Con premuras de tiempo, limitados ejercicios de bancadas y cuestionamientos sobre cuotas burocráticas, se aprobó el viernes en el Concejo el Plan de Desarrollo 'Bogotá Positiva para Vivir Mejor'. Catorce días después de radicado el plan comenzaron las exposiciones de los secretarios, la discusión de comisión se hizo en cuatro días y la plenaria discutió apenas dos días antes de aprobar el plan. A grandes rasgos podríamos hablar de lo positivo, lo negativo y lo que dejó pendiente el Plan.
Dentro de los aspectos positivos se puede destacar la cobertura de educación gratuita hasta grado once y la afiliación de casi 900 mil personas al régimen subsidiado, metas importantes que dan continuidad a la política social.
En lo económico se resalta la meta de llegar a 297 millones de dólares en inversión extrajera directa y el proyecto Banca Capital. En movilidad quedó el compromiso de contratar la primera fase del proyecto metro y en cultura vale la pena resaltar el programa 'Amor por Bogotá', que presenta una serie de acciones de autorregulación y corresponsabilidad ciudadana.
No obstante, el Plan refleja una gran confusión sobre el sentido y alcance del Sistema Integrado de Transporte. En el discurso público se han dado palos de ciego sobre los tiempos y los alcances del sistema. Llama la atención la exclusión del tren de cercanías, un compromiso en el programa de gobierno del Alcalde Moreno. Tampoco satisfacen las metas en vivienda, ya que a pesar del problema el plan propone una tímida meta de reducir en 12% este déficit.
Tal vez uno de los temas más preocupantes es el de la seguridad. Las metas de reducir un 14,5% la tase de homicidios y un 6,7% la tasa de muertes violentas no se compadecen con la problemática.
Otro tema que no convence son las metas en calidad de la educación. Si bien el plan establece que la apuesta debe ser el mejoramiento de la calidad, las metas no se corresponden con este esfuerzo.
Hay temas que quedan inciertos en el plan: uno de ellos es la descentralización, ya que la mayoría de metas son operativas y no es clara la apuesta del gobierno. De la misma manera no queda clara la decisión de tener ingresos adicionales que salgan de los bogotanos. La Administración debería ser clara y definir cuáles son los tributos adicionales que tendremos que pagar. En ese mismo sentido llama la atención que en las finanzas de las empresas industriales y comerciales del Estado está previsto un descenso en los ingresos corrientes y los recursos de capital. Algunas interpretaciones pueden llevar a concluir que se está pensando en una privatización de las empresas de servicios públicos de la ciudad.
A pesar de que el plan dice tener un enfoque de derechos, sus estrategias y metas no están planteadas así. Es incierto qué tanto avanzará Bogotá en términos de derechos para sus habitantes.
CARLOS CÓRDOBA MARTÍNEZ
COORDINADOR ' BOGOTÁ CÓMO VAMOS'