Uribe dijo que la reunión que sostuvieron sus secretarios de Prensa y Jurídico, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, con un abogado de 'Don Berna' y un desmovilizado de las autodefensas buscaba recibir información sobre el manejo de orden público y no fue clandestina, sino que de ella quedaron los registros de seguridad. "Es temerario y ligero decir eso", dijo.
El mandatario presentó videos de las cámaras de la sede de Gobierno para demostrar que el ingreso fue autorizado y conocido por el Presidente.
"¿Enlodar a los magistrados? No, de ninguna manera (...) además, teníamos que escucharlos (a los emisarios de los 'paras') porque aquí ha habido un tráfico de testigos que es grave, y lo ha habido especialmente contra el Presidente de la república", dijo el mandatario, en una extensa ruieda de prensa que duró cerca de una hora.
Uribe explicó que no se hicieron públicos las grabaciones, hace tres meses, porque no se encontró nada relevante en los videos y que el DAS todavía no ha terminado la transcripción de las grabaciones.
"Lo único que les aparece importante, hasta ahora, es un señor llamado Henry Anaya, según esa información, que entraba y hacía trámites en la Corte Suprema", señaló.
Uribe consideró "grave" esta afirmación del presidente de la Corte Suprema: "¿Van a hablar de alianza? Qué tal que el Presidente salga a decir que el obstáculo de la Corte para la extradición era una alianza con los paramilitares".
Más tarde, fustigó al magistrado advirtiéndole que si va ante la CPI "el Gobierno podría decir que los denuncia porque antes del 2002 no hizo nada" contra los paramilitares.
El Presidente de la República descartó tomar algún tipo de acción contra los funcionarios que se reuniuón con los emisarios de 'don Berna'. ¿Por qué va a haber cambios?... estos señores tiene una vida transparente", dijo.
Uribe atacó al magistrado Velásquez, Coronell y el liberalismo
Uribe se fue lanza en ristre contra el magistrado investigador de la Corte Suprema, Iván Velásquez, a quien acusó de "emborracharse" y hacer tráfico con con testigos."Aquí lo que hay es un reacción contra el tráfico de testigos (...) Aquí ha pasado desapercibido, como que no importara, que algún investigador de la Corte haga tráfico con testigos o se emborrache con ellos, en diligencias", señaló.
Sobre la supuesta manipulación de testigos, Uribe cuestionó el fallo en favor del magistrado Velásquez sobre la investigación por el caso del paramilitar 'Tasmania', del que dijo fue un fallo "política" y no jurídico.
"Fue un fallo con el cual se quiso quedar bien con la Corte y con el Presidente (...) , porque al fallo de Tasmania le falto considerar un elemento: el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, no le negó a los medios de comunicación que él hubiera estado investigando al Presidente".
Y agregó: "Al presidente han tratado de enlodarlo y el Presidente tiene derecho a defender su honra".
El mandatario también lanzó duras críticas contra el liberalismo, desde donde varios congresistas señalaron que el Gobierno no debería presentar las reformas a la justicia y política, por los recientes escándalos en Palacio.
¿Qué responsabilidad han asumido ellos ante el país por el crecimiento de la guerrilla y los paramilitares? Un Gobierno del oficialismo liberal, que hoy se atreve a decir que este Gobierno no tiene autoridad moral, se alió con los 'pepes' para perseguir a Pablo Escobar", señaló Uribe.
Finalmente volvió a atacar al periodista Daniel Coronell, por guardar varios años el video con la confesión de Yidis Medina, en el que acepta que recibió supuestas preendas del Gobierno para cambiar su voto a favor de la reelección.
"El periodista no tiene licencia para ser cómplice del delincuente ni para ocultar el élito (...) ¿El periodista tiene derecho a ocultar delitos, con la excusa de la reserva de la fuente?", se preguntó Uribe.
Los emisarios
Quienes estuvieron en Palacio fueron el reconocido paramilitar Antonio López, quien es señalado de pertenecer a la Oficina de Envigado, y el abogado Diego Álvarez, apoderado de Diego Murillo, 'Don Berna'.
