Tribuna / Gobernantes y elecciones

Tribuna / Gobernantes y elecciones

Por César Castellanos, Docente universitario

24 de septiembre 2007 , 12:00 a.m.
La ley es expresa en limitar la participación del gobernante en los procesos de elección de los que los han de suceder; el argumento deviene de un principio constitucional: la prevalencia de la garantía de la imparcialidad del gobernante para proteger la institución de la distorsión de la función de gobierno y de los riesgos que conllevan la posibilidad de aparición de prácticas no deseables.

Prácticas que por ejemplo se relacionan con la asignación de contratos e inversiones basadas en criterios de favorecimiento tendientes a doblegar la voluntad de los electores, la ruptura del principio de transparencia, la participación de funcionarios y ex funcionarios en la promoción de la campaña política del candidato propio con uso de recursos públicos o derivados de convenios interinstitucionales.

En estos se comprometen recursos públicos, promoción de referencias tácitas entre la ejecución de obras públicas y programas sociales a favor de un determinado candidato aspirante a cargos de gobierno, utilización de la imagen institucional con mensajes subliminales inducidos y dirigidos a establecer relaciones indirectas con el gobierno, etc.

Y eso, precisamente, es lo substancial en la discusión actual en el debate electoral. La participación de los gobernantes representa la ruptura de la institucionalidad, es decir las reglas del juego de nuestra endeble y enferma democracia.

Dado que la transparencia en el ejercicio del poder constituye el bien público que más peso tiene en la Constitución y consolidación de la democracia, su incumplimiento significa la ruptura del contrato entre gobernante y sociedad y provoca la degradación de los arreglos individuales y colectivos establecidos entre el Estado y sus asociados como lo destacan diversos autores y análisis en el problema de la corrupción.

La evidente intervención del gobernador Londoño y de la gran mayoría de los alcaldes en prácticas de intervención en elecciones tan flagrantes como las observadas de manera directa e indirecta constituyen algo más que conductas punibles disciplinariamente; significan la ruptura de uno de los principios básicos que sostienen la relaciones entre las instituciones de gobierno y la sociedad: la confianza en las instituciones.

Con su conducta y la conducta de los asesores, secretarios y ex funcionarios el gobernador Londoño dejó por el piso lo que le permitió llegar a la gobernación hace cuatro años: la confianza que le depositó un grupo de ciudadanos para cambiar las prácticas corruptas que han caracterizado la política departamental.

Con su conducta, el gobernador Londoño revive en Boyacá las nefastas prácticas del periquismo y revitaliza la cuestionada dominación del senador Ramírez.

Al anteponer sus intereses personales por encima del interés público y haber traicionado la expectativa departamental por un cambio en las prácticas políticas, el gobernador Londoño se constituye en el símbolo de la perpetuación de la politiquería regional.

El costo para los boyacenses es alto: el retraso del cambio generacional se condena y la credibilidad social en la política se degrada. Es hora de la reflexión, pero sobre todo de la corrección y la vergüenza.

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