en él a raíz del escándalo. CAMBIO comprobó la existencia del expediente (No. 10128) en el que Cañedo es hallado responsable después de una investigación solicitada por la Corte Suprema a la Justicia ordinaria por haber modificado irregularmente una decisión judicial en un proceso por fraude procesal ligado a un juicio de sucesión.

Pero, además, Cañedo enfrenta un proceso por prevaricato por omisión por haber revocado la detención de Gilberto Rodríguez, alcalde de Frontino, Antioquia, pese a las pruebas que lo relacionan con grupos paramilitares. No obstante, el ex Fiscal alega que está cobijado por la presunción de inocencia porque en el primer caso la condena no está en firme y porque el segundo proceso no ha sido fallado. Sostiene que de ahí a estar ligado a redes criminales hay mucho trecho.

Un tercer decapitado fue Carlos Vanegas, quien era uno de los asesores de confianza de Guillermo Valencia Cossio. La medida lo sorprendió cuando les entregaba pruebas a comisionados de investigar donaciones y regalos con los que el empresario Juan Felipe Sierra se habría ganado al ex fiscal Valencia. Entre ellas, un carro blindado que el entonces director seccional de la Fiscalía en Medellín tenía reservado para uso personal.

Jorge Morales, fiscal de Derechos Humanos, no cayó en la poda a pesar de que decisiones suyas contribuyeron a que procesos relacionados con el robo de tierras de la Nación por parte de paramilitares, quedaran convertidos en simples pleitos civiles. El fiscal Iguarán decidió trasladarlo a Villavicencio.

 La medida, sin embargo, llevó a que algunos funcionaros de la Fiscalía de la capital antioqueña se cogieran la cabeza a dos manos, pues aseguran que, además de decisiones contrarias al Derecho, Morales protagonizó varios escándalos por su relación amorosa con Lizeth Álvarez cuando esta también era fiscal, y quien en una ocasión amenazó con arma de fuego a la esposa del funcionario. "Si el Fiscal General ordenara una inspección a los procesos que estaban a cargo de Morales se llevaría más de una sorpresa", dijo uno de los fiscales que asistieron a la reunión del 3 de septiembre en la sede de la Fiscalía de Medellín.

Vientos de purificación corren en la Fiscalía de Medellín. La pregunta es si cayeron todos los que son.

¿INJUSTICIA?

El lunes de esta semana, Mario Nicolás Cadavid, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, decidió romper el silencio que mantuvo desde cuando le fue notificado su traslado a Pasto. En una declaración a La W, describió un panorama de corrupción en el seno de la Fiscalía de Medellín, pero no precisó nombres. Mencionó, por ejemplo, que detrás de la muerte de investigadores del CTI -28 en los últimos tres años- está la mano de una organización que se enquistó en la administración de Justicia.

Compañeros de trabajo interrogados por CAMBIO, sostienen que con Cadavid el Fiscal puede haber cometido una gran injusticia. "Él ha capacitado a numerosos funcionarios en el manejo del nuevo sistema penal acusatorio -señaló una fiscal-. Y dado el alcance de sus decisiones es considerado como una especie de conciencia jurídica de la institución".

Miembros de un grupo especial de investigación sostienen que la Fiscalía no tiene hoy elementos para atribuirle responsabilidad judicial alguna a Cadavid, pero adelantaron que están revisando sus actuaciones en relación con la muerte, en extrañas circunstancias, de uno de sus escoltas y de dos investigadores del CTI que lo apoyaban en sus investigaciones. Sin embargo, varios funcionarios que lo conocen creen que, en medio de la crisis generada por el escándalo de la infiltración de la organización de 'Don Mario' en la Fiscalía de Medellín, en este y otros casos podrían estar dando palos de ciego.

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