Fiscalía reabrió 294 expedientes del exterminio de la Unión Patriótica, después de años de impunidad

Fiscalía reabrió 294 expedientes del exterminio de la Unión Patriótica, después de años de impunidad

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía acaba de dictar seis nuevas órdenes de captura por los más de 2.500 asesinatos cometidos contra militantes de ese partido desde mediados de los 80.

07 de noviembre 2007 , 12:00 a.m.

La decisión es clave, pues reabre un capítulo de la historia del país que muchos creían destinado al olvido judicial. Además, se suma a investigaciones que duraron dormidas por años y que tomaron impulso en la Fiscalía de Mario Iguarán, como las del Palacio de Justicia y los magnicidios de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez.

Bajo total hermetismo, una comisión de 10 fiscales designados directamente por Iguarán viene desempolvando expedientes que estaban regados por todo el país y que tenían como denominador común que no habían logrado ningún avance importante.

Hasta ahora han revisado 527 procesos y encontraron indicios suficientes para ordenar la reapertura de 294 de ellos.
Precisamente, las nuevas investigaciones dieron pie para las órdenes de captura, que afectan a paramilitares y sicarios de 'oficinas de cobro' del narcotráfico.

La Fiscalía se dio a la tarea de ubicar a algunos testigos de la época, que se reafirmaron en sus acusaciones y dieron nuevas pistas."La gente ha perdido el miedo a hablar, está dando nuevas informaciones con el ánimo de que la muerte de sus familiares no quede en el olvido", explicó un investigador que conoce los casos.

La información entregada por los paramilitares desmovilizados a los fiscales de Justicia y Paz también ha servido para mover los procesos.

A pesar de todos los años que han pasado, los organismos de seguridad ya obtuvieron los registros de los sindicados y en los últimos días han seguido su rastro. Sus identidades no fueron reveladas, para no entorpecer los operativos.

Los 294 casos reabiertos comprometen a miembros de las autodefensas, algunos militares retirados, ganaderos, narcos y ex funcionarios públicos. Una veta nueva en las investigaciones -que sigue siendo marginal, frente a los alcances de la persecución de las autodefensas y los narcos- es la eventual responsabilidad de las Farc en algunos de los crímenes contra la UP.

La Fiscalía también está revisando expedientes que en su momento fueron manejados y precluidos por la Justicia Penal Militar y que pueden aportar información en varios de los casos.

Los asesinatos contra la Unión Patriótica, surgida del único acuerdo de paz que se ha firmado con las Farc, en 1984, borraron a ese movimiento del mapa político colombiano. En 1986, en su primera participación electoral, sacó 320 mil votos; y menos de 50 mil en el 2002. Ese año no alcanzó ningún escaño en el Congreso y perdió la personería jurídica que tuvo desde la mitad de los 80.

El de la UP es uno de los casos que son 'sensibles' para Colombia en el exterior y que en los últimos meses han sido abocados por nuevos equipos de la Fiscalía. También hay una unidad especial asignada a los asesinatos de sindicalistas, que le han valido al país duros cuestionamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos.

Una de las últimas decisiones importantes sobre la UP fue la condena a 22 años que un juez les impuso a Carlos y Fidel Castaño por el asesinato del candidato presidencial Bernardo Jaramillo, ocurrido el 22 de marzo de 1990.

Persecución borró al partido que nació de los acuerdos de paz con las Farc

1984. En los llamados Acuerdos de La Uribe, el presidente Belisario Betancur y las Farc se comprometen a un cese al fuego. Nace el partido de la Unión Patriótica (UP).

1985: En noviembre se lanza oficialmente la plataforma política de la Unión Patriótica durante el Primer Congreso Nacional del movimiento. Hay 3.000 delegados.

1986. La Unión Patriótica participa en elecciones: son elegidos 14 congresistas para Cámara y Senado. Luego rompe relaciones
con el Gobierno Betancur.

