Villavicenses tendrán que graduarse de ciudadanos

Villavicenses tendrán que graduarse de ciudadanos

Alcaldía de Villavicencio está a punto de lanzar la propuesta de 'Carrera ciudadana', para generar una cultura cívica que permita generar respeto por las normas de convivencia.

21 de enero 2008 , 12:00 a.m.

Sin embargo antes tendrá que evaluar cuáles son las normas que más violan los habitantes de la capital del Meta. 

Por ejemplo, en los últimos 18 meses  la administración municipal  expidió cinco decretos  para tratar de ejercer control en una ciudad que parece desbordarse por el desorden.

Prohibición de menores en las calles, erradicación de paraderos satélites, restricción a motociclistas y control al porte de armas, hicieron parte del paquete de medidas que hoy pocos tienen en cuenta y que se han convertido en un saludo a la bandera.

Tres semanas después de posesionarse,  el alcalde, Héctor Raúl Franco ha dicho que le apostará a diseñar un plan para 'graduar' a las personas como ciudadanos.

El comandante de la Policía, coronel  Pablo Gómez,  dice que hace falta más conciencia del respeto de las normas, mientras que Luis González, líder cívico y promotor desde hace varios años de la cultura ciudadana, sostiene que cualquier plan pedagógico  para enseñar civismo es bueno, pero si se hace manera continua.
 Llano 7 días hace un inventario de las normas que con más frecuencia violan los villavicenses.


Desorden de conductores
La indisciplina de los conductores y la indiferencia de las empresas de transporte intermunicipal   han  hecho que en la ciudad subsistan siete  paraderos o terminales satélites.

El detrimento para la Terminal de Transportes de Villavicencio, en especial para los comerciantes que tienen sus locales allí, se calcula en más de  50 millones de pesos  al mes.

A causa  de ello, los ciudadanos se han acostumbrado a no ir hasta el terminal, sino dirigirse al paradero de buses  más cercano a su casa.

A mediados del año pasado el alcalde, Héctor Caamaño, prometió erradicarlos y solo por  unas semanas lo logró. Luego, incluso ante los ojos de las mismas autoridades de tránsito, los conductores seguían utilizando las vías de la ciudad para cargar pasajeros.

Padres sin el control de los hijos
Para impedir que los menores de edad protagonizaran  desórdenes en las vías públicas e incluso en los bares, la alcaldía determinó que los jóvenes menores a 18 años debían estar en sus casas antes de las 11 de la noche. Ningún niño o adolescente debe permanecer en las calles o sitios públicos entre esta hora y las cinco de la madrugada, a menos que esté con sus padres .  

Sin embargo,  solo basta un recorrido por las zonas rosas de la ciudad cualquier día de la semana para entender que esta norma es violada permanentemente.

Junto a esta normatividad  tampoco se respeta la prohibición para vender licores a menores de edad, o consumir licor en vías públicas y zonas verdes.

Prostíbulos siguen en el centro fundacional

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adoptado por Villavicencio a través del decreto 353 del año 2000, el cual fue firmado por el entonces alcalde Hernando Martínez Aguilera, ordenó el retiro del centro fundacional de los prostíbulos que funcionan en varias de sus calles.

En el año 2003 el entonces alcalde de Villavicencio, Omar López Robayo, se propuso hacer cumplir el mandato del POT y algunos negocios de esa índole fueron erradicados por la Policía departamental.

Ni la administración de Franklin Germán Chaparro Carrillo, ni las que siguieron tanto en calidad de interinas como en propiedad, han hecho algo para hacer cumplir la norma del POT.

La actual secretaria de Gobierno de Villavicencio, Sonia Judith Baquero Soler, anunció que hará una revisión sobre el alcance de la norma con el propósito de hacerla cumplir en su totalidad.


Sigue invasión de las calles

Las ventas ambulantes siguen ocupando el espacio público en Villavicencio, a pesar de decisiones judiciales adoptadas mediante Acciones de Cumplimiento y Tutelas que ordenan el mantener limpias las calles de vendedores callejeros.

Una última decisión judicial dio plazo hasta el pasado 25 de septiembre al entonces alcalde Héctor Manuel Caamaño Chacón para retirar de la calle 37 b, frente a Almacenes Yep, a los vendedores ambulantes ubicados allí desde finales de 2003.

La misma decía que el desconocer esa disposición llevaría a la cárcel, por desacato, al entonces mandatario.

Los vendedores fueron desalojados de dicha zona pero ahora se observan en diferentes calles de la ciudad, sin que hasta el momento se defina una solución definitiva sobre un lugar donde puedan ejercer su labor de comerciantes informales.

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