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El barrio del "Estado" de Quibdó

El barrio del "Estado" de Quibdó

Costosas casas de políticos y servidores públicos contrastan con las precarias viviendas de los habitantes de la capital más deprimida del país.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
06 de febrero 2008 , 12:00 a. m.

EN CONTRASTE CON la pobreza general de Quibdó, se destaca un sector bautizado por sus habitantes como el "barrio del Estado", de casas enormes y lujosas que pertenecen a políticos, funcionarios y ex funcionarios que "curiosamente" figuran en procesos penales y disciplinarios que marchan a media máquina o van camino de la prescripción.  Mientras tanto, en sus alrededores, cerca de 10.000 personas viven en precarias viviendas hechas de adobe, madera y de algunos materiales de desecho, que, a falta de servicios básicos como el agua, se ven obligados a recoger aguas lluvias para suplir las necesidades domésticas. El famoso "barrio del Estado" existe desde hace más de tres años, pero sólo hasta ahora las unidades anticorrupción del DAS y del CTI se han ocupado de averiguar por el origen de los recursos que han servido para levantarlo.

Uno de sus pioneros es Carlos Murillo Agualimpia, ex contralor del departamento. Su casa, de 300 metros cuadrados y avaluada en 600 millones de pesos, está construida en concreto repujado y tiene vitrales traídos de Panamá, piscina y jacuzzi.

Murillo figura en expedientes de la Procuraduría  y en la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos de la Fiscalía. Durante su período como Contralor (2003-2005) trabajaba también como prestamista de entidades y personas naturales a las que cobraba las tasas de interés más altas del mercado.

Desde entonces ha intentado rehuir responsabilidades sobre la casa y afirma que es de propiedad de su esposa, Danny Moreno, ex secretaria de Salud del municipio y quien está vinculada a un proceso penal por peculado con dineros del Sisbén, al lado del actual gobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca.

Uno de lo vecinos de Murillo es Eustaquio Olave, gerente del Hospital San Francisco de Asís entre enero de 2002 y abril de 2005, quien tiene una casa, con piscina y pisos de mármol, avaluada en cerca de 500 millones de pesos, que contrasta con el estado de postración en que entregó el hospital más grande de Chocó: 13.000 millones de pesos de déficit, según un informe de la Superintendencia Nacional de Salud que intervino la entidad. Olave aparece en procesos por peculado culposo e interés indebido en la celebración de contratos.

Ovidio Palacios, alcalde de Lloró (1998-2000) y del municipio de Atrato (2005-2006), construyó su mansión de tres plantas con una fortuna que amasó de la noche a la mañana. Y aunque parece nueva, él asegura que la hizo en 1987 y que está a nombre de su esposa. "No necesito robarle al Estado para tener una casa", le dijo Palacios a CAMBIO cuando le preguntó por tres procesos por peculado a los que está vinculado.

Otros propietarios de grandes casas en el barrio son David Mosquera Valencia, ex secretario general de la Gobernación de William Hallaby, quien fue protagonista de un escándalo por la concesión del chance, manejado por una sobrina suya y Leonardo Palacios Pino ex tesorero del departamento y del municipio del Medio Atrato, uno de los más pobres de Chocó, y hoy asesor del mismo. Mosquera y Palacios  son observados con lupa por las autoridades que pretenden establecer la procedencia de su dinero.

Vecinos del sector advierten que sería injusto estigmatizar a todo el barrio completo, porque en él también viven personas que han hecho fortuna a pulso y con trabajo honesto. Sin embargo, los investigadores saben en qué dirección deben buscar y por eso tienen en la mira a las personas mencionadas. 

VIEJO CONOCIDO

Las fortunas y la ostentación de algunas personas que viven en el llamado "barrio del Estado" son la comidilla de las reuniones sociales de Quibdó, que también tienen como plato fuerte al gobernador PATROCINIO SÁNCHEZ, vinculado a varias investigaciones.

Miembro de una casta que se ha adueñado del poder en el departamento, Sánchez, que hoy maneja un presupuesto cercano a los 128.000 millones de pesos, tiene 10 investigaciones en la Procuraduría que hasta ahora le han significado dos sanciones. El Código Disciplinario Único inhabilita en forma automática a servidores públicos cuando son cobijados por tres fallos en su contra, pero el Gobernador se las ha arreglado para dilatar los procesos y evitar la tercera medida desfavorable que le significaría perder el cargo.

La Fiscalía, por su parte, lo tiene vinculado a dos procesos. Uno, por peculado por apropiación de 1.500 millones de pesos de la sobretasa a la gasolina  cuando se desempeñaba como Alcalde de Quibdó (2001-2003); y otro, por el manejo irregular de 2.000 millones de pesos del régimen subsidiado de salud.

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