Mancuso a la carga

Mancuso a la carga

Qué hay detrás de la amenaza del jefe paramilitar de revelar los nexos de las auc con empresarios, militares y políticos.

12 de mayo 2007 , 12:00 a.m.

A comienzos del mes de mayo, el senador cordobés Miguel Alfonso de la Espriella llamó a la Casa de Nariño y pidió entrevistarse con el presidente Álvaro Uribe con carácter urgente. En la cita, que tuvo lugar poco después, el político explicó que era portador de un mensaje de uno de los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí.

Palabras más, palabras menos, De la Espriella le dijo al Presidente que Salvatore Mancuso estaba muy molesto por lo que, según él, eran los continuos incumplimientos del Gobierno y por el abandono de quienes habían sido aliados de las autodefensas, que ahora no sólo los desconocían en público sino que los acusaban de haberlos obligado a firmar acuerdos a punta de pistola. Por estas y otras razones, continuó el político, Mancuso quería hacer saber que estaba preparado para contarle al país la verdad sobre las relaciones de empresarios, políticos, militares y multinacionales que apoyaron sus actividades. En medio de la conversación, el congresista dejó ver que las revelaciones podrían salpicar de alguna manera al propio Gobierno.

La insinuación del Senador fue interpretada como una velada forma de chantaje que fue contestada con un inusual comunicado expedido el miércoles pasado y que apareció de repente en la página web de la Presidencia de la República. En éste se revelaba que durante una reunión entre el entonces candidato Uribe y de la Espriella en el año 2001, el hoy Presidente había rechazado una propuesta que Mancuso le hiciera a través de un ganadero para reunirse con él. Pocos entendieron por qué la Casa de Nariño se refería a un episodio de hace seis años, pero CAMBIO pudo establecer que era un mensaje del Presidente a los paramilitares en el sentido de que no tenía nada qué ocultar.

Lo ocurrido es sólo uno de los episodios que han hecho evidente que la cárcel de Itagüí está convertida en una olla a presión. Tanto, que en la prisión de máxima seguridad hay un grupo decidido a contar la verdad, por dura que sea. Así, por lo menos, lo manifestó Salvatore Mancuso en dos entrevistas que tuvo con las columnistas de El Tiempo, Salud Hernández y Natalia Springer, algunos de cuyos apartes fueron conocidos la semana pasada. No obstante, el plato fuerte será servido este martes cuando el líder paramilitar vuelva a rendir versión libre ante la Fiscalía, en la cual ha prometido no dejar títere con cabeza.

Ese estado de ánimo quedó reflejado el  lunes 7 de mayo durante una reunión de seis horas que Salud Hernández sostuvo con Mancuso, Jorge 40 y El Alemán en la oficina del director de la cárcel de Itagüí. En un artículo que publicó el viernes 11 en el diario El Mundo de Madrid, la corresponsal escribió que ellos "no ocultan su enfado con un Gobierno que 'incumplió los compromisos adquiridos' hasta el extremo de asegurar que prefieren que los extraditen a Estados Unidos por tratarse de 'un país serio, con una Justicia que cumple lo que firma y cierra los procesos'. Uno de los temas que causa más escozor tiene que ver con el centro de reclusión, que según lo prometido no tendría rejas y acabó siendo un lugar inexpugnable y con pocas comodidades.

Un día después, el martes 8, el turno fue para la analista y académica Natalia Springer, quien ha sido implacable en sus columnas con las atrocidades de las autodefensas. "Yo no he venido a que me cuente secretos, ni a promover escándalos. Mi oficio es llevar a criminales que atentan contra la humanidad, como usted, ante la justicia y asegurar que pagarán por lo que han hecho", le dijo a Mancuso la experta internacional, según lo contó en una edición extraordinaria del periódico Un Pasquín.

Pero esa rivalidad acabó facilitando el diálogo. A lo largo de ocho horas en las que estuvo acompañado de su esposa y en la relativa privacidad de su celda sin ningún otro paramilitar presente, Salvatore Mancuso fue mucho más incisivo, pues citó nombres, exhibió pruebas y entregó grabaciones que demuestran que las Auc controlaron de hecho vastas zonas del país con el conocimiento y la cooperación de los poderes locales y algunas autoridades nacionales.

