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Ex gobernador del Meta fue sancionado con 'muerte política'

Ex gobernador del Meta fue sancionado con 'muerte política'

La Procuraduría General de la Nación destituyó del cargo de gobernador del Meta a Luis Carlos Torres Rueda y lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
23 de abril 2008 , 12:00 a. m.

Luis Carlos Torres Rueda fue destituido del cargo de gobernador del Meta por la Procuraduría General de la Nación, ente que lo sancionó por eludir sus responsabilidades frente a la contratación que hizo el departamento durante el tiempo que él ocupó ese cargo.

El procurador general de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, precisó que la entidad "encontró suficientes pruebas sobre la omisión del entonces gobernador, de asumir la representación legal del departamento", toda vez que delegó la ejecución y contratación de programas de la administración departamental a la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación, entidad clausurada por el actual gobernador Darío Vásquez Sánchez.

La falta, calificada "como gravísima a título de dolo" por la Procuradu ría General, podría además acarrearle al ex gobernador Torres Rueda sanciones penales.

Así se desprende del concepto emitido por Edgardo José Maya Villazón, quien indicó que: "Para el caso en estudio es inocultable que el comportamiento que se ha examinado se acomoda objetivamente a la descripción típica consagrada por el injusto penal de prevaricato por omisión", delito tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano.

Además de ser destituido Torres Rueda fue sancionado con una inhabilidad de 10 años para ocupar cualquier cargo público. Esa sanción determina que solo hasta el 2018 el ex gobernador y ex senador del Meta, podrá nuevamente ocupar un cargo oficial o público.
 
En su pronunciamiento el Procurador dice que por las "graves irregularidades contractuales que generaron una multimillonaria afectación al erario en el departamento, cuando se desempeñó como gobernador del Meta", en el periodo constitucional comprendido entre el primero de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, se procede a la destitución del cargo a Luis Carlos Torres Rueda.

La sanción fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación el pasado 22 de abril.

El informe de la Procuraduría General de la Nación deberá ser trasladado a la Fiscalía General, para que inicie la investigación respectiva por los señalamientos hechos por el Ministerio Público.

Este expediente se sumará al que Torres Rueda ya tiene en el ente acusador del Estado por sus presuntos vínculos con paramilitares y por lo cual también es investigado disciplinariamente.

Explicó la Procuraduría que la sanción al ex gobernador Torres Rueda se fundamenta en el hecho de que "omitió cumplir actos propios de sus funciones" como gobernador, acciones que delegó a la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación, adscrita a su despacho.
 
Fue esta entidad la que se encargó durante la administración de Torres Rueda y de los ex gobernadores Edilberto Castro (hoy condenado a 40 años de prisión acusado de homicidio), Adán Ramírez Duarte y Juan Manuel González, de suscribir "convenios con las mismas entidades del departamento creadas con ese propósito", entre las que señala la Procuraduría a la Empresa de Servicios Públicos del Departamento (Edesa) y la Corporación de Desarrollo del Meta (Corpometa).

Bajo estas figuras jurídicas de contratación, que permitían obviar los controles y requisitos establecidos en la Ley de contratación estatal, el ex gobernador Torres Rueda permitió "por omisión", como lo destaca la Procuraduría, que la Unidad de Contratación se convirtiera en el organismo ejecutor del presupuesto departamental, y no el gobernador, como es su obligación constitucional.

Por eso, el Procurador General de la Nación "hizo especial énfasis en el grave daño social que se causó con su conducta", toda vez que los electores esperan que los gobernantes cumplan con el mandato delegado por ellos en las urnas, a quienes llegan a manejar los recursos públicos.

'Demostraré mi inocencia'

El ex gobernador del Meta y ex senador de la República, Luis Carlos Torres Rueda, dijo que tras enterarse de la sanción impuesta por la Procuraduría General, acatará esa decisión pero que interpondrá todos los recursos necesarios para demostrar su inocencia y la legalidad de sus actuaciones.

Torres Rueda, a través de un comunicado, agregó que como ciudadano de bien tiene la seguridad de que todos sus actos públicos se realizaron con la convicción de servir desinteresadamente al pueblo del Meta.

"Quiero manifestar de manera enfática que no debatiré en los medios de comunicación cuestiones que tienen una resolución estrictamente jurídica y no caeré en la trampa de politizar temáticas que corresponden al ámbito administrativo y procedimental.

A mis paisanos y amigos les pido con humildad que continúen apoyándome con su confianza y que sepan que, más allá de las circunstancias, la verdad se abrirá paso destruyendo calumnias y malos entendidos", dice en uno de sus apartes el comunicado.

Igualmente el ex senador en sucomunicado explica que todo lo que hizo como servidor público durante los últimos 15 años, lo ha hecho motivado por el deseo de ver al departamento del Meta guiado por la prosperidad.

Precisó que su trabajo lo hizo para ver un departamento en donde se construyan obras que generen trabajo y desarrollo, y programas sociales que permitan a los metenses lograr óptimas condiciones de vida para los mayores, para sus hijos y para los hijos de sus hijos.

Una unidad de última hora

A comienzos del año 2002 se creó la Unidad de Contratación del departamento a través de una decisión que se adoptó desde el despacho del entonces gobernador Luis Carlos Torres Rueda.

La medida se incluyó en la reestructuración al funcionamiento de la planta central del gobierno departamental y mediante la cual se ordenó el cierre de dos secretarías, entre ellas la de infraestructura, recordó el entonces asesor del gobernador, Carlos Julio Pérez.

La Asamblea del Meta otorgó en el 2001 facultades extraordinarias al gobierno de Torres Rueda para reestructurar la administración departamental.

"La creación de la Unidad de Contratación del Departamento fue una decisión que se tomó a última hora desde el mismo despacho del gobernador Torres Rueda y con la asesoría del abogado Carlos Eduardo Tobón, quien era el secretario privado", sostuvo Pérez.

Relató que un minuto antes de expedirse el decreto de reestructuración, Tobón apareció con el artículo redactado que creaba la Unidad, ente al cual se le otorgó la facultad para contratar todo el presupuesto del departamento.
 

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