Polémica desconcertante

Polémica desconcertante

04 de septiembre 2008 , 12:00 a. m.

Vergonzoso y desconcertante para el público colombiano y para cualquier observador extranjero el espectáculo que brindan por estos días el presidente Álvaro Uribe y el ex presidente y jefe del liberalismo opositor, César Gaviria. Después de que el Primer Mandatario lo acusó de haber hecho pactos con el siniestro grupo de los 'Pepes', narcotraficantes que en 1993 se volvieron contra Pablo Escobar, Gaviria ripostó con una andanada en la que llegó a sugerir que algunos de los 'Pepes' terminaron de amigos del Presidente y que en la Casa de Nariño "lloran la muerte de Escobar". Que dos de los más importantes líderes políticos de las últimas décadas se señalen de esa manera como amigos o aliados de tenebrosos criminales es a la vez escandaloso y descorazonador.

Pero, además, impide mirar con mente fría las políticas que uno y otro aplicaron en su momento para combatir a la delincuencia organizada. En 1990, recién instalado en la Presidencia, Gaviria lanzó su política de sometimiento y colaboración con la Justicia, con la que pretendía desvertebrar a las organizaciones narcoterroristas por la vía de conseguir que algunos de sus miembros se entregaran y confesaran sus crímenes a cambio de no ser extraditados, de obtener penas bajas en Colombia y si, además, colaboraban con las autoridades delatando a otros capos.
Unos se sometieron. Otros, como Escobar y sus principales secuaces, lo hicieron, pero siguieron delinquiendo en la cárcel y luego se fugaron hasta ser capturados o dados de baja. El hecho es que, al final de la administración Gaviria, el cartel de Medellín, que llegó a amenazar la supervivencia misma del Estado, había desaparecido.

En ese combate, y en especial en la persecución que siguió tras la fuga de Escobar en 1992, muchos capos medios rompieron con él y ofrecieron su colaboración a las autoridades. Al tiempo que delataban el paradero de Escobar y de sus hombres, un núcleo especialmente sanguinario, liderado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño y conocido como 'Perseguidos por Pablo Escobar', 'Pepes', asesinó a varios colaboradores del capo y realizó atentados terroristas contra sus propiedades. En julio de 1993, la Fiscalía otorgó a algunos de esos delincuentes una especie de indulto, que implicaba inmunidad para los crímenes que hubiesen cometido antes de esa fecha. La resolución, dictada por el entonces vicefiscal Francisco José Sintura, de acuerdo con su superior, el fiscal general, Gustavo de Greiff, se amparaba en un decreto de Gaviria. El ex presidente dijo entonces, y ha vuelto a hacerlo en estos días, que De Greiff y Sintura sin duda se habían excedido.

Pero el debate, que debería centrarse en las actuaciones de quienes estaban al frente de la Fiscalía, se ha mantenido en torno a Gaviria y a Uribe. Lo curioso es que, vista en perspectiva, la política de sometimiento de Gaviria tiene mucho en común con la controvertida Ley de Justicia y Paz, impulsada por Uribe.
Desmonte de las organizaciones criminales, sometimiento y colaboración judicial para obtener rebaja de penas constituyen la filosofía que comparten ambas políticas. El actual enfrentamiento entre los dos no solo impide ver esos puntos en común, sino que la lectura que cada cual hace de la actuación del otro está cargada de las más bajas insinuaciones.

La verdad es que, más allá de excesos como los cometidos por la administración Gaviria y, en especial, por la Fiscalía de entonces, y de los errores graves en que también ha incurrido el gobierno de Uribe en cuanto a la Ley de Justicia y Paz, ambas iniciativas dieron resultados importantes que ayudaron al desmonte de peligrosos grupos mafiosos, que habían adquirido enorme poder. Así como
Escobar cayó y su imperio quedó desmontado a fines del 93, los principales capos paramilitares fueron extraditados este año por Uribe. Lo increíble es que, en medio de un debate tan acalorado, solo se privilegien los pecados y se olvide que, si bien las controversias son válidas y necesarias en la medida en que se hagan con altura, esas políticas contribuyeron a destruir bandas criminales y a reducir la violencia.

editorial@eltiempo.com.co

 

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