Afirmaciones como la de involucrar a Dole, la multinacional de las frutas, en lo ocurrido en la zona bananera de Urabá, fueron sustentadas con documentos (ver recuadro).  También sostuvo que 25 de 28 alcaldes del departamento de Córdoba diseñaban los planes de desarrollo en coordinación con los paramilitares, con el objetivo de obtener recursos del presupuesto para financiar sus actividades. Igualmente, citó casos como el del departamento del Casanare que mediante convenios con la Universidad de Cartagena le habría entregado fondos a las Auc (ver recuadro). 

Y ahí no se detuvo. Uno de los momentos de mayor exasperación fue cuando relató las relaciones de la clase política con la organización ilegal. "Los senadores, alcaldes, gobernadores y representantes que han sido llamados por la Justicia mienten al asegurar que fueron forzados a atender estas reuniones", dijo con vehemencia. Al respecto insistió en que una tercera parte de los congresistas en ejercicio tendrían relaciones con las Auc y que está dispuesto a dar más nombres.

En lo que tiene que ver con los empresarios tampoco se quedó atrás. Para comenzar, afirmó que cuando era presidente de Fenalco, el ex ministro del Interior y actual embajador en Roma, Sabas Pretelt "vino a vernos en nombre de los industriales de este país". Así mismo, señaló que fueron representantes del sector privado quienes les mostraron las ventajas de involucrarse con el narcotráfico, para sostener el costo de la guerra. Una vez más, Mancuso mencionó nombres propios que estaría dispuesto a compartir con la Fiscalía.

Un capítulo no menos explosivo fue el de la relación con las Fuerzas Militares. Además de dar una larga lista de oficiales en ejercicio, el jefe paramilitar insistió en que la relación fue mucho más allá de una complicidad pasiva, pues "en algunos casos se desarrollaron acciones conjuntas".

Confesión ante obispos

Los contactos con el mundo exterior que Mancuso tuvo la semana pasada también incluyeron a Jaime Jaramillo Panesso y monseñor Nel Beltrán, dos destacados miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación. Mancuso les pidió el favor de que de que le hicieran llegar una propuesta al presidente Uribe: los jefes de las Auc, comprometidos con el proceso de paz, estaban dispuestos a revelar toda la verdad a una comisión especial de obispos de la Iglesia Católica que, bajo el secreto de la confesión, la mantendrían en reserva porque según él, la gravedad de lo confesado desestabilizaría al país. 

En esas condiciones, según la iniciativa planteada por los paramilitares, Colombia podría conocer la realidad cuando hubiera alcanzado el suficiente grado de madurez para asimilarla.  Mientras tanto, según la misma propuesta, una comisión de tres notables se convertiría en depositaria única de las confesiones y sólo ella podría recomendar cuáles de las personas mencionadas deberían ser procesadas por la Justicia. La propuesta le fue entregada al Presidente el jueves 10 en horas de la tarde.

La respuesta de Uribe fue inmediata y categórica: bajo ninguna circunstancia podía aceptarla porque sería interpretada como una transacción inadmisible y por eso les pidió a los emisarios que les advirtieran a los jefes recluidos en Itagüí que el marco del proceso es y seguirá siendo la Ley de Justicia y Paz. Y, además, convencido de que detrás de la propuesta, lo mismo que del mensaje del senador De la Espriella se ocultaba una amenaza en el sentido de que las confesiones podrían tocarlo, advirtió que si era mencionado renunciaría a cualquier reserva judicial y controvertiría públicamente cualquier posible señalamiento.

A la reunión del Presidente con monseñor Beltrán y con Jaramillo en la Casa de Nariño también asistió monseñor Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. La presencia del prelado obedecía a que, investido de autoridad suficiente, podría decidir si la Iglesia aceptaba o no convertirse en custodia de los secretos de los jefes paramilitares. Monseñor Castro, sin embargo, estuvo de acuerdo con el Presidente y señaló que la Iglesia no podía  guardar secretos de esa magnitud porque la opinión podría interpretarlo como  encubrimiento. 

En respuesta, Mancuso volvió a los medios, esta vez a través de los micrófonos de la emisora La W, e insistió en que está dispuesto a contar toda la verdad. Y agregó un par de ingredientes como los de aceptar que adelanta contactos con Estados Unidos e Italia (de donde tiene la nacionalidad) con el fin de tener una mayor seguridad jurídica que la que le daría la Ley de Justicia y Paz.

El destape

Frente ante tales anuncios la expectativa en Colombia al cierre de esta edición era inmensa. Pero más allá de lo que Mancuso revele, ya sea a chorro o a cuenta gotas, los seguidores del tema buscaban una razón para explicar la locuacidad de un jefe paramilitar que ya ha tenido roces serios con algunos de sus compañeros de cárcel.

