En su lugar de reclusión, los calabozos del DAS, el funcionario comparte celda con extraditables, presuntos guerrilleros y narcotraficantes.

Su situación no solo es familiar y personalmente difícil.

Sus continuos arrestos -el más largo había sido por 12 días- también tienen prácticamente infartada a la entidad, a la que le siguen llegando un promedio de 130 mil requerimientos (tutelas, certificaciones y peticiones) al mes y a la que una mafia corrupta sigue saqueando con periodicidad.

"El escarnio público que significa tenerme en prisión no soluciona nada, por el contrario, contribuye a que la situación de Cajanal se agrave", dice Moreno.

"Además, ya subsané jurídicamente todas las razones por las cuales me entutelaron. Ya no hay argumentos para seguir detenido", advierte.

141 demandas, su única defensa

Y si bien la mayoría de los jueces han accedido a reversar los carcelazos -una vez Cajanal enmiende las demoras en revisar pensiones o en contestar solicitudes- hay un puñado que se resiste a hacerlo aprovechando un vacío legal.

La única vía que Moreno ha encontrado para salir de esta encrucijada judicial es la de demandar a esos jueces, echando mano de la jurisprudencia que ya hay al respecto.

Este lunes, los abogados de la entidad demandarán a 141 que -según la Caja- le están violando a Moreno su derecho a la libertad, al trabajo, al honor, a la honra y al debido proceso.

"¿Será que mis continuos arrestos sirven de ejemplarizante lección para que mi sucesor cumpla con los fallos de tutela? ¿Será que por el contrario, tan aberrante situación desestimula a quienes quieran intentar servir al país y contribuir a aliviar la situación de los afiliados a la Caja? ¿Será que los fallos así proferidos sin entrar en un análisis sistemático de la entidad permiten a la justicia identificar a quién responsabilizar, así tal responsabilización no sirva para solucionar una crisis de tal magnitud?", son algunas de las preguntas que se plantean en las demandas.

Moreno confía en que estas prosperarán. Pero si eso no pasa, el Gobierno, finalmente, tendrá que intervenir, pues ya hay 950 órdenes de arresto acumuladas, que le significarían al gerente de Cajanal 2.700 días de cárcel más.