Perfil del Contralor/Opinión

Perfil del Contralor/Opinión

*Gérmán Vargas Morales/Ingeniero Industrial M.Sc. Abogado.

21 de enero 2008 , 12:00 a.m.

Hace cuatro años, a la posesión del Contralor Departamental le llovieron palos y centellas provenientes de algunos sectores y de diferentes medios de comunicación y columnistas, entre ellos el suscrito, basados en que el elegido era el revisor fiscal de una de las empresas privadas del  Gobernador de entonces, lo cual no garantizaba la independencia, transparencia y condiciones necesarias para adelantar una fiscalización y un control adecuados.

El resultado de ese período tan tormentoso para el erario y las finanzas departamentales, es bien conocido y exaltado con un Gobernador en la cárcel.

Hoy, acaba de posesionarse un nuevo Contralor Departamental, el abogado Jaime Alberto Rodríguez, cuyos antecedentes, por lo menos en la Universidad de los Llanos,  no presagian  un ejercicio ético que proyecte tranquilidad y seguridad entre la opinión pública.

La responsabilidad del nuevo funcionario en los entuertos del alma mater durante la nefasta administración del Rector Carlos Enrique Garzón, fue ignorada por los periodistas y programas radiales, a pesar de su conocimiento al haber sido difundida en el pasado por algunos medios de comunicación.  

En efecto, Jaime Alberto Rodríguez, vinculado mediante contrato de prestación de servicios suscrito con el entonces Rector Garzón,  entabló una demanda ejecutiva contra el Departamento del Meta, con base en el Acuerdo suscrito  a finales del año 2000 entre la Universidad y el Gobernador de la época Alan Jara.

Este acuerdo, establecía en  6.280 millones de pesos la deuda del Departamento a Unillanos por concepto de regalías, y su cancelación parcial entregando en dación de pago el lote que hoy corresponde a la sede San Antonio en el Barzal, entonces avaluada en 4.780 millones de pesos.

El lote, efectivamente fue entregado, y la universidad venia disfrutándolo, faltando solo su legalización  de escrituras por una parte, y por otra el remanente en dinero para cubrir toda la deuda, en el momento de ser  iniciada  la demande ejecutiva.

El exmagistrado y columnista Carlos Burgos Moyano afirmaba   " A cambio de demandar el cumplimiento de la obligación de hacer emanada de ese convenio, es decir, el otorgamiento de la escritura de transferencia del dominio del predio a favor de la Universidad y los perjuicios moratorios que se hubieran causado, junto con el pago insoluto de las regalías ( descontando el valor del inmueble ), se demandó por toda la obligación  pero en dinero. ". 

Como si la Universidad no hubiera recibido nunca el predio. De esta manera el abogado pudo cobrar  a  la  Unillanos unos honorarios parciales de 444 millones de pesos, correspondientes al 10% del valor del predio de San Antonio. Esto, además de los 3 millones 800 mil  pesos mensuales fijos que recibía por su contrato como asesor jurídico externo de la Universidad.  

¿Quién  ha investigado estos hechos ? ¿Quién investiga los de la misma época relacionados con la célebre y frustrada compra  por parte de la Universidad del edificio sede del barrio El Emporio, que valieron denuncias por falsedad y estafa, sin que hasta el momento haya pronunciamiento sobre los responsables ?  ¿Cuántas hojas de vida de profesionales sin tacha quedaron regadas en el camino de la competencia hacia la Contraloría?
 

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