No pagar por ahora $ 230.000 millones a Granahorrar, decidió el Gobierno Nacional

No pagar por ahora $ 230.000 millones a Granahorrar, decidió el Gobierno Nacional

El Ejecutivo apelará a la vía legal, en cabeza del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) y de la Superintendencia Financiera, afectados por sentencia del Consejo de Estado.

27 de enero 2008 , 12:00 a.m.

El director de Fogafin, Santiago Vélez Penagos, aseguró que se tienen argumentos sólidos para enfrentar el caso, cuyo monto se asimila a los recaudos generados por una reforma tributaria.

La acción legal arranca por la adopción de una tutela ante el Consejo de Estado, organismo que decidió la demanda a favor de los antiguos propietarios de la entonces corporación de ahorro y vivienda Granahorrar. Luego, en caso de que la sentencia sea ratificada, se irá a la instancia máxima, la Corte Constitucional.

En los anteriores términos, se anticipa que la decisión oficial podría llevar a un choque de trenes entre los máximos tribunales, como ya ha ocurrido en otros casos.

El director de Fogafín explicó que la acción de tutela que se interpondrá esta semana tiene tres sustentos: - La caducidad de la acción de reparación que fue interpuesta por los propietarios.

- Indebida valoración de las pruebas por parte del Consejo de Estado para tomar la decisión en contra de los intereses de la Nación.

- Uno de los magistrados del Consejo de Estado había sido asesor de la familia Carrizosa. El magistrado se declaró impedido pero no le fue aceptado por el tribunal.

Los abogados que representarán al Fogafín y a la Superfinanciera son el ex ministro de Hacienda Hugo Palacios Mejía y el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes.

De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, se le deberá reintegrar a la familia Carrizosa la suma de 230.000 millones de pesos, más los intereses causados por el tiempo que se deje de cancelar la obligación, los cuales ascienden a 90 millones de pesos por día.

"El gobierno confía en su argumentación jurídica. El proceso no adoleció de fallas y el gobierno actuó con total transparencia salvaguardando los intereses del sector financiero y del país", aseguró Vélez.

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