La primera explicación que existe es que todo es una táctica para obligar al Gobierno a hacer menos duras las condiciones de reclusión actuales. Según esa teoría, el chantaje principal radica en que prender el ventilador a todo volumen haría a Colombia ingobernable. Suficiente trabajo tienen ya la Corte Suprema y la Fiscalía para que a la cohorte de sindicados se sumen más parlamentarios, además de empresarios y militares en ejercicio. En conclusión, el mensaje de los paramilitares es igual al de aquel chiste de "hagámonos pasito". Por eso no faltó quien se sorprendiera con la declaración del ministro del Interior, Carlos Holguín, quien el viernes pasado afirmó que el Gobierno estaría dispuesto a revisar las condiciones de reclusión del prisionero o incluso a extraditarlo.

Otra interpretación es que Mancuso tuvo un cambio fundamental en su vida al cabo de su más reciente matrimonio y está realmente herido por la que considera la profunda hipocresía de la clase dirigente que lo aduló durante años y ahora lo desprecia, llamándole criminal. Por tal razón, es el abanderado de una especie de purificación mediante el relato de la verdad, por dura que sea.

Por su parte, Natalia Springer tiene su propia interpretación. "Él se ve como el líder de un proyecto político que concluyó en una negociación política y que puede jugar un papel en el futuro de Colombia", le dijo a CAMBIO y agregó que "desea enviarle un mensaje a la comunidad internacional, pensando que será requerido en el extranjero y por tal motivo no va a quedarse como un paria".

Lo que viene

Cualquiera que sea la causa para que Mancuso anuncie su destape, lo cierto es que Colombia enfrenta un camino nuevo. Muchos colombianos, particularmente en las grandes ciudades, están a punto de descubrir que buena parte de las afirmaciones que parecían descabelladas, resultaron ciertas. Es decir, que con la complacencia de las autoridades locales, regionales y el apoyo de parlamentarios y empresarios, grandes extensiones del territorio estuvieron sometidas al poder de los paramilitares que lograron infiltrar a sus fichas en los más diversos estamentos. Además que esta alianza implicó el exterminio de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles, todas por cuenta de una espiral de violencia sin control.

Que la verdad, por dura que sea, es la que más le conviene a cualquier sociedad, es un concepto en el que están de acuerdo quienes han estudiado genocidios que enlutan a la humanidad. Desde Ruanda hasta Argentina, pasando por la antigua Yugoslavia, el conocimiento de lo ocurrido es condición básica para que un país pueda cerrar las heridas, perdonar, castigar y seguir hacia adelante.

Si eso es lo que está a punto de ocurrir en Colombia, es algo que sólo el tiempo dirá. Pero lo que resulta evidente es que en la anunciada declaración de Salvatore Mancuso hay mucho más que las palabras de un criminal sanguinario cuyas acciones horrorizan, aún en un país supuestamente curtido por la violencia. Lo que está en juego, en último término, es identificar a los culpables para demostrar que los violentos no tienen posibilidad ni futuro. Así mismo, que quienes siguen empeñados en sembrar la muerte, como las Farc o las Águilas Negras, tampoco tienen espacio en un país que, a punto de cumplir dos siglos desde su primer grito de independencia, todavía hace valer de vez en cuando el remoquete de la Patria Boba.

ITAGÜÍ POR DENTRO

LOS DECIDIDOS. Aún cuando los jefes paramilitares coinciden en los reparos contra el Gobierno y sus antiguos aliados, en la cárcel de Itagüí es fácil detectar dos tendencias sobre lo que deben hacer en el futuro inmediato: la primera, revelar toda la verdad y echar al agua a quienes les ayudaron en el pasado; y la segunda, esperar el paso del tiempo a ver qué pasa y, mientras tanto, culpar a los muertos.

Fuentes bien enteradas de lo que ocurre actualmente en el penal informaron que Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque (Ernesto Báez),  Rodrigo Tovar (Jorge 40) y Freddy Rendón Herrera (El Alemán) están de acuerdo en empezar a contar todo y develar en forma paulatina los nombres de los empresarios, dirigentes políticos y miembros de la Fuerza Pública que les ayudaron a expandir el movimiento paramilitar en todo el país. Con todo, los comandantes manejan sus estrategias de manera independiente y dependen de los consejos de sus abogados. Están de acuerdo en contar todo, pero no se sabe cuándo lo harán en realidad.

