El desangre de Coomeva

El desangre de Coomeva

La EPS perdió más de 90.000 millones de pesos por maniobras de directivos que promovieron la creación de empresas de fachada para saquear a la entidad.

30 de enero 2008 , 12:00 a.m.

EN UN SECTOR DEPRIMIDO de Cali, una casa de dos plantas sin aviso en la fachada y que hoy es un depósito de chatarra, fue la sede de Medicamentos de Occidente, una empresa que Salud Coomeva, una de las EPS más grandes del país, la tenía entre sus contratistas.

Las deplorables condiciones del inmueble contrastan con la historia de prosperidad de la empresa que durante dos años recibió 42.000 millones de pesos del sistema de salud, como pago por la atención de pacientes con sida y el suministro de equipos para microcirugía y tratamientos complejos, y que según  archivos clínicos, contables y financieros de Coomeva atendía diariamente a más de 200 pacientes y era su proveedor más cumplido.

La verdad es, sin embargo, otra muy distinta. Periodistas de CAMBIO tomaron historias clínicas al azar y comprobaron que, por ejemplo, tres personas identificadas como Nidia, Julio y Sergio, pacientes con VIH, murieron entre 2001 y 2002 pero aparecían como si hubieran sido atendidas por Medicamentos en 2004. También establecieron que Coomeva EPS le pagó a la empresa por servicios a personas que en realidad eran atendidas por otras entidades, como Corposida. Todo indica que Coomeva no sólo tiene información falsa, sino que ha usado en forma indebida bases de datos ajenas.

Dos investigadores del Grupo Especial contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, Pedro Orlando Ayala y Ángel Ignacio Rodríguez, descubrieron mediante documentos contables y bases de datos del sistema financiero a dónde fueron a parar los millonarios recursos que Coomeva entregó a Medicamentos de Occidente.

El hombre de 'El caballista'

Jairo Estarita Monroy y Édgar Antonio Ricardo García, dueños de Medicamentos de Occidente,  movieron en los últimos cinco años en sus cuentas personales más de 7.800 millones de pesos por medio de giros y retiros sin soporte alguno.

Estarita, un cartagenero que empezó como mesero de un restaurante, acabó tomando en el exterior un curso sobre materiales e insumos para la odontología y luego montó una pequeña empresa: Quirudent. Su amigo y socio Ricardo García y la esposa de éste Oliva Sanín Berrocal, con un capital de seis millones de pesos, también crearon una empresa, Riber Ltda., que acabó fusionándose con Quirudent. De esta fusión surgió Medicamentos de Occidente, que viviría de los contratos con Coomeva.

Los movimientos financieros injustificados de Estarita y Ricardo están conectados con cuentas personales de Héctor Alfonso Parra Quintero, en las que ambos hicieron consignaciones. Parra, yerno del entonces gerente general del Grupo Coomeva, Laureano Novoa Guevara, llegó en 1996 al cargo de gerente financiero de la entidad y trabajó allí hasta 2005, cuando explotó un escándalo por manejos irregulares en la contratación. Pero no fue esto lo que puso a Parra en la picota, sino su aparición en la lista Clinton en 2003: era el contador de Joaquín Mario Valencia, El caballista, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Según investigadores designados por Zeidy Izquierdo Vargas, fiscal 23 delegada ante el CTI, el flujo de dinero de las cuentas de Estarita y Ricardo hacia las de Parra plantea dos posibilidades: que pagaban coimas para garantizar los contratos, o que eran socios del contador de El caballista y aprovechaban su experiencia como lavador de activos.

Cadena fraudulenta

La historia de Medicamentos de Occidente es apenas un eslabón de la cadena de saqueos a Coomeva. CAMBIO conoció documentos que prueban que directivos de la entidad, removidos de manera silenciosa, promovieron la creación de EPS que se lucraron con contratos de Coomeva o le hicieron competencia.

Una de las protagonistas de este saqueo es Melba Lucía Flórez Toro, quien durante 10 años ocupó los cargos de Gerente Nacional de Salud y Gerente de Salud Corporativa de Coomeva EPS, posiciones que la convirtieron en una especie de zarina de la contratación. Apadrinada por Novoa, creó la empresa Vida y Salud IPS del Valle y en ella invirtió recursos que en realidad provenían de Coomeva, según varios testigos que han declarado en el proceso 012 que adelanta la Fiscalía por el saqueo a la entidad.

Pero Flórez no sólo desvió recursos de Coomeva EPS a su empresa Salud y Vida, sino que contrataba a través de ella con Salud Colombia, otra empresa creada con la complicidad de Novoa. Su fortín se consolidó con el ingreso a la nómina de Coomeva de algunos familiares suyos: su hermana media Sandra Madrid Toro y su cuñado Boris Eduardo Barandica trabajan en el área médica. También laboraba su compañero sentimental, el médico ginecólogo Johny Valderrama y, además, su primo Adolfo León Flórez Valencia creó la primera de una serie de IPS que se dedicaron a defraudar a la entidad por medio de contratos y que luego se declararon en quiebra y recibieron millonarios recursos de Coomeva en calidad de "ayuda solidaria".

