¿Política gaseosa?
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Colombia no ha sido ajena a esta realidad. El gas, que por muchos años fuera visto casi como un encarte cuando aparecía al perforar un pozo de petróleo, ahora es motivo de especial atención, pues le significa al país una alternativa energética rentable social y económicamente. Una prueba de ello es la masificación de su uso, tanto a nivel vehicular, como domiciliario e industrial, que constituye un ejemplo reconocido en otras latitudes. Además, el peso del sector en la economía es innegable. De acuerdo con el Ministerio de Minas, en el primer semestre del año el crecimiento del renglón de los hidrocarburos arrojó un superávit del orden de los 4.879,9 millones de dólares.
Sin embargo, es necesario liberar de aspectos coyunturales la discusión sobre el mercado del gas en el país, ya que en la valoración de las reservas y en la consecuente definición de políticas para explotarlas se ponen en juego las futuras inversiones, el desarrollo de sistemas de transporte masivo, el abastecimiento de sectores estratégicos y, en general, las posibilidades de atender la creciente demanda. Por tal motivo, no es buena la visión radicalmente opuesta que tienen el Ministerio y el sector privado sobre las posibilidades del ramo. Mientras el primero pide cautela y advierte sobre una posible escasez en menos de cinco años, los segundos dicen que proyectos en marcha como los que adelanta Ecopetrol, dan tranquilidad.
Igualmente, hay una febril actividad exploratoria con grandes posibilidades de hallazgos, particularmente en la Costa Caribe.
Bajo esa lógica, tal vez sería pertinente revisar si las dificultades están en las limitaciones al transporte del gas, punto que los analistas coinciden en señalar como uno al que le hacen falta reglas claras y estables. Hay también quienes se preguntan si el cuello de botella está en las débiles señales económicas que estimulen la ampliación de la oferta, para que se hagan realidad las inversiones necesarias.
Y es aquí donde cabe la inquietud por el rol que está jugando el ente regulador del mercado, pues hay quienes juzgan que está más enfocado a emitir decretos y resoluciones, a administrar pobreza o simplemente a asignar prioridades en el suministro del gas remanente, que a fijar reglas de juego estables que les permitan a los jugadores concentrarse en la evaluación de proyectos, desterrando así la desconfianza actual. Porque la realidad es que hoy el productor se la juega esperando que se hagan las inversiones en transporte y el transportador a su vez asume riesgos confiando en que tendrá el respaldo del distribuidor, que también pone su parte sobre la premisa de que hay un marco legal estable que estimula la oferta. Lo anterior contrasta con la decidida política gubernamental de impulso a los biocombustibles, que empieza a germinar.
Así las cosas, no se puede olvidar que no hay hidrocarburo más costoso que el que no se tiene. Porque de nada sirve prender alarmas para que los consumidores limiten el uso del elemento por un supuesto déficit, si ello más conduce a frenar el crecimiento en este renglón de la economía nacional. Sin desconocer el impacto social de posibles decisiones de precios, hay que evaluar hasta qué punto la estructura vigente garantiza el crecimiento de la actividad. Y es allí donde se debe centrar el debate, pues solo así el mercado del gas en Colombia, que cuenta con grandes oportunidades, podrá garantizar un futuro más despejado que el que tiene actualmente.