El pueblo, última instancia política

El pueblo, última instancia política

27 de junio 2008 , 12:00 a. m.

En algún país del vecindario ha sido lugar común la confrontación política entre las ramas del poder público. Por eso, allí no es raro que un día amanezcan sin Corte Suprema, porque el Presidente la cerró; o que el Presidente amanezca destituido o encarcelado, aduciéndose los pretextos más curiosos o arrevesados (locura, una vez; traición a la patria, otra; en fin...).

Malhadada la hora en que los jueces deciden oír los cantos de sirena de la participación en la confrontación política. En lugar de la diosa Verdad, oirán los demonios del cálculo. Armados con el látigo de los autos y el mazo de las sentencias, los jueces desequilibrarán la competencia, apabullarán las ideas, reprimirán las iniciativas legislativas, amedrentarán a la dirigencia de los partidos.

Inmiscuidos en la política, los jueces caen en la tentación de impartir justicia selectiva y parcializada, según la filiación de la presa (que ya no preso). Si un parlamentario, por ejemplo, es de la fracción gobiernista, estará perdido frente a un activista-juez antigobiernista. Si en cambio es de la oposición, operará la venda, mejor, la ceguera.

La sentencia contra Yidis Medina es la tapa del congolo en cuanto a intervención de los jueces en la política. Narra primero la tortuosa convención oposicionista celebrada a altas horas de la noche y en apartamento de los suburbios. Allí aprobaron una proposición sustitutiva contra la ponencia favorable al levantar la prohibición de la reelección del Presidente. Con redacción de semanario de oposición, la Corte narra los naturales cambios de la correlación política en la Comisión Primera de la Cámara, pero convierte esas peripecias y avatares políticas en gruesos delitos. Comunes y rutinarios nombramientos son vistos en la sentencia con la lupa inquisidora del discurso oposicionista. Cada acto del Gobierno pasa a ser cohecho y desviación de poder.

Los opositores construyeron un guion de película barata y lo llevaron a la Corte: amenazaron a la protagonista; le aseguraron que la gente del Gobierno era de la catadura moral de ellos. Y la convencieron de que la iban a matar. Aparece entonces la famosa entrevista en la que Yidis narra las cosas con criterio de fantasma de ultratumba que denuncia a su presunto victimario, el Gobierno. Acusa a ministros de probidad incuestionable por delitos que nunca existieron.

La novela de Truman Capote 'A sangre fría' es literatura periodística. Buena parte es la narración del juicio a unos criminales que confesaron su delito. Pero no los condenan ipso facto, ¡no! Cada detalle va siendo confirmado científicamente por los investigadores: las huellas, la sangre, los movimientos previos. Los investigadores buscan la verdad exenta de cualquier duda razonable e incluyen en sus cálculos la posible autoincriminación dolosa. ¡Qué diferencia en el caso Yidis! Los jueces se negaron a oír a ministros, secretarios generales de la Presidencia, testigos. Con la declaración de Yidis y la narración de una reunión de opositores les basta. Pero las cosas no se quedan ahí. El propósito no es condenar a Yidis, es derrotar a Uribe. Lo que no pudieron en las urnas o creando una mayoría parlamentaria, lo intentarán con una sentencia.

Veamos: Yidis votó un acto legislativo que permite la reelección. El voto de Yidis fue la comisión de un delito, "el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal", ergo, el Presidente debe ser destituido.

Uribe ha recogido el guante. Recordó el intento de evitar la extradición de los paramilitares contumaces; el elogio de los "delincuentes altruistas" de Farc y Eln; la descalificación de los computadores de 'Reyes', desprestigiando a Interpol; la confesión de Mancuso que señala como su agente ante la justicia a Sale; la negativa a oír a los ministros antes de condenarlos. Por eso ha dicho que no estamos ante un debate judicial, sino político. Y la política tiene un juez límite: el pueblo. Estamos, pues, en camino de un referendo que ordene celebrar nuevamente las elecciones para que nadie intente, nuevamente, descalificar la legitimidad de origen del actual poder ejecutivo de Colombia.

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