Judicializados dueños de cadena de dinero en Villavicencio por dineros captados

Judicializados dueños de cadena de dinero en Villavicencio por dineros captados

La Fiscalía Séptima Seccional elevó cargos contra Absalón Reyes Escamilla y su esposa Adriana Lucía Naranjo Hernández, propietarios de 'Chain Swift'

01 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

Sin la presencia de Absalón Reyes Escamilla y su esposa Adriana Lucía Naranjo Hernández, se realizó ayer en las instalaciones del Palacio de Justicia de Villavicencio la audiencia de imputación de cargos a la pareja, dueña y administrador de 'Chain Swift', una de las cadenas de dinero con el mayor número de inversionistas de la ciudad.

La fiscalía séptima seccional les imputó a ambos los cargos de captación masiva y habitual de dinero del público, sin autorización de la Superintendencia Financiera, mientras que a Absalón Reyes, en su calidad de presidente del sindicato de trabajadores del municipio le imputó además el delito de peculado por uso.

El anuncio en horas de la mañana de la realización de la audiencia despertó el interés entre los afectados.

Algunos de ellos se hicieron presentes en el Palacio de Justicia, pero ante la falta de espacio en la sala de audiencias, el juez primero penal municipal con funciones de control de garantías, Gustavo Adolfo Restrepo Bolívar, sólo autorizó el ingreso de algunas de ellas, lo que generó malestar, y ameritó la intervención de la policía encargada de la seguridad en el edificio. 

Sin embargo, al término del procedimiento, pudieron escuchar al abogado Carlos Javier Bojacá Galvis, quien acudió en representación de 42 víctimas, que según dijo, depositaron dineros que ascienden a una suma aproximada de 500 millones de pesos. 

Ante la ausencia de los imputados, el juez le advirtió al apoderado de Absalón Reyes y Adriana Lucía Naranjo, que en caso de que los procesados aceptaran los cargos que elevó en su contra la fiscalía, no tendrán derecho a la rebaja del 50 por ciento en la posible condena que les imponga la justicia.

Ambos podrían afrontar condena hasta de nueve años, en caso de resultar culpables del delito de captación masiva y habitual de dinero. 

Los afectados con esta cadena de dinero aspiran que a través del abogado representante de las víctimas se logre abrir otro proceso por el delito de estafa agravada, como lo solicitó el defensor en la audiencia, y aunque el juez advirtió que no esa petición no era viable en este proceso, buscarán las vías jurídicas en coordinación con la fiscalía, dijo Bojacá Galvis.
 

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