El carrusel empezó con la creación de Plan Salud para atender a 7.000 usuarios, una IPS que prestó servicios desde 1999 y que para el 31 de enero de 2002 tramitaba pagos superiores a 3.362 millones de pesos. Después de que sus dueños la quebraron a propósito, surgió Adsalud Ltda., constituida con sólo cuatro millones de pesos, que llegó a facturarle a Cooomeva servicios por cerca de 14.000 millones de pesos. Con el botín en sus arcas, Adsalud fue llevada a la disolución, y dio paso a Santa Helena IPS S.A. que, a su vez, se transformó en Salud Médica S.A.

Curiosamente, cuando alguna de estas compañías de papel aparentemente entraba en quiebra, Cooomeva les tiraba una tabla de salvación y asumía las pérdidas.

Testigos que han colaborado con la Justicia sostienen que fueron usados como testaferros e incluso algunos firmaron documentos para la constitución de esas empresas de fachada, asaltados en su buena fe por altos ejecutivos de Coomeva EPS (ver recuadro).

Gracias a ellos, la fiscal delegada ante el CTI y funcionarios de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía han sabido, por ejemplo, que José Vicente Torres Osorio, miembro del Consejo de Administración del Grupo Coomeva, está detrás de la fraudulenta  cadena, cuyos dos últimos eslabones son Salud Familiar IPS -pendiente de liquidación por incapacidad financiera- e Ibanasca, que aparece como habiéndole prestado servicios a Coomeva EPS a pesar de no haber contratado con ella.

El Grupo Coomeva ha tenido que destinar millonarios recursos para responder por errores de esas empresas. "Resulta injusto que la EPS tenga que responder patrimonialmente por la irresponsabilidad de una IPS inhabilitada para prestar el servicio", comentó una empleada que trabaja en el proceso interno de saneamiento.

En la mira

Investigadores del Grupo Especial contra el Lavado de Activos de la Fiscalía analizan con lupa las cuentas y el patrimonio de Juan Bautista Quiceno López y de Harold Obdulio Rodríguez. Quiceno, que hacía parte de la Junta de Vigilancia Corporativa, promovió la creación de las IPS Salud Médica y Palmédica y le habría ayudado a José Vicente Torres a organizar la red de testaferros.

Rodríguez, que fue gerente de Coomeva EPS en Palmira, fue desvinculado hace poco señalado por corrupción. Testigos sostienen que su patrimonio es mal habido y que de él hace parte una flota de 100 taxis. Y el ISS promovió en su contra un proceso disciplinario por haber trabajado simultáneamente como médico de tiempo completo y como ejecutivo en Coomeva.

Funcionarios de la nueva administración de Coomeva le dijeron a CAMBIO que tanto Laureano Novoa como Melba Flórez son personas de extracción humilde que, en muy poco tiempo, multiplicaron por millones su patrimonio. Según una antigua subalterna suya, Flórez  adquirió dos casas en el conjunto residencial Jockey Club, en Ciudad Jardín, y le compró un costoso caballo de equitación a su hija.

Si bien varios funcionarios comprometidos fueron despedidos por la nueva administración encabezada por Alfredo Arana como gerente general del Grupo y Fernando Panesso Serna, como gerente de la EPS, aún quedan personas sobre quienes hay sospechas: Camilo Moreno, hijastro de Laureano Novoa,  y José Torres. Pero sus cargos son de elección y dependen de la voluntad de los afiliados a Coomeva. CAMBIO intentó comunicarse con ellos pero no respondieron las llamadas.

De una historia de fraudes que le ha costado a Coomeva más de 90.000 millones de pesos, aún quedan capítulos por contar y la nueva administración está empeñada en hacerlo para devolverle el prestigio perdido a una de las EPS más grandes del país. 

ENGAÑADA

Con su esposo enfermo de leucemia y su hija afectada por lupus, la odontóloga Dora Isabel Martínez no quiere ir a la cárcel y por eso en el último año ha colaborado con la Justicia para esclarecer la verdad sobre la red de IPS que saquearon a Coomeva.

Según ella, fue inducida a engaño y firmó en una notaría la constitución de por lo menos dos IPS, encabezadas por Salud Médica. Responsabiliza a Juan Bautista Quijano, que en ese momento era miembro de la Junta de Vigilancia y la ayudó a hacer efectivo el cobro de unas facturas por servicios profesionales. "Él me pidió que lo representara en un acto mercantil -contó la odontóloga-. Yo firmé a ciegas y no sabía que estaba rubricando la constitución de una empresa creada con fines ilícitos".

LA RED

El expediente de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía encontró que desde la EPS Salud Colombia se organizó una red de testaferros que defraudaron a Coomeva en Cali.

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