Esclarecimiento de 47 crímenes de sindicalistas alivia presiones internacionales

Esclarecimiento de 47 crímenes de sindicalistas alivia presiones internacionales

16 de enero 2008 , 12:00 a.m.

COLOMBIA FIGURA como el país más afectado en América Latina por el asesinato de dirigentes y activistas sindicales: 267 en los últimos cinco años. Por eso en varias oportunidades la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha contemplado la posibilidad de promover la instalación de la Comisión de Encuesta, una especie de veeduría especial para hacerle seguimiento a las naciones donde fenómenos como la violencia amenazan la estabilidad e integridad de los trabajadores.

La Unión Europea condiciona la cooperación a la forma como el Estado colombiano responde a la violación de los derechos humanos y en el caso de Estados Unidos, una eventual aprobación del TLC está condicionada por los demócratas al hecho de que Colombia logre mejores resultados en la protección de esos derechos, en especial en lo que se refiere a los sindicalistas.

Como parte de una estrategia de Estado para hacerle frente a las presiones internacionales, la Fiscalía creó unidades especiales de investigación de los crímenes de los sindicalistas y el genocidio de dirigentes y activistas de la Unión Patriótica. Y pesar de las críticas, los bemoles, la resistencia y escepticismo con respecto a la Ley de Justicia y Paz, ésta se ha convertido en aliada de la causa. Las versiones de los paramilitares desmovilizados han contribuido a esclarecer en el último año 47 casos de asesinatos de sindicalistas. Un hecho que la Fiscalía destacará en un documento que prepara para la OIT. "Mostraremos resultados concretos con la bien fundada esperanza de que se atenúen las presiones y de que la comunidad internacional recobre la confianza en nuestra Justicia", dijo uno de los expertos que trabaja en el tema.

CAMBIO consultó los casos que servirán de materia prima para el informe, habló con fiscales de la Unidad de Justicia y Paz y familiares de las víctimas, y reconstruyó la memoria de algunos de los casos más representativos.

Mentiras y vídeo

"A José Luis Guette Montero no lo dimos de baja por sindicalista, sino por guerrillero", dijo José Gregorio Mangonez Lugo, Carlos Tijeras, ante la fiscal de Justicia y Paz que adelantó la audiencia donde hizo el inventario de sus crímenes. Y con la misma naturalidad confesó haber participado en el "seguimiento de inteligencia" previo al homicidio y haberse percatado de que la víctima quería poner a Sintrainagro, la más influyente organización sindical de la zona bananera de Magdalena, al servicio de la guerrilla.

Además, agregó que en una ocasión en que visitó a Guette con el pretexto de que estaba interesado en el negocio del banano, se dio cuenta de que el sindicalista era enemigo de las Auc y proclive a la guerrilla. Y dijo que existía un video -ni él ni ningún paramilitar lo ha mostrado- en el que, según Tijeras, el dirigente obrero aparece reunido en la finca La California con Guillermo Molina, un supuesto enlace de las Farc. "Por todo eso acepto mi responsabilidad en ese homicidio", dijo Tijeras, y mencionó como miembros del comando criminal a Kalimán, Rodrigo, El Viejo y Alonso.

Entre las víctimas que seguían la audiencia por circuito cerrado de televisión, había un familiar de Guette. "Este tipo no debería llamarse Tijeras, sino Guadaña por la cantidad de vidas de inocentes que segó en la zona bananera", le comentó al representante de una ONG.

La viuda de Guette aceptó la recomendación de la Fiscalía de enviarle a Mangonez preguntas que sirvieran para precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen. Y lo hizo no sólo para confirmar los autores del asesinato de su esposo, sino para mostrar las contradicciones y mentiras del hombre que no sólo había participado en el crimen, sino que había querido desacreditarlo.

Guette fue baleado en Ciénaga, Magdalena, por dos sicarios que se movilizaban en moto, el 24 de enero de 2001. Después de enterrarlo, su viuda y sus cinco hijos partieron hacia Santa Marta, donde han vivido de la mano de Dios. No obstante, ella siente que ha recibido la mejor parte de la compensación que esperó tanto tiempo: la verdad.

