Human Rights Watch pide que el TLC se use para presionar a Álvaro Uribe a proteger sindicalistas

Human Rights Watch pide que el TLC se use para presionar a Álvaro Uribe a proteger sindicalistas

El director de la ONG Kenneth Roth le envió una extensa y dura carta a la Representante Comercial de E.U. Susan Schwab.

24 de enero 2008 , 12:00 a.m.

En la carta, obtenida por EL TIEMPO-Portafolio, HRW le pide al Congreso dejar el TLC en el congelador hasta que el gobierno
muestre resultados "concretos y significativos" que puedan ser medidos a lo largo de un espacio de tiempo razonable.

Esto último constituye el corazón de la carta pues aunque reconocen que el gobierno ha tomado algunas medidas, sugieren que la efectividad de estas no pueden ser evaluadas de inmediato.

En la carta, HRW presenta una lista de 8 precondiciones que deben ser cumplidas antes que el legislativo de E.U, le dé si quiera consideración al tratado.

Aunque algunas de ellas están asociadas directamente al caso de los sindicalistas, la mayoría son dirigidas al proceso de desmovilización de los grupos paras pues, según HRW, buena parte de los ataques contra los trabajadores fueron perpetrados por ellos . 

"Cuando E.U. y Colombia iniciaron las negociaciones, lo vimos como una oportunidad histórica para apalancar los esfuerzos por salvar esta democracia de las mafias que aterrorizan a la gente e impiden la actividad sindical. Esta oportunidad se perdería si se ratifica el TLC de manera prematura y en momentos en que los esfuerzo del gobierno por desmantelar a estos grupos sigue siendo ambiguo. Ratificar ya el Tratado disminuirá la presión para que el gobierno tome pasos que son necesarios, pero que se resiste a tomar", dice la misiva.

Una idea muy similar a la planteada a finales del año pasada por un editorial del diario New York Times.

Ese editorial, que generó una airada protesta del gobierno, pedía usar el Tratado, -la zanahoria-, como una especie de "garrote" para provocar cambios en el país.

En la carta, Roth dice que su organización se opone al trato pues el gobierno, pese a las promesas, ha fracasado a la hora de enfrentar los altos índices de violencia sindical y a los grupos paramilitares.

Aunque reconoce que las cifras de muertes de sindicalistas se han reducido en el gobierno Uribe, menciona los asesinatos de 400 personas y más de 1.358 amenazas como prueba que el problema persiste.

"No creemos que E.U. deba otorgar ingresos sin aranceles a productos en muchos casos elaborados por trabajadores que no pueden ejercer su derecho básico de asociación, en gran parte por la violencia anti sindical que existe", dice Roth en otro aparte.

Estos son algunos de los pasos que, según HRW, debe tomar Colombia antes de obtener la "luz verde" para la ratificación del  tratado.

1. Detener la impunidad en crímenes contra sindicalistas.

  • Investigar sus muertes y obtener un número sustancial de condenas contra los que planearon y ejecutaron los crímenes.
  • Producir un reporte periódico del status de las investigaciones y procesos judiciales para que las ONG y otros interesados puedan monitorear los resultados.

2. Reportar con veracidad información sobre desmovilizados

  • Volver a entrevistar a los desmovilizados que reciben beneficios para determinar si realmente fueron "paras" y para recolectar información sobre sus bienes, crímenes y estructuras.
  • Clarificar en reportes públicos el conocimiento que tenga el gobierno sobre al cantidad de personas que sabe se desmovilizaron sin ser paras y los que se han mantenido activos pese a la desmovilización.

3. Bienes paramilitares

  • Establecer un límite máximo de tiempo fijo dentro el cual los paramilitares que busquen sentencia reducida deban haber entregado todos sus activos son pena de perder los beneficios y ser extraditados a E.U. 
  • También debe existir un límite de tiempo máximo para que los testaferros de los paras a entregar sus activos.
  • Implementar efectivamente el Proyecto para la protección de la tierra y bienes de personas desplazadas por los paras 

4. Cortar nexos con los jefes

  • Evitar que los líderes que están en prisión puedan comunicarse con subalternos por fuera de la cárcel. La Fiscalía debe monitorear sus llamadas y el acceso a Internet.

5. Enjuiciar a los colaboradores

  • Investigar y enjuiciar a militares policías y políticos que colaboraron con los paras. Asegurarse que los paras cumplan con su promesa de revelar los nombres de quienes los financiaban y les colaboraban. Extraditar a quien no cumpla con este requisito.
  • Retirar y oponerse a toda legislación que conduzca a reducir la sentencia o impunidad de los paras y sus colaboradores. Específicamente una ley apadrinada por el gobierno que acabaría con los casos de concierto para delinquir.
  • Asegurar que los casos se queden en las altas cortes y no vayan a jueces regionales donde su seguridad e independencia puede verse comprometida.

6. Que cumplan años de cárcel

  • Los paras deben cumplir con al totalidad de sus sentencias reducidas y no se les debe contar el tiempo que pasaron en Santa Fé de Ralito o permitir que las paguen bajo arresto domiciliario o en colonias agrícolas. Por lo tanto debe ser enmendado el decreto 3391.

7. Extradiciones a E.U.

  • Se debe impedir que los paras bloqueen la extradición al confesar los crímenes por los que E.U. los solicita.  Se debe empujar una ley que deje este tipo de crímenes por fuera de la sentencia reducida que ofrece la ley de Justicia y Paz. Mientras sucede, la Fiscalía abstenerse de enjuiciarlos por ellos. 
  • Extraditar a todos los lideres paras que no hayan cumplido, total o parcialmente, con su compromiso de confesar, entregar sus bienes, desmovilizar sus tropas y suspender actividades criminales.

8. Proteger víctimas y testigos

  • Establecer y financiar un programa para la protección de víctimas y testigos de la violencia paramilitar.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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