La Oficina de Envigado es una estructura criminal, que en más de una oportunidad el Presidente Uribe ha ordenado desvertebrar, la última el sábado 23 de agosto en un Consejo Comunitario. Es una banda narcotraficante y de sicarios comandada por el paramilitar Diego Murillo, alias ''Don Berna'', uno de los más temibles paramilitares y quien fue extraditado en mayo junto a otros 13 desmovilizados paramilitares acusados de narcotráfico a Estados Unidos.
López, también conocido como Job, fue asesinado a tiros por desconocidos el mes pasado en Medellín a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.
Tanto Del Castillo como Velásquez admitieron que recibieron a López porque llegó en compañía del abogado Alvarez, quien les había contactado anteriormente para entregarles grabaciones de video hechas clandestinamente a un investigador de la Corte, lo que según el abogado Alvarez era una prueba de que el máximo tribunal buscaba testimonios que implicaran al presidente Uribe con el llamado escándalo de la ''parapolítica'' o nexos del paramilitarismo con legisladores, alcaldes, entre otros.
De acuerdo con el asesor jurídico, en la reunión recibió cuatro discos compactos que entregó a la policía para que los desgrabaran porque estaban casi inaudibles y era muy confuso su contenido, por lo cual las descartaron.
Los señalamientos de la Corte
Previamente, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, había señalado a sectores del Gobierno se habían aliado con los paramilitares.
Ricaurte destacó la forma subrepticia en que fueron recibidos en Palacio los representantes de los paramilitares. Según él, el jefe jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, ha debido poner en conocimiento de las autoridades las supuestas pruebas, y así lo ratificó Uribe.
En entrevista con la emisora 'La W', el asesor jurídico de la Presidencia dijo que no lo había hecho porque no eran sólidas.
Ricaurte respondió que, si así hubiera sido, el asesor ha debido denunciar el complot que se estaba montando contra la Corte, pero, en lugar de ello, como dice la Revista Semana, (las supuestas pruebas) se deslizaron a los medios.
Del Castillo aseguró que las reuniones no fueron a escondidas y que el hecho de que en una de ellas los visitantes hubieran ingresado por el sótano, no significa que no hubiera quedado registro en seguridad de la Casa de Nariño.
Explicaciones al mayor nivel
El magistrado Ricaurte, en una entrevista con Radio Caracol, dijo que el presidente Alvaro Uribe debía explicarle al país y a la Corte Suprema porqué dos de sus asesores se reunieron a comienzos de año en la Casa de Nariño con este un miembro del paramilitarismo, asesinado el mes pasado, y el abogado del ex jefe paramilitar 'Don Berna', quien fue extraditado en mayo Estados Unidos por narcotráfico.
''Yo aspiro que el Presidente de la República le dé una explicación a la Corte sobre esta situación, pero aquí lo que se viene a demostrar es que hay un sector del gobierno que esta haciendo montajes contra la Corte, que está aliado con los jefes paramilitares para enlodar a la Corte'', dijo el magistrado.
''Hay una estrategia montada desde un sector del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia para deslegitimar sus decisiones, para desacreditar a los magistrados'', agregó.
El magistrado Ricaurte dijo que ''me cuesta mucho trabajo creer'' que el presidente Uribe estuviera al tanto de tales reuniones de sus asesores.
Para el presidente de la Corte Suprema el hecho que miembros del gobierno se reunieran con López y un abogado de un reconocido paramilitar, es un indicativo de que en sectores del gobierno se buscaba realizar ''montajes'' en contra de la honra y credibilidad de los 23 magistrados del máximo tribunal, una forma que según dijo buscaba desacreditar las investigaciones que lleva el tribunal desde 2006 sobre lazos de congresistas con el paramilitarismo.
El pedido de investigación no se refiere a que los dos asesores hubieran participado en acciones del paramilitarismo, sino por supuestamente tramar un ''complot'' con miembros de esas bandas en contra del tribunal y así bloquear las investigaciones que lleva la Corte contra congresistas, muchos de ellos aliados al gobierno.