Paquete chileno

Un expediente hechizo les sirvió a los paramilitares de pretexto para asesinar a Ángel Gabriel Castellón de la Hoz, miembro del sindicato y portero del Hospital de Barranquilla, el 18 de octubre de 2004.  El teniente (r) del Ejército, Édgar Ignacio Torres Fierro Flórez -más conocido como Don Antonio y encargado del famoso computador de Jorge 40- admitió ante la Fiscalía que un "informe de inteligencia" sin verificar le sirvió para autorizar el crimen. Relató que un tal Blas, del frente José Pablo Díaz de las Auc, le entregó un paquete de fotografías del frente 37 de las Farc, en las que supuestamente aparecía Castellón, a quien señalaba de ser el encargado del manejo de explosivos para la guerrilla. Dijo que no abrió el sobre en ese momento y que lo hizo después de ejecutado el crimen. "Abrí el paquete con las fotos y vi que ahí no aparecía la persona señalada como objetivo militar -dijo Don Antonio en la audiencia- Por eso, señora fiscal, acepto plenamente mi responsabilidad".

Agitador de masas

El 11 de noviembre de 2003, en medio de un ambiente de mentiras, desinformación y cacería de brujas, fue asesinado Emerson José Pinzón Pertuz, ex dirigente sindical del sector salud. Previamente a la ejecución del crimen, el director del Hospital de Ciénaga, Jaime Sánchez Maldonado, le montó una persecución laboral.  Pinzón, que había sido jefe de servicios generales y había representado a los trabajadores en la negociación de un pliego de peticiones, fue descendido al cargo de camillero y luego trasladado como celador de la entrada principal del hospital.

Pinzón, que se había convertido en una especie de consultor natural de trabajadores y empleados de la salud que a menudo lo buscaban para que los asesorara sobre cómo reclamar y hacerse respetar sus derechos, soportó con estoicismo la situación, los panfletos que lo acusaban de servir a "las causas de la subversión y el terrorismo" y las amenazas de muerte hasta que finalmente fue eliminado.

La orden de ejecutarlo fue de José Gregorio Mangonez Lugo, Carlos Tijeras. Él mismo confesó el hecho ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz y dijo que lo hizo porque Pinzón era miembro del brazo político del frente Francisco José Castaño de las Farc y porque era "un agitador de masas que durante unos combates contra la subversión en el cerro Corea protegió con escudos humanos a un núcleo guerrillero que estaba aniquilado".

¿En la lista?

El mismo día del asesinato de Pinzón, los paramilitares también mataron a Zully Esther Codina Pérez, comunicadora social y dirigente sindical y quien vivía en el mismo barrio de Pinzón. Hernán Giraldo, jefe del bloque Tayrona de las Auc, admitió en la versión libre que sus hombres ejecutaron el crimen.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado. La Fiscalía General de la Nación indaga si la sindicalista figuraba en una lista que, según Rafael García-ex jefe de Informática del DAS hoy preso en La Picota-, el entonces director del organismo Jorge Noguera -también preso por cargos de concierto para delinquir y fraude a resolución judicial- entregó a paramilitares para hacer "una purga de dirigentes sindicales".

Celada

Las familias de los trabajadores de la Electrificadora del Caribe, Diesmar Alonso Amador Tapias, Manuel Guerra Baena, Israel Picón Sánchez, Alirio Triana Mahecha y Gustavo Isaac Sánchez, desaparecidos en noviembre de 2001, se enteraron la semana pasada de que José Gregorio Mangonez, Carlos Tijeras, había ordenado asesinarlos.

