Muros de la infamia eran una medida "desproporcionada", dice Presidente de Corte Constitucional

Muros de la infamia eran una medida "desproporcionada", dice Presidente de Corte Constitucional

'Los delincuentes también son personas y merecen el respeto de su dignidad', aseguró Rodrigo Escobar Gil sobre el fallo que prohibió la exhibición pública de las fotos de condenados por violación.

02 de enero 2008 , 12:00 a.m.

Escobar Gil recordó que una de las bases fundamentales de un Estado democrático es defender los derechos de todos, incluidos los delincuentes, al responder a las críticas contra la reciente decisión.

Este año, la Corte tuvo en sus manos polémicas decisiones como otorgarles seguridad social a las parejas del mismo sexo, les dio alivio a los deudores del Upac y obligó al Estado a atender a los desplazados.

Escobar habló con EL TIEMPO sobre su discusión con el Consejo de Estado por la elección del Registrador, las tutelas de los parapolíticos y sobre qué tan uribista es el tribunal, del que al final del año 2008 saldrán por periodo cumplido seis de sus nueve miembros.

¿Por qué la Corte tumba los 'muros de la infamia'?

Los tumbó porque la medida afecta los derechos a la dignidad de la persona humana, por ser una medida desproporcionada, teniendo en cuenta que hay otros medios con los que se puede asegurar el cumplimiento del propósito de prevención. Además afecta los derechos de las víctimas.

¿Cuál es el alcance de la sentencia?

La importancia de las sentencias de la Corte es que constituyen un precedente y todos los jueces de la República, en un futuro, cuando se presente un caso similar, deben seguirlas. El juez debe dar una aplicación uniforme y consistente al derecho.

Algunos criticaron a la Corte diciendo que se protegía el derecho a los violadores, siendo que ellos ya se los habían violado a los niños...

Es que la labor de la Corte es la defensa de la Constitución, la promoción y la defensa de la dignidad humana.

Los delincuentes que han cometido las más atroces violaciones a los derechos humanos también deben ser considerados como personas y merecen el respeto de su dignidad, porque la dignidad de las personas es un bien absoluto y no se pierde así se haya cometido graves delitos.

De otro lado, se protegió a los menores porque los muros exponen permanentemente a la víctima con su violador.

Cambiando de tema, la Corte Suprema ha manifestado su temor porque con tutelas pueden minar sus investigaciones de la parapolítica. ¿Qué piensa?

En el tema de la parapolítica, la Corte ha actuado con la máxima prudencia. Toda la labor adelantada por la Corte Suprema se enmarca dentro de la jurisprudencia que ha venido formulando la Constitucional.

Sin embargo, cualquier decisión de un juez de la República, incluso las sentencias proferidas por la Corte Suprema, si tuvieran el carácter de una vía de hecho y si eventualmente afectaran derechos fundamentales, son susceptibles de revisión de la Corte Constitucional.

Entonces, todavía no hay acuerdos en que la Constitucional no revise las tutelas contra sentencias de las otras cortes, como quieren la Suprema y el Consejo de Estado...

El balance de este año es de unas relaciones muy armónicas entre las cortes.

Pero es imperativo, conforme a la Constitución, que exista un mecanismo de protección de derechos fundamentales cuando estos resulten desconocidos a través de una sentencia judicial. Sin embargo, este mecanismo de protección es rigurosamente excepcional y restrictivo.

¿Qué piensa acerca de que los parapolíticos utilicen las tutelas para lograr hacerle el quite a la ley?

Cuando la Constitución instituyó la tutela, cualquier ciudadano puede acudir a ella para solicitar la protección de los derechos fundamentales. En caso de que se formulen sin un sustento jurídico serio, tienen el carácter de providencias temerarias.

Este año se enfrentaron dos poderes: el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. ¿Qué lectura hace de esto?

Son circunstancias episódicas que normalmente se presentan dentro del devenir institucional de los países.

Lo importante es que los gobernantes reflexionen porque indudablemente esto afecta la legitimidad y la institucionalidad del Estado.

En este caso, la Presidencia de la República y la Corte Suprema son instituciones muy sólidas que tienen una gran respetabilidad, lo que permitió que se superaran las diferencias.

¿Por qué subió de tono la disputa entre usted y el Consejo de Estado por la elección del Registrador?

Las cortes Constitucional y Suprema, al momento de designar al Registrador, actuaron de manera rigurosa a la jurisprudencia.

No se compartió el criterio del presidente del Consejo de Estado, pues él argumentaba que los nominadores podían escoger a cualquiera de la lista de elegibles. Eso era volver al viejo nepotismo y al viejo clientelismo judicial que se quiso superar con la Constitución del 91.

Hoy, el empeño de la Corte es que todos los servidores públicos se les designe mediante concurso, incluyendo, por ejemplo, a los funcionarios de la Fiscalía. No podíamos sentar un mal precedente.

Se han incrementado las críticas hacia la Corte por un tribunal uribista y que ha perdido independencia. ¿Qué dice de esto?

La Corte es una institución que obra con independencia, autonomía e imparcialidad. Lo recomendable, con miras a la renovación de la Corte que debe operarse a finales del 2008, es que en la conformación de las ternas se realicen con candidatos que tengan las más altas calidades humanas y profesionales.

Existe la sensación de que, especialmente en el tema de salud, las sentencias parecen quedar en letra muerta...

En atención a nuestra realidad nacional, que es de pobreza, discriminación y desigualdad, es necesario ir consolidando jurisprudencia que permita una protección efectiva a las necesidades sociales. Sin embargo, hay unas limitaciones que son las capacidades financieras del Estado.

Además, uno de los puntos de más preocupación es que algunas autoridades públicas y empresas privadas no cumplen las sentencias o no se respetan los precedentes jurisprudenciales.

Sentencias clave del año 2007

Patrimonio y seguridad social para parejas gay: en febrero y en octubre el tribunal les amplió los derechos patrimoniales y de seguridad en salud a las parejas del mismo sexo, al igual que a las heterosexuales. A estas uniones no se les dio el carácter de familia.

Golpe definitivo al Upac: la Corte ordenó en noviembre que los procesos judiciales de deudores del sistema Upac de antes del 2000 deberán terminar. Fue la discusión más dura: tardó dos meses.

Reconocimiento a indígenas: se ordena que se les respete las tradiciones y que la formación sea dirigida por docentes de las comunidades.

Atención a desplazados: La Corte determinó que la ayuda que el Gobierno les entrega a los desplazados por la violencia, no puede ser temporal, sino permanente.

Lo que viene para la corte en el 2008

Uno de los temas más sensibles que definirá en los primeros meses del 2008 será el control constitucional del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Los magistrados del alto tribunal revisarán tanto el tratado como la ley que lo aprobó.

Llegarán, así mismo, las primeras decisiones en la protección de las víctimas de los grupos paramilitares que piden justicia y reparación dentro de la Ley de Justicia y Paz.

Ya está en el escritorio de los magistrados la ley de hábeas data para revisión, la cual pretende eliminar a cientos de colombianos de la lista de deudores por créditos en centrales de riesgo.

De igual manera, quedaron pendientes las múltiples demandas que hay contra el Plan de Desarrollo del Gobierno, que deberían ser estudiadas en el primer semestre de este año.

También, muy probablemente, llegarán las primeras tutelas por la parapolítica y el tema de la sedición o el delito político.

REDACCIÓN JUSTICIA 

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