LOS QUE DICEN NO.En la otra orilla estarían Carlos Mario Jiménez (Macaco), Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy) y Edward Cobos (Diego Vecino), quienes se muestran escépticos en torno a los beneficios de adoptar una estrategia de choque como la que planean los otros comandantes y son partidarios de manejar las cosas con más calma y cuidar hasta donde sea posible la espalda de quienes colaboraron con la organización en sus zonas de influencia.

EL INDECISO. Diego Murillo (Don Berna) empieza a cambiar de opinión.  Estaba en desacuerdo en prender el ventilador pero ahora considera la opción de contar muchas cosas.

LA CUOTA BANANERA

Todo indica que en la versión libre que Salvatore Mancuso debe rendir el martes 15, el gremio de los bananeros será uno de los primeros salpicados. El jefe paramilitar no sólo confirmaría -y agregaría detalles nuevos- sobre un hecho ya  conocido, aceptado, fallado y condenado como es el de la multinacional Chiquita Brands. En esta ocasión también implicaría a Dole, la multinacional que tiene cerca del 25% del comercio internacional del banano y cuyas ventas superan los 1.300 millones de dólares al año. La compañía se abastece de plantaciones propias y de aquellas en las que tiene participación en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Ecuador y Colombia.

No es la primera vez que Dole está en la mira. La multinacional fue denunciada hace varios años por una coalición de 70 sindicatos y organizaciones de defensa de derechos humanos por abusos contra los trabajadores de América Latina. No obstante, de confirmarse que tuvo un papel preponderante en la financiación de grupos paramilitares podría ser acusada de violar las leyes anti terroristas de Estados Unidos, expedidas después del 11 de septiembre de 2001.

Por otra parte, todo indica que Banacol, la empresa que adquirió los activos de Chiquita Brands cuando esta salió del país en 2004, tampoco escapará a la confesión de Mancuso. Sobre ella también pesan acusaciones que la comprometen con pagos por servicios de seguridad del jefe paramilitar conocido como El Viejo -hoy preso- que controlaba la zona de Turbo.

En un artículo de portada publicado en febrero de 2005 bajo el título La cuota bananera, CAMBIO reveló casos de representantes empresarios bananeros que, apoyados por huestes de  El Viejo, obligaban a pequeños productores de plátano a pagar cuatro millones de pesos mensuales por hectárea cultivada. Documentos contables muestran que los descuentos correspondientes a estos pagos eran hechos en el momento en que los productores más grandes compraban el banano para revenderlo a Banacol.

También suena Multifruits, creada en 2001 y que desde 2004 tiene cultivos de banano en la región de Cacarica, en tierras del Urabá chocoano adjudicadas a comunidades negras con títulos de propiedad no enajenables. Propietarios de esas tierras y organizaciones de derechos humanos han denunciado ante la Fiscalía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les fueron arrebatadas por los paramilitares de El Alemán,  y que Multifruits hizo parte de la estrategia para desarrollar cultivos de banano y palma a través de sociedades detrás de las cuales había aliados de los paramilitares. 

Si, como ha anunciado, Mancuso confiesa las relaciones de los paramilitares con las empresas bananeras, confirma lo que desde hace tiempo se sabía: que las Auc convirtieron la zona bananera en enclave importante de su proyecto de expansión económica y política.

CASO CASANARE

Mancuso anticipó que, a la hora del destape sobre las fuentes de financiamiento de las Auc, lo ocurrido en  Casanare sería capítulo aparte.  De esta forma, quedarían avaladas denuncias en el sentido de que paramilitares se lucraron de millonarios recursos derivados de convenios interadministrativos entre la Universidad de Cartagena y la Gobernación del departamento.

Para evadir controles legales, porque los convenios interadministrativos escapan al campo de acción del Estatuto de Contratación Pública, municipios y departamentos contrataban con la mencionada entidad la ejecución de obras de infraestructura, que esta se comprometía a realizar en forma directa o subcontratando a un tercero. 

CAMBIO publicó en octubre de 2005 denuncias según las cuales el jefe paramilitar Martín Llanos estaba detrás del negocio. El entonces gobernador, Miguel Ángel Pérez, aseguró: "Hay que preguntarse por qué todos esos contratos fueron canalizados con esa universidad. Ustedes no se imaginan quién está detrás de todo esto". Un paramilitar conocido como José Ramiro Meche aseguró que Martín Llanos siempre estuvo pendiente de esos contratos y le dijo a la Fiscalía que el negocio era tan pulpo que había plata para todos.

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