Nueva generación de 'ovejas negras' entre familias tradicionales de San Andrés

Nueva generación de 'ovejas negras' entre familias tradicionales de San Andrés

A pesar de los esfuerzos para rescatar la isla de la garra de las mafias.

02 de abril 2008 , 12:00 a.m.

EL DOMINGO 23 DE MARZO, oculto entre formaciones coralinas, a 200 metros del muelle privado Los Almendros en la isla de San Andrés, buzos de la Policía encontraron un cargamento de fusiles AK-47 envuelto en bolsas y cubierto de grasa para evitar su oxidación. Al parecer había sido descargado días antes por contactos del Bloque Caribe de las Farc.

Un testigo contó a las autoridades que los 10 fusiles fueron el pago por 14 kilos de cocaína, y que los proveedores de las armas tuvieron que devolverse con un lote de granadas y morteros que los compradores no tenían con qué pagar, porque no pudieron mover más cocaína desde el continente. "Los encargados de la operación se encontraron con un bloqueo de buques de interdicción de la Armada, la Policía y la Fuerza Aérea", relató el testigo.

El hallazgo de las armas coincidió con la captura, en aguas internacionales cercanas a Honduras y Costa Rica, de dos barcos pesqueros con más de dos toneladas de cocaína. Las naves, que habían zarpado de Colombia, perdieron el norte tras un largo rodeo para evitar los dispositivos de seguridad montados en San Andrés y Providencia.  "Los mafiosos de todo pelambre deben saber que si le apuestan a reeditar su imperio aquí, van a perder la apuesta", le dijo a CAMBIO el comandante de la Policía en la isla, coronel León Darío Villa, para destacar los resultados del esfuerzo hecho para combatir el tráfico ilegal de drogas y armas. 

La Fiscalía y el DAS también han mostrado resultados positivos en la incautación de bienes de la mafia. Según la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, hasta el 15 de marzo estaban ocupados con fines de extinción de dominio 270 inmuebles, 60 vehículos entre carros y embarcaciones, y sociedades comerciales de fachada, cuyo valor estiman en más de 250.000 millones de pesos.

De ese inventario hacen parte no solo bienes de narcotraficantes tradicionales como Nelson Urrego, dueño del Hotel Internacional Sunrise Beach, y Jesús Amado Sarria, uno de los primeros propietarios del Hotel Aquarium y del Hansa Coral Club, sino empresas y buques pesqueros de una más reciente generación conformada por "ovejas negras" de familias tradicionales como los Archbold y los Bent Williams.

El panorama, sin embargo, no está despejado. Aunque se destaca el hecho de que los índices de criminalidad han disminuido 23 por ciento en los últimos dos años, enviados de CAMBIO a San Andrés comprobaron que, pese a evidencias en su contra, han quedado en libertad algunos narcotraficantes y que los bienes ocupados para extinción de dominio son manejados por familiares o testaferros de los criminales.

Una historia que se remonta al 22 de agosto de 2006 así lo demuestra. Ese día se accidentó un camión en el sector de Back Road, en la zona del viejo San Andrés, y debido al golpe cayeron al suelo unas cajas de baldosa que ocultaban 130 paquetes de cocaína. El revuelo generado por el accidente fue aprovechado por algunos lugareños que recogieron la droga y huyeron, tal vez con la esperanza de hacer su agosto vendiéndola. 

Cuando la policía llegó al lugar, encontró al chofer desconcertado junto al camión accidentado y una capa de polvo blanco en el pavimento. "Llovió cocaína sobre San Andrés", escribió entonces el columnista Ramiro Bejarano para describir la escena, y se preguntó si detrás del cargamento no estarían miembros del poder local. El columnista y ex director del DAS acertó en varios nombres, como el de Bernardo Benito Bent Williams, esposo de la entonces candidata y hoy alcaldesa de Providencia, Janeth Archbold Howard.

El DAS fue encargado por el fiscal especializado Álvaro López Giraldo de identificar a los dueños del cargamento. Los investigadores intervinieron los teléfonos de varios "ilustres" del archipiélago y lograron establecer que los hermanos Benito y Benjamín Gustavo Bent Williams montaron una operación para recuperar la droga, con instrucciones a sus enlaces de hacerlo, preferiblemente, sin apelar a la violencia.

Con base en más de 500 horas de grabaciones y las indagatorias de los implicados, fueron identificados otros personajes vinculados a la operación, como Bender Archbold Harten, sobrino de un ex presidente de la Cámara, y sus parientes Eusebio David Webster Archbold y Luis Guerrero Harten. Pero el año pasado, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cartagena consideró que el proceso tenía vicios de forma y los dejó en libertad. Algunos de ellos son requeridos ahora por Estados Unidos.

En las mismas

Pero no solo decisiones como la del fiscal de Cartagena han afectado el esfuerzo conjunto de la Fiscalía y el DAS para incautar bienes de los Archbold, los Bent y los Williams. Otro factor tiene que ver con el manejo que la Dirección Nacional de Estupefacientes le ha dado al asunto: el 85 por ciento de los bienes ocupados, entre ellos empresas como Marítima Providencia, con más de 400 empleados, son manejados por el mismo depositario: Etilsa Hernández.

Y el problema es que según la Ley de Extinción de Dominio, el depositario puede disponer de los bienes mientras se produce la sentencia definitiva. Los enviados especiales de CAMBIO verificaron que la mayoría están arrendados a familiares, amigos cercanos y testaferros de los que figuraban como propietarios, lo que podría significar una burla a la Justicia. 

En el sector de La Rocosa o Bob Ground, uno de los más exclusivos de la isla, en una casa de Byron Francisco Bent Williams, teóricamente ocupada con fines de extinción, vive una mujer que se identificó como su cuñada y que, furiosa, exigió a los periodistas alejarse de la propiedad al darse cuenta de que estaban tomando fotos.  Por otra parte, los administradores de confianza de la familia Howard siguen manejando las oficinas de la Comercializadora Howard Brothers que ocupan tres pisos del edificio de la Cámara de Comercio.

Aunque son la excepción, también hay casos en que la DNE ha dejado el manejo de bienes incautados a sus propietarios originales. Es el caso de las motonaves Tarus I, II y III, de Marítima Providencia, que han batido una especie de récord nacional por el número de veces que fueron capturadas con droga, pero que como mueven buena parte de los productos necesarios para el abastecimiento de la isla, las autoridades permiten su operación controlada.

El cuadro no está completo si deja de mencionarse el hecho de que las autoridades han encontrado una fuerte resistencia de grupos raizales que quieren copar todas las instancias de poder, incluida la administración de Justicia. Según lo admite el profesor de historia Joel Livingston, moderado defensor de esta posición, los nativos consideran que la persecución contra narcotraficantes locales es parte de un proceso de estigmatización de los isleños por parte del Gobierno Nacional.

En resumen, si bien es cierto que el Gobierno ha hecho enormes esfuerzos para rescatar a la isla de las garras de las mafias, no ha puesto énfasis en la recuperación y el desarrollo sociales. Según el Dane, la cobertura en educación básica e intermedia es apenas del 60 por ciento, los servicios públicos de calidad solo llegan al 23 por ciento de la población y los programas del Sena están subutilizados. "La mayor demanda recae en programas de pesca y navegación, pues los adolescentes sueñan con hacerse a la mar para emular a los que tradicionalmente han visto en el narcotráfico la única forma de amasar un capital", sostiene Livingston. 

Pero de cumplirse lo que prometió el presidente Uribe el 20 de julio del año pasado, San Andrés deberá volver por sus fueros para ser vista no con el prisma del orden público, sino del desarrollo social y la soberanía.

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