1987: El 11 de octubre sicarios asesinan a Jaime Pardo Leal, presidente de la Unión Patriótica (foto), cuando viajaba entre La Mesa y Bogotá.

1990: Asesinan en Bogotá a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial.

1992: La CIDH le solicita al Gobierno tomar medidas para proteger a dirigentes de la UP. La Corte Constitucional falla una tutela interpuesta por un amenazado de la UP; le pide a la Defensoría elaborar un informe sobre víctimas.

1993: Presentan demanda por el genocidio de la UP ante la CIDH. Incluye 1.163 homicidios, 123 desapariciones, 43 discapacitados por atentados y 250 amenazados.

1994: Asesinan en Bogotá al senador Manuel Cepeda (foto), cuando viajaba en su carro por la avenida Las Américas. Hubo paro de las centrales obreras.

1997: La CIDH admite demanda por los asesinatos de la UP y recomienda una salida amistosa entre el Estado y los demandantes (Comisión Colombiana de Juristas y Corporación Reiniciar).

2000 y 2001: Buscan conciliar en caso de la CIDH. Fiscalía se compromete a investigar casos y acuerdan grupo de trabajo con el Gobierno. Se crea crea un programa especial de protección para miembros de la UP y del Partido Comunista.

2002: Primer informe del grupo de trabajo, conformado en el 2000 para lograr acercamiento entre las partes.

Noviembre 2007: Esperan respuesta de alegatos de Gobierno ante la Comisión Interamericana.

Por omisión, nuevo fallo en contra

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó, el pasado 3 de octubre, al Ministerio de Defensa a pagar 395 millones de pesos a la viuda de José Miller Chacón, miembro de la Unión Patriótica y secretario del Partido Comunista, asesinado el 25 de noviembre de 1993 en Bogotá.

Para el alto tribunal, la Nación no protegió a Chacón a pesar de que había claras amenazas contra él.

Esta decisión se fundamentó en los testimonios de varios dirigentes del Partido Comunista, quienes le manifestaron al Ministerio, cinco meses antes de la muerte de Chacón, la existencia del llamado plan 'Golpe de Gracia'. Este pretendía secuestrar y asesinar líderes de esa colectividad como Chacón, Manuel José Cepeda, Hernán Motta y Carlos Lozano, hoy director del semanario 'Voz'.

"Si bien no existe prueba de que en dicho crimen hubieran participado miembros de la Fuerza Pública, la responsabilidad de su muerte recae directamente en el Estado; éste omitió negligentemente investigar el caso", dice el fallo.

Alto riesgo de condena en la Corte Interamericana

Pese a que desde el 2000 se inició un proceso de conciliación del Estado colombiano con sobrevivientes, amenazados y familiares de víctimas de la UP, un acuerdo entre las partes parece estar lejos.

Hace menos de un mes, al recibir la visita de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Álvaro Uribe se refirió al caso: "El Gobierno reitera la vocación de encontrar salida conciliada (...) Me preocupa que ese proceso tenga más orientación hacia la disputa".

Como no hay acuerdo, la demanda siguió su curso desde junio del año pasado. Para este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia previa a la Corte, espera la respuesta del Gobierno a los alegatos presentados en su contra.

De su decisión depende que el caso pase a la Corte, donde los riesgos de una nueva condena contra la Nación son muy altos.

Este año, los demandantes (Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Reiniciar) presentaron, en dos audiencias, el mismo número de testimonios de mujeres víctimas de la persecución contra la UP. Se trata de Ana Carlina Bohórquez, ex alcaldesa de La Montañita (Caquetá), y de Aida Abella Esquivel, ex presidenta de la UP que desde los 90 vive exiliada en Europa.

La demanda, por genocidio político, fue tramitada ante la Comisión en 1993 y admitida en 1997. Anexaron una lista de 1.163 miembros de la UP asesinados y 123 desaparecidos.

Previo a esto, en 1992, la Comisión Interamericana le solicitó al Gobierno medidas cautelares para proteger a dirigentes de la UP.

REDACCIÓN JUSTICIA

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