Tijeras relató en la versión libre que sus hombres les tendieron una celada a las víctimas, según él, "después de comprobar que ellos le llevaban suministros a la guerrilla". Él mismo se encargó de reportar un supuesto daño en las redes de la zona de Tucurinca, Magdalena, y cuando llegaron los trabajadores, hombres con uniformes de campaña los llevaron hasta la finca La Posa. Un año después, el carro que usaban apareció enterrado y según Tijeras en su interior fueron encontrados cartuchos con municiones, versión que los familiares de las víctimas calificaron como traída de los cabellos.

Razones políticas

Según desmovilizados del bloque Norte de las Auc, desmovilizados del Eln también tienen su cuota de responsabilidad en la sangrienta persecución a profesores y sindicalistas en épocas recientes. Dicen los desmovilizados que los ex elenos les ayudaron a señalar "objetivos militares", entre ellos el profesor Heberto de Jesús Fiholl Pacheco, docente del colegio San José de Pueblo Viejo, de Ciénaga.

"Ese señor subía a la sierra a dictarles cátedra a los patrulleros del Eln -dijo ante un fiscal Carlos Tijeras-. Eso me lo dijeron los propios elenos que se fueron conmigo... Acepto el cargo de homicidio agravado". La versión de las familias de las víctimas y de la propia administración de Justicia es distinta. Aseguran que los elenos nada tienen que ver y fueron los paramilitares los asesinos, porque a raíz de su participación en la campaña para la Alcaldía de Ciénaga de Rafael Palacio Blanco,  contradictor de los candidatos apoyados por los paramilitares, el profesor Fiholl empezó a recibir de ellos amenazas de muerte.

"Anótemelos a mí" 

Durante la última fase de su versión libre, Don Antonio, el hombre del computador de Jorge 40, decidió hacer una especie de reconocimiento de una larga lista de hechos criminales en su zona de influencia. Cuando recibió una serie de preguntas y una lista con nombres de sus posibles víctimas dijo: "Todos ellos murieron en la zona donde operaba el bloque José Pablo Díaz y como yo era su comandante asumo las culpas".

En el listado que el desmovilizado consultó con detenimiento estaban, entre otros, los nombres del abogado laboralista Miguel Antonio Espinosa Rangel, asesinado el 30 de julio de 2004, mientras veía un partido de fútbol por televisión; Elías Enrique Durán Rico, dirigente sindical de Barranquilla, muerto a tiros cuando salió a mirar quién estaba arrojando piedras contra su casa; José Guillermo Larios, profesor de un presbiterio en la capital de Atlántico, y los trabajadores Juan Antonio Montiel Jiménez y Nadín Narváez Cepeda.

Este es apenas una muestra dentro de una amplia vitrina de confesiones que,  al margen de las dudas que dejan, le ha permitido al Estado colombiano cumplir poco a poco con su misión de desentrañar una verdad histórica sobre uno de los mayores karmas para el país en el campo de la violación de derechos humanos: el asesinato de dirigentes y activistas sindicales.

EL EXTERMINIO DE LA UP

Edison Cifuentes Hernández, Richard, jefe militar del bloque Guaviare, abrió las puertas para que paramilitares confesaran el aniquilamiento de dirigentes y activistas de la Unión Patriótica, movimiento político legal surgido tras los acuerdos con las Farc en el Gobierno de Belisario Betancur.

Cifuentes dijo ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que en 1992 recibió la misión de iniciar "el exterminio de la UP" con la famosa masacre de Caño Sibao, en la zona rural de Granada, Meta. El 3 de junio de ese año fueron asesinados cinco dirigentes de la UP: los alcaldes entrante y saliente de El Castillo y tres miembros del gabinete municipal.

El paramilitar admitió su responsabilidad en los hechos y además dio nombres de funcionarios y de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el exterminio del grupo político, que son mantenidos en reserva mientras los investigadores de la Fiscalía hacen las verificaciones necesarias. Según las previsiones iniciales, el proceso de Justicia y Paz ha contribuido a esclarecer no menos de 50 asesinatos de miembros de la UP.

11 EX JEFES PARAMILITARES han hecho un mea culpa en relación con desapariciones